Opinión

Este 2 de octubre atestiguó el desarrollo de nuevas protestas y movilizaciones estudiantiles en diversas universidades del país. El Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, está experimentando un periodo de agitación causado por múltiples razones. Desde meses atrás, se sabe que al seguir la orden de ampliar la cobertura, se elevó el número de estudiantes sin una adecuada planeación. Esto complicó el regreso a clases presencial, así como las condiciones de estudio y trabajo. De acuerdo con Luis Hernández Navarro, en “el malestar de los jóvenes [del Poli] se mezclan viejos y nuevos agravios”. Hallamos, dice el periodista, desde la “disputa del instituto, corrupción, indolencia e incapacidad para responder a las demandas de los alumnos hasta “denuncias de acoso sexual, rapacidad, ambición del charrismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), porrismo y sucesión presidencial” (La Jornada, 13/09/22). Un problema, repito, de múltiples dimensiones.

Después de leer extractos de la entrevista que hizo La Jornada al profesor Alfonso Cepeda, muchos nos preguntamos, qué sucedió para que el actual líder sindical se muestre como lo sería hasta el más beligerante liderazgo de la CNTE, al no reparar en críticas a la política educativa del gobierno actual. 

El jueves de la semana pasada, en la entrega 96 de Latinus, Carlos Loret de Mola entrevistó por casi 50 minutos a Elba Esther Gordillo; el asunto no trascendió mucho porque los primeros 10 minutos del programa los dedicó al saqueo que hizo Guacamaya a la Sedena.

Descalificar a las evaluaciones estandarizadas, como pretende hacer el actual gobierno, es muestra de ignorancia, prejuicios y una gran carga ideológica.

Con el proyecto de los nuevos planes de estudio hay una confusión enorme pues los que estudiamos los procesos educativos coincidimos que ha sido un acierto que la SEP federal tome un tiempo para pilotearlos con un grupo reducido de escuelas, profesores y estudiantes, con el propósito de encontrar fallas en el diseño, deficiencias en la infraestructura, necesidades de formación en los docentes, capacidades en los directores que puedan dar garantía de que los nuevos planes de estudio funcionan bien. Sin embargo, el juez Francisco Javier Rebolledo le ha puesto freno a esta decisión considerando que, como en experiencias anteriores, todo se debe echar a andar de una vez por todas.

La determinación del presupuesto de egresos de la federación es resultado de un proceso que comprende varias etapas. La Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria contempla las responsabilidades y los productos de los agentes que intervienen en el ciclo presupuestal, así como las fechas en que deben cumplirse. El artículo 42 de la norma indica el procedimiento general. El primer paso es que la Secretaría de Hacienda (SH) envíe al Congreso, a más tardar el 1 de abril, un paquete con los siguientes elementos: objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año (crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo); escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos (incluso déficit y superávit); e indicación de los programas prioritarios y sus montos.

El miércoles pasado tuve el honor y el gusto de participar como ponente en una mesa de reflexión, organizada por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, en el marco del proceso que encabeza esta prestigiada y centenaria institución formadora de docentes para el diseño participativo del nuevo currículo para la formación del profesorado.

Hace unos días, renunció el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa perteneciente a la Fiscalía General de la República, posterior a una controversia suscitada tras la filtración de parte del informe de la Comisión de la Verdad. De acuerdo con Alejandro Encinas, existió una filtración en redes sociales que podría poner en riesgo el proceso de investigación sobre el caso Ayotzinapa a ocho años de los sucesos.

Aunque Maquiavelo escribió El príncipe para aconsejar a gobernantes cómo hacerse del poder y luego mantenerlo, políticos y grupos de poder usan sus enseñanzas o las practican por instinto. Por ejemplo, los líderes de las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.