De forma tardía, a destiempo y mal logrado, la Comisión para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) publicó, en agosto pasado, su informe diagnóstico sobre el aprendizaje de los …
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Desde Claudio X. González, la Unión de Padres de Familia, Carlos Loret de Mola, hasta Eduardo Backhoff y Ricardo Anaya, han surgido múltiples críticas a los Libros de Texto Gratuitos (LTG). Sus argumentos suenan como estribillo en una supuesta defensa de la educación pública: “defendamos la educación mexicana de la imposición doctrinaria”, “están llenos de ideología”, “son acciones autoritarias”, “el futuro de niñas, niños y jóvenes en riesgo”, “se van a ir de espaldas con el dijistes” son algunos de los argumentos que este grupo de personas ha abanderado para impedir la distribución de los LTG.
Las matemáticas, junto con la lectura y la escritura, representan una competencia escolar indispensable para desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y estructurado de los estudiantes, así como para resolver una variedad de problemas teóricos y prácticos.
A mediados de los años 90 a nivel mundial, el uso de la evaluación para el seguimiento de los sistemas educativos, comenzaba apenas a figurar en la agenda de las administraciones públicas, es decir, si bien la evaluación del estado de la educación hoy en día es un elemento clave en la valoración de los resultados de los sistemas educativos, no fue sino en los años noventas que se extendió y generalizó su uso en la administración pública, incluyendo el caso de México (Tiana Ferrer, 1996, Martínez y Blanco, 2012).
Después de algunas décadas en que los planes de estudio completamente prescriptivos marcaron la ruta del quehacer educativo y docente en las escuelas, estamos en la antesala de la aplicación de un Plan de Estudio (el 2022) que, de cierta forma, busca superar la idea de que todo lo que deba ser enseñado en los planteles escolares deba ser de la misma forma y, tal vez, con el mismo criterio porque, con ello, supuestamente se lograrían los aprendizajes esperados.
A pesar del los preceptos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el “derecho a la educación” no ha favorecido como debería a los habitantes de los pueblos indígenas de México. Existen amplias brechas en el acceso a las escuelas sobre todo en los niveles medios y superiores, aunado a la escasa calidad de la educación que reciben las niñas, los niños y los jóvenes indígenas del país.
Como es bien sabido por el magisterio, con la imposición de la reforma educativa de 2013, al extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se le asignaron otras atribuciones de las que desde el 2002 tenía contempladas, pero también, se constituyó la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), con la finalidad de disponer de una estructura jurídica y organizativa que asegurara que el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de docentes y directivos, permitiera acreditar sus capacidades en sus respectivas funciones. Todo ello, según se dijo, con el propósito de “transformar” el sector educativo colocando al centro un Sistema Nacional de Evaluación que impulsara la mejora de la calidad de la educación pues, prestar servicios de calidad, fue una de sus metas
La cultura pesimista se lleva bien con el supuesto de que origen es destino. Por mucho que nos esforcemos individualmente, no saldremos adelante porque hay algo afuera de nosotros, en la sociedad, que nos impide avanzar.
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