Educación superior

Apenas iniciado el año de la designación de un nuevo rector para la UNAM, la relación entre la institución y el Estado atraviesa por uno de sus momentos más críticos. El conflicto derivado de las acusaciones de plagio de la tesis de una ministra de la Suprema Corte de Justicia ha implicado la profundización de una brecha que parece cada vez más insalvable. Sin entrar por ahora en el importante tema del plagio académico, resulta impostergable preguntarse acerca del clima de hostilidad que, desde algunos sectores, ha surgido hacia la UNAM. Del legítimo reclamo para que el caso en cuestión sea resuelto con base en la legalidad y la ética universitarias, se ha pasado a un tono de acusaciones y descalificaciones a la institución y sus representantes. ¿Qué significan las presiones provenientes de los sitios más inesperados hacia la UNAM? ¿A quién beneficia el clima actual de tensiones?

En septiembre 2015, 193 países firmaron el Pacto Global de la Unesco y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Al suscribir ese instrumento jurídico, México se comprometió a brindar, en 2030, una educación de calidad que no deje a nadie atrás. Asimismo, se sumió a esfuerzos de la Unesco para redefinir creativamente las misiones y los roles de la educación superior, en respuesta a las preocupaciones expresadas por varios países e instituciones, hace más de un quinquenio.

Un balance de las promesas de Andrés Manuel López Obrador entre dos contiendas por el poder Una aproximación al desempeño del gobierno en materia de educación superior resulta del balance…

Las Subsecretarías de Educación Media Superior (SEMS) y de Educación Superior (SES) acordaron implementar diversas estrategias para mejorar el egreso de por lo menos dos millones de estudiantes de bachillerato y facilitar su acceso a nivel superior.

En 2020, en vísperas de que estallara en el mundo la pandemia de Covid-20, la Unión Europea lanzó una consulta sobre las micro-credenciales. Estas, impartidas en línea, en un formato asincrónico, son de calidad y precios variables. Las proporcionan y validan un sinfín de empresas e instituciones, comerciales o educativas. De hecho, en el transcurso de 2022, en un contexto de crecimiento explosivo de la educación en línea, el debate público sobre sus significados, implicaciones y modalidades se ha expandido, en todo el mundo.

Las cifras sobre gasto que se destina en México al sector educativo y a la promoción de actividades científicas y tecnológicas hacen dudar que, en efecto, estas actividades hayan sido, en lo que va del sexenio una auténtica prioridad de política pública. El año que viene no será la excepción ni está en la ruta de modificar la tendencia al estancamiento. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación (PPEF) que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados, el gasto federal en la función educativa ascenderá a 910,692.1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4.8 por ciento, en términos reales, con respecto al presupuesto aprobado el año previo.