Opinión

Hace algunos años, específicamente en 2016, se difundió entre la comunidad normalista, una convocatoria para participar en el 1er. Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal (CONISEN), a desarrollarse en la ciudad de Mérida, Yucatán, en marzo de 2017. Un evento que, sin duda, generó una expectativa importante, sobre todo porque como podía leerse en dicha convocatoria, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DEGESPE, hoy Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, DGESUM), estaba convocando a estudiantes, maestras, maestros, investigadores, entre otras figuras educativas más, a participar en una actividad que, hasta esos momentos, no había sido debidamente capitalizada por las autoridades educativas federales y, en las entidades del país, la investigación educativa estaba en ciernes.

Hace poco se dio a conocer que el Consejo General del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en su Cuarta Sesión Extraordinaria 2022, resolvió otorgar la máxima distinción a 183 investigadoras e investigadores propuestos por la Comisión de Investigadores(as) Eméritos(as) en el marco de la Convocatoria 2021 para la Distinción de Investigador(a) Nacional Emérito(a) en el Sistema Nacional de Investigadores.  De estos investigadores, 38 corresponden a investigadoras, la mayor cantidad de mujeres a quienes se les ha otorgado esta distinción, así también se publicaron los resultados donde varios investigadores e investigadoras ingresaron al SNI y otros más ascendieron de nivel.

Es preciso recurrir a Joaquín Sabina en la consideración de los cimientos profundos de la nueva propuesta educativa en el país. No sería la primera vez que la poesía echase más luz a un proceso social que algunas teorías. Dice el cantautor que “No hay nostalgia peor/ que añorar lo que nunca jamás sucedió”. El verso es impecable e implacable.

En la última semana de octubre, se realizó con éxito el 5to. CONISEN en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, un evento que convoca a la gran mayoría de la comunidad normalista interesada en la investigación educativa, en donde las contribuciones se someten a un doble arbitraje que busca promover pautas de calidad académica.

La educación es política y la política es educación, recoge una disposición del filósofo italiano Antonio Gramsci. La andanada gubernamental, del presidente Andrés Manuel López Obrador en persona, contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y la réplica que recibe de partidos de oposición, organizaciones sociales, periodistas e intelectuales, acaso ofrezca más lecciones de cultura ciudadana que las clases de civismo o de educación cívica y ética, que es como se le denomina en el currículo vigente.

Como ya ha sido una característica de este gobierno, los libros de texto gratuitos del primer grado, de eso que se ha llamado Nueva Escuela Mexicana (NEM), mayormente se dieron a conocer por las redes sociales y no por los canales oficiales. Asunto curioso porque, sin que se conozcan los programas sintéticos con sus respectivos contenidos que pueden facilitar la comprensión del empleo de ciertos libros de texto en un grado escolar, han comenzado a circular (en propuesta de revisión o edición) dichos documentos en estos medios de comunicación, o como parte de un taller que se viene impartiendo en algunos estados de la República Mexicana.

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) incumple lo que mandata la Constitución y pareciera que a nadie le importa.

Su Consejo Técnico tiene la tarea de asesorar, revisar y, en su caso, formular recomendaciones técnicas y metodológicas a la Junta Directiva sobre los trabajos correspondientes en materia educativa.

En esta oportunidad describiré brevemente la lógica de los incentivos económicos dirigidos al magisterio, como política pública, y argumentaré por qué conviene replantear o desaparecer el esquema de dichos incentivos para este gremio.

En la última década el sistema de educación superior del país ha transitado de 3,208,535 estudiantes en el ciclo 2011-2012 a 5,068,493 en el último año. Ello contando a los inscritos en los niveles de técnico superior universitario, licenciaturas universitarias y tecnológicas y posgrado, tanto en la modalidad escolarizada como en las opciones de educación superior abierta y a distancia. El incremento en diez años de un total de 1,859,958 personas en estudios superiores, o bien 186,958 cada año en promedio, es apreciable aunque aún insuficiente para conseguir las metas un indicador de cobertura satisfactorio. Hay que hacer notar, además, que el ritmo de crecimiento anotado ha disminuido en los últimos años por el doble efecto de la pandemia en los últimos dos años y por el relativo estancamiento del gasto público en el sector.