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En mayo del 2018, el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, presentó en Oaxaca los “10 compromisos por la educación en México”. Uno de ellos, el séptimo, indicaba que, de llegar a la presidencia, debería elaborar conjuntamente con los maestros, padres de familia y pedagogos especialistas, “un plan educativo que mejore, de verdad, la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio” (AMLO, 2018); y, al mismo tiempo, eliminar la “mal llamada Reforma Educativa” impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
A poco más de año y medio para que concluya la actual administración, el proyecto educativo de la 4T todavía no consolida. Esto no es crítica destructiva, sino una reflexión a manera de balance entre metas y resultados obtenidos hasta ahora.
En su obra The Quest for Certainty, el filósofo estadunidense John Dewey quien además asesoró al alto funcionariado de la Secretaría de Educación Pública para instituir el sistema escolar mexicano elaboró sobre la búsqueda de la certeza en la vida social y en la ciencia y el conocimiento. La certeza cae en el terreno de la fe, las creencias, lo inmutable.
Para contextualizar el contenido de las siguientes líneas, es preciso aclarar que las universidades públicas son una de las modalidades de los órganos autónomos del Estado mexicano, entre los que se encuentran el Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica, el Banco de México y el Instituto Nacional de Acceso y Transparencia de la Información (INAI), entre otros.
A medida que el sexenio empieza a declinar, la ciudadanía se pregunta cuáles fueron realmente los logros e incumplimientos del gobierno en turno. Para despejar la incógnita, es necesario contrastar las metas propuestas con los resultados obtenidos y así iniciar la reflexión pública y abierta
Octavio Vladimir Patlan Vázquez en un mensaje a mi correo personal comenta mi pieza de la semana pasada y reprocha —sin ofensas ni palabras vanas— mi postura crítica sobre la política educativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Percibo que simpatiza con la Cuarta Transformación, mas no lo contemplo un exaltado.
Parece verdad que el gobierno del presidente López Obrador no quiere dejar ni una coma del proyecto de reforma educativa del gobierno de Peña Nieto. Es más, aspira a dejar poco rastro de más de un siglo de educación pública. Va contra la escuela pública para forjar la escuela comunitaria como la entiende un grupo del funcionariado de la Secretaría de Educación Pública.
Una situación preocupante se desarrolla en el sistema educativo nacional: la retórica grandilocuente de cambio educativo en la 4T ha servido de pretexto ideal para la exposición pública de un neomacartismo que parece dispuesto a combatir cualquier recuperación del pensamiento de Karl Marx, la tradición marxista y el pensamiento crítico en el sector. Una reacción que, de lograr interpelar a sectores amplios en la sociedad, podría conducir hacia el debilitamiento de la educación pública derivado de la censura no oficial de una tradición heterogénea de pensamiento necesaria para comprender integralmente la sociedad en la que vivimos.
Como es bien sabido por el magisterio, con la imposición de la reforma educativa de 2013, al extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se le asignaron otras atribuciones de las que desde el 2002 tenía contempladas, pero también, se constituyó la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), con la finalidad de disponer de una estructura jurídica y organizativa que asegurara que el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de docentes y directivos, permitiera acreditar sus capacidades en sus respectivas funciones. Todo ello, según se dijo, con el propósito de “transformar” el sector educativo colocando al centro un Sistema Nacional de Evaluación que impulsara la mejora de la calidad de la educación pues, prestar servicios de calidad, fue una de sus metas
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