Roberto Rodríguez Gómez

En lo que va de este sexenio, un par de diputados de Morena han intentado, sin éxito, la modificación de la Ley Orgánica de la UNAM; en ambos casos con el propósito de cambiar el procedimiento para la elección de rector en la máxima casa de estudios del país. La primera de ellas fue presentada por el entonces diputado federal Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, el 18 de febrero de 2020; la segunda, por el actual diputado Armando Contreras Castilla, asimismo representante de Morena en la Cámara de Diputados.

Si bien es cierto que las instituciones de educación superior del país carecen de instrumentos específicos para cancelar títulos académicos concedidos, por motivo de plagio, también lo es que hay algunos antecedentes que corresponden a esa práctica.

Esta semana se hizo llegar a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados una carta suscrita por la gran mayoría, casi la totalidad, de los directores de institutos, centros y programas del subsistema de investigación de la UNAM, el cual se compone de 35 institutos, 13 centros de investigación y 13 programas universitarios. Además, suscriben la misma comunicación la mayoría de los representantes académicos que forman parte de los consejos técnicos de humanidades e investigación científica de la Universidad.

La Escuela Nacional Preparatoria representa uno de los proyectos emblemáticos del sistema educativo nacional. Fue fundada hace más de 150 años por Gabino Barreda, durante el gobierno de Benito Juárez. La nueva institución se instaló en el antiguo Colegio de San Ildefonso y dio comienzo a sus actividades con cerca de un millar de estudiantes y 25 profesores. La Preparatoria Nacional del siglo XIX se caracterizó, en primer lugar, por fusionar la enseñanza secundaria con el bachillerato; también por su carácter laico y liberal, y principalmente por su enfoque educativo basado en la perspectiva del positivismo, con énfasis en la enseñanza de los fundamentos científicos del conocimiento.

Enero de 1898. En el número 24 de La Coopération des Idées, publicación mensual fundada tres años antes por Georges Deherme, se publica un texto anónimo, aunque sin duda redactado por el propio Deherme, con el título “La Cooperación de las Ideas para la educación superior y la educación ético-social del pueblo”. En el artículo se informa del próximo inicio de actividades de un establecimiento en que se brindarían lecciones de diversas disciplinas científicas, humanísticas y profesionales a trabajadores.

Las universidades son generalmente definidas como instituciones, públicas o privadas, que tienen la capacidad de desempeñar tres funciones básicas: formación de nivel profesional y posgrado, investigación teórica y aplicable, y una tercera función que ha sido designada, en distintas etapas, en términos de extensión educativa, difusión y divulgación cultural, e incluso como vinculación con los sectores de producción, servicios y gobierno. En todo caso, la naturaleza de la tercera función universitaria contiene una diversidad de fórmulas de proyección social que apuntan en la dirección de profundizar la legitimidad de tales instituciones ante los poderes públicos y la sociedad en su conjunto

Un balance de las promesas de Andrés Manuel López Obrador entre dos contiendas por el poder Una aproximación al desempeño del gobierno en materia de educación superior resulta del balance…

Las recientes protestas estudiantiles fueron atendidas con voluntad de conciliación por la dirigencia politécnica, ¿Será atendida la petición de incremento del presupuesto para resolver las problemáticas?

En la última década el sistema de educación superior del país ha transitado de 3,208,535 estudiantes en el ciclo 2011-2012 a 5,068,493 en el último año. Ello contando a los inscritos en los niveles de técnico superior universitario, licenciaturas universitarias y tecnológicas y posgrado, tanto en la modalidad escolarizada como en las opciones de educación superior abierta y a distancia. El incremento en diez años de un total de 1,859,958 personas en estudios superiores, o bien 186,958 cada año en promedio, es apreciable aunque aún insuficiente para conseguir las metas un indicador de cobertura satisfactorio. Hay que hacer notar, además, que el ritmo de crecimiento anotado ha disminuido en los últimos años por el doble efecto de la pandemia en los últimos dos años y por el relativo estancamiento del gasto público en el sector.