Opinión

El volumen de becas es uno de los avances que más destaca la actual administración y no fue la excepción en el reciente mensaje del presidente López Obrador este 27 de noviembre. A los pocos minutos de iniciar su discurso, en la lista del centenar de acciones que ha puesto en marcha su gobierno, el presidente soltó una breve frase de logro en el campo cientifico y tecnológico: “El Conacyt otorga 128 mil 950 becas a estudiantes de posgrado y a investigadores” (versión estenográfica 27.11.2022).

Las universidades son generalmente definidas como instituciones, públicas o privadas, que tienen la capacidad de desempeñar tres funciones básicas: formación de nivel profesional y posgrado, investigación teórica y aplicable, y una tercera función que ha sido designada, en distintas etapas, en términos de extensión educativa, difusión y divulgación cultural, e incluso como vinculación con los sectores de producción, servicios y gobierno. En todo caso, la naturaleza de la tercera función universitaria contiene una diversidad de fórmulas de proyección social que apuntan en la dirección de profundizar la legitimidad de tales instituciones ante los poderes públicos y la sociedad en su conjunto

Aunque existe un interés personal, este texto surge ante la necesidad de ampliar mi respuesta a los comentarios y preguntas que muy amablemente Marcos Gutiérrez Martínez (perfil personal) realizó en mi página oficial de Facebook al respecto de su lectura de mi más reciente artículo: Aprendizajes Basados en la Incertidumbre: Construyendo Escenarios Educativos Post-Covid en México (Acuña-Gamboa, 2022). En este intercambio de ideas en la red sociodigital, se interpela el concepto de calidad educativa que en el artículo recupero para sustentar los aportes que, considero imprescindibles, para mejorar nuestro Sistema Educativo en términos generales; a decir de Marcos Gutiérrez, “la calidad de la educación en México basicamente (sic) es la misma antes y después de la pandemia de Covid. Son otros los factores que sí afectan esa calidad”.

El proceso escolarizado en nuestro país ha enfrentado una serie de situaciones complejas que afectan no solamente a los alumnos, también a los docentes y a la comunidad educativa. De ahí la insistencia de reinventar la escuela: ¿cómo que no cambia nada si cambió todo para todos? (Tonucci, 2020). Se refleja en muchas escuelas de manera evidente, la situación crítica del modelo pedagógico tradicional aunado a la presencia de situaciones de crisis social como la pandemia, los desastres naturales, diversos tipos de violencia y/o conflictos armados que necesariamente impactan de manera contundente la vida escolar.  

La educación es un derecho que está estipulado tanto en la legislación cubana como en la mexicana. El derecho a la educación en México se encuentra consignado en el Artículo 3º constitucional y en el capítulo II de la Ley General de Educación (LGE), ambos instrumentos reformados en 2019. En el caso de Cuba, está reflejado en el Artículo 73 de la actual Constitución, aprobada el 10 de abril de 2019.

Las políticas educacionales gubernamentales, han derivado, en consecuencia, en polémicas sociales de una trascendencia difícil de soslayar. Muchos son los aspectos a considerar sobre las reformas que se han venido imponiendo a lo largo de la presente administración, entre las que destacan, debido a las importantes consecuencias derivadas, la desaparición de las escuelas de tiempo completo, la difusión ideológica contenida en los libros de texto gratuitos, la currícula escolar modificada sin que para ello exista un sustento científico, académico, didáctico o pedagógico acordes con las necesidades y circunstancias del país y de los ciudadanos, la falta de una definición y preparación realmente profesionales éticas y de compromiso,  de quienes han estado al frente de la SEP a lo largo de los últimos cuatro años, la falta de recursos para la infraestructura y el equipamiento de las escuelas públicas, la nula propuesta de estrategias formativas adecuadas a nuestra realidad y la realidad que nos circunda en el contexto internacional y otros muchos etcéteras.

En días pasados, por algunos medios de comunicación se dio a conocer, que la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, en su 14ª Reunión Ordinaria efectuada el 16 de noviembre del año en curso, había aprobado un dictamen relativo a la jubilación de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho dictamen, reformaría los artículos 4º y 7º transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de marzo de 2007.

Al día de hoy, es bastante común que se cuestione la definición de lo público, como inherente a la responsabilidad del Estado. Asimismo, se pone en duda si el diseño de las políticas públicas que —en teoría— deben estar dirigidas a un bien común y a dar respuestas puntuales a problemáticas reales, debe provenir de la participación ciudadana o de la necesidad de una intervención activa de otros actores.

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) publicó en su página web los Indicadores Nacionales de la Mejora Continua de la Educación en México 2022. Cifras del ciclo escolar 2020-2021. Esta obracontiene información que permite conocer el estado actual que guarda el Sistema Educativo Nacional (SEN) y busca orientar los procesos de la mejora continua de la educación del país.