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El futuro de las Universidades para el Bienestar

by Roberto Rodríguez Gómez
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En septiembre de este año el partido Morena dio a conocer el documento “Proyecto de nación 2024-2030, segunda etapa de la cuarta transformación”, en que se proponen enfoques y acciones de política pública para el próximo sexenio. El documento, de diecisiete capítulos en 156 páginas, aborda aspectos diversos, que comprenden el ejercicio gubernamental, la economía y las políticas sociales. El tema educativo se aborda en un capítulo específico, el doceavo, titulado “Derecho a la educación” (págs. 95 a 99).

Dentro de la sección sobre educación se plantea la continuidad de las principales estrategias implementadas en este sexenio: la nueva escuela mexicana, el programa “la escuela es nuestra” y las becas para estudiantes. Con respecto al nivel de educación superior, además del propósito general de incrementar la matrícula en el sistema, se enuncian tres acciones específicas: la reforma de la Universidad Pedagógica Nacional “para lograr la homogeneidad de sus labores en todos los planteles del país y garantizar la condición de un poderoso sistema nacional de formación, actualización y especialización de maestros; el fortalecimiento a las normales públicas, en que “se pondrá especial atención a las necesidades de la Normales Rurales”; y una más referida a las Universidades para el Bienestar, en que se indica que “se mantendrá y expandirá el sistema de universidades Benito Juárez”.

De seguirse los planteamientos del “Proyecto de nación 2024-2030”, el crecimiento y expansión territorial del sistema de Universidades para el Bienestar encontraría vías de continuidad. Sin embargo, la elaboración del proyecto para la campaña de su candidata, Claudia Sheinbaum Pardo, no parece haberse limitado ni mucho menos ceñido al contenido del documento elaborado por la comisión de Morena. De hecho, el pasado 3 de diciembre, bajo el rótulo de “Diálogos por la transformación, encuentros con la sociedad civil”, la candidata Sheinbaum, quien acudió al evento en calidad de “invitada especial”, anunció la integración de un equipo de trabajo para la conformación de su propio proyecto de nación. Se indicó, asimismo, que el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, será encargado de la coordinación de las personalidades invitadas, cuyo encargo principal es llevar a cabo, por distintos medios, foros de consulta con la ciudadanía, con especialistas, y con actores relevantes en los temas que se incluyan en la campaña.

Por ahora es difícil estimar el lugar exacto que se otorgue al, hasta el momento, proyecto prioritario en la visión presidencial sobre educación superior, aunque cabe suponer alguna forma de continuidad. Las preguntas que se abren son, más bien, si dicho proyecto se mantendrá tal y como existe o deberá ser modificado en alguna de sus dimensiones. También está la pregunta de si se habrá de mantenerse la narrativa según la cual las Universidades para el Bienestar son la solución a los problemas acceso de egresados del nivel medio superior.

Sobre este último punto, cabe mencionar que, en el mejor de los casos, las UBBJ habrán contribuido a incrementar entre un punto y punto y medio a la tasa de cobertura bruta del sistema de educación superior. Se dice aquí “en el mejor de los casos” porque el volumen de matrícula atendida por estas instituciones es un dato impreciso. No hay una cifra oficial en el formato 911 de la SEP ni en el Anuario Estadístico de Anuies que, en ambos casos, recogen los datos de matrícula de educación superior. Distintos documentos brindan números diferentes: en el quinto informe de gobierno se indica que son 64 mil estudiantes (lo que correspondería a la meta establecida en el programa sectorial de educación); en la documentación difundida por Morena para la consulta que concluyó en el referido proyecto de nación se establece que “hasta ahora la cifra asciende a 146 planteles, con 45 mil 581 alumnos beneficiados”; en la versión 2022 de la página web de las UBBJ existía un archivo Excel con las sedes, docentes y estudiantes vigentes en el ciclo 2022-2, que indicaba la existencia de 145 sedes, 45 mil 581 estudiantes y mil 168 docentes. Ese archivo, nótese, fue eliminado del portal web de la institución.
Más recientemente, en el Boletín 187 de la SEP (9 de septiembre de 2023) se afirma que “más de 62 mil estudiantes reciben servicios de mil 369 docentes en 37 carreras registradas ante la Dirección General de Profesiones”. Considerando la última cifra de matrícula como válida, la aportación de las Universidades para el Bienestar a la tasa de cobertura de nivel licenciatura sería de 1.4 por ciento, no más que eso.

En la problemática actual de las UBBJ hay temas que ameritan atención si se quiere continuar con el programa. Uno fundamental es la estabilidad del personal académico y administrativo. Hasta hoy se hace valer lo dispuesto en el estatuto académico que, en su artículo 18, establece que “Todos/as los/las colaboradores/as académicos/as del Programa deberán suscribir un convenio de prestación de servicios educativos por tiempo determinado en función de los ciclos escolares de cada carrera. Dichos convenios podrán renovarse, si quienes los suscriban demuestran responsabilidad, compromiso y cumplimiento con los propósitos, actividades y métodos pedagógicos utilizados por el Programa.” La figura laboral del personal es pues “colaborador”; su permanencia está a criterio de las autoridades, y del principio de libertad de cátedra que, según la LGES debe regir en todas las IES, mejor ni hablamos. No han sido infrecuentes las quejas y críticas de estudiantes sobre los servicios educativos que se ofrecen ¿serán atendidas para mejorar el sistema o prevalecerá la actitud autoritaria que ha caracterizado a la gestión sexenal?

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