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¿Por qué continúa esta práctica oficial de grabar y difundir en redes sociales este tipo de videomensajes con contenidos burocráticos, sugeridos u obligatorios? Desde hace más de diez años la…
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Ahora que se ha marchado el 2025, con sus alegrías y sinsabores, damos bienvenida al 2026 repleto de sueños y esperanzas. En una reunión virtual, un maestro nos contó que…
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La irrupción de la inteligencia artificial ha puesto a la humanidad en un terreno más competitivo. En este escenario, las sociedades que logren cultivar una relación inteligente con la IA…
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En un mundo donde las noticias circulan a raudales, en días recientes se difundió en las redes sociales una información que es falsa; me refiero a que, derivado del fallo…
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Opinión
Entre la propuesta legal y la realidad institucional. Apuntes a propósito de un dictamen legislativo en curso
En días recientes, la Cámara de Diputados recibió una minuta proveniente del Senado y la turnó a comisiones, donde fue analizada y dictaminada. La propuesta plantea sancionar como faltas administrativas graves diversas formas de injerencia de personas servidoras públicas en la vida interna de los sindicatos. A primera vista, el propósito parece incuestionable: impedir presiones, condicionamientos o interferencias indebidas en los procesos sindicales. Sin embargo, más allá del consenso legislativo que ha acompañado la iniciativa, conviene detenerse a examinar lo que este movimiento normativo revela —y también lo que deja sin atender— sobre la relación histórica entre Estado, sindicatos y poder público.