Abelardo Carro Nava

A principios de 2025, se informó que 79 países habían restringido o prohibido el uso de los teléfonos celulares en las escuelas con la intención de combatir la distracción, el acoso escolar y el ciberacoso; para marzo de 2026, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señalaba que, al menos 114 sistemas educativos de todo el mundo, habían prohibido el uso de los celulares en los planteles escolares. 

No ha sido la primera vez en la que los aspirantes a ocupar un lugar en el Sistema Educativo Nacional (SEN) a través de los procesos de ingreso que desarrolla la Unidad para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se han manifestado en el país para exigir transparencia y la asignación definitiva de plazas conforme a los listados de ordenamiento que generan dichos procesos. No, tampoco es la primera vez que escribo sobre la corrupción que permea dichos procesos, aun antes de que la 4T diera continuidad a este esquema a todas luces neoliberal y discriminatorio emanado de lo más rancio del príismo y capitalizado por Aurelio Nuño y Peña Nieto. Es un secreto a voces que corre en las veredas magisteriales, porque, cuando el río suena es que agua lleva.

Fundada en el año de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ha sido una organización que ha emprendido una férrea lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación; no en vano desde sus inicios ha buscado democratizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero también, a la educación y al país entero.

Derivado de la iniciativa del ex titular de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), algunos docentes y otras figuras ligadas a los Libros de Texto Gratuitos (LTG), lanzaron una convocatoria hace unas semanas para conformar los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus LTG, con el propósito de articular acciones organizadas, formativas y de seguimiento en torno a la política educativa vigente.

Cerrar escuelas normales o suspender la emisión de una convocatoria para el proceso de admisión a estas instituciones formadoras de docentes nunca será la solución a un problema que el mismo sistema ha generado. Esto lo comento por un fenómeno que recientemente apareció en nuestro país, particularmente en dos estados de la República Mexicana: Coahuila y Durango. En ambas entidades, las autoridades educativas locales pidieron a las y los jóvenes con aspiraciones para ser maestras o maestros, que ya no estudien esta carrera porque no encontrarán trabajo cuando egresen o, peor aún, les negaron el derecho a continuar con sus estudios de carácter profesional, al no emitir la convocatoria para el proceso de admisión que ofrece una licenciatura, por ejemplo, la de educación preescolar. Ni el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) ni el coordinador de escuelas normales en Coahuila ven más allá de lo que su corta mirada les ofrece. Me explico.

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