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Apuntes sobre la guerra política del gobierno de AMLO con las universidades públicas de México

by Pluma Invitada
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Rodolfo García Galván*

Para contextualizar el contenido de las siguientes líneas, es preciso aclarar que las universidades públicas son una de las modalidades de los órganos autónomos del Estado mexicano, entre los que se encuentran el Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica, el Banco de México y el Instituto Nacional de Acceso y Transparencia de la Información (INAI), entre otros.

Los motivos que llevaron al conflicto

  1. Involucramiento directo de varias universidades públicas en el megaescándalo de corrupción sistemática denominado como la “Estafa Maestra”, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto;
  2. Silencio (indolente) de las dirigencias universitarias ante las devastadoras políticas económicas y sociales neoliberales. De hecho, se participó directamente desde las universidades en el diseño, implementación y evaluación de políticas (públicas). Por ejemplo, en el ámbito de la política de la ciencia, la tecnología y la innovación, las dirigencias universitarias guardaron un inquietante silencio ante el desvío masivo de recursos públicos para financiar proyectos tecnológicos de varias empresas multinacionales, incluso en desmedro del financiamiento a proyectos de investigación en ciencia básica y aplicada a los problemas nacionales. En relación a esto (ver https://www.cronica.com.mx/nacional/devolvieron-fideicomisos-ciencia-federacion.html), en 2022 el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología devolvió a la Tesorería de la federación más de 20 mil millones de pesos por concepto de la eliminación de varios fideicomisos que poco tenían que ver con la investigación científica, al tiempo que se informaba que en el periodo 2001-2018 se habían transferido más de 45 mil millones de pesos al sector privado (para financiar desarrollos tecnológicos de empresas como Monsanto, Continental, Volkswagen, Bayer, BMW, Honeywell, entre otras);
  3. Malestar del gobierno federal ante la insuficiente atención de las universidades públicas a las áreas de formación e investigación de las ciencias médicas (ver https://www.jornada.com.mx/2023/03/15/politica/013n1pol). La excusa de la falta de presupuesto no es una justificación convincente, porque por ejemplo Cuba cuenta con una importante reserva de médicos, e investigación médica de primer nivel con un presupuesto muy limitado;
  4. Participación directa de las autoridades universitarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la polémica batalla por la presidencia de la muy desacreditada Suprema Corte de Justicia de la Nación. Particularmente, el escándalo desatado por el probable plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. De hecho, las indagaciones sobre el plagio, las filtraciones ante la prensa, y el amago de retito del título profesional salió de la UNAM. Sin embargo, los pasos de la Rectoría no fueron más allá del escándalo mediático y ha reusado sistemáticamente a denunciar legalmente a la ministra señalada, pero ello ha tenido fuertes repercusiones en el prestigio ético de la institución.
  5. Errores políticos recurrentes de las autoridades universitarias, como consecuencia de un mal asesoramiento, falta de feeling político y diplomático, y lecturas erróneas de los contextos social, económico y político de nuestro tiempo.

¿Cuáles son las consecuencias de la confrontación?

  • Se han agregado elementos para extender y profundizar la crisis de hegemonía y legitimidad ante la sociedad, que vienen arrastrando las universidades desde hace tiempo;
  • Estancamiento del crecimiento de las universidades públicas, cuya oferta de espacios para cubrir el exceso de demanda de formación (la tasa bruta de cobertura en educación superior apenas sobrepasa el 40%), en algunas regiones del país ha sido sustituida por otros esquemas como las unidades académicas de la Universidad del Bienestar, y la Universidad de Medicina de la Ciudad de México. Si bien el financiamiento público general no ha disminuido en términos reales, éste tampoco ha crecido (Ordorika, 2023);
  • Se abre una brecha, de comunicación y de intereses estratégicos, cada vez más grande entre dos grandes instituciones del Estado mexicano; a saber, el gobierno federal y las universidades públicas, cuya razón de ser es la atención de las grandes problemáticas sociales. En ambos casos existe la responsabilidad de proveer bienes públicos;
  • Se expanden y profundizan las críticas en cuanto a que las universidades se protegen con su autonomía de gestión para evitar las reformas multidimensionales necesarias y, entonces, es más probable que las presiones vengan de fuera (el gobierno en sus diferentes niveles, la sociedad, el sector productivo) (Arocena y Sutz, 2000, 2021). De hecho, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una constante confrontación política y jurídica con el conjunto de los órganos autónomos, cuyos excesos en gasto corriente (sueldos de directivos) irritan sobremanera al gobierno;
  • Debilitamiento del poder transformador en lo económico, lo social, lo cultural y lo político de las universidades. Por ejemplo, en el caso de los grandes proyectos de infraestructura de la administración federal (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Refinería Olmeca de Dos Bocas-Tabasco, Tren Maya, Ampliación y actualización de la infraestructura productiva del Corredor Transístmico, Actualización y ampliación del sistema de refinación, Plan Sonora, Sembrando Vida, entre otros de menor alcance), de plano, las universidades públicas nacionales y estatales, así como los centros públicos de investigación han estado completamente ausentes, cuando se supone que, en el marco de la economía y la sociedad basadas en el conocimiento, las universidades tendrían que ser un actor fundamental y estratégico;
  • Prolongación histórica del desdén, desinterés e incomprensión de las implicaciones que tiene un financiamiento raquítico a la educación superior y al sector de la ciencia, la tecnología y la innovación. En efecto, no se abona nada para cerrar la cada vez mayor brecha tecnológica respecto a otros países desarrollados y emergentes.

Razones teóricas de la necesaria proximidad gobierno-universidad

  1. En lugar de concebir el comportamiento político en un sentido negativo, Dussel (2019) sostiene que las acciones políticas, y la política en general tiene que verse en el sentido positivo-constructivo. Se requiere potencializar y enriquecer la vida en comunidad, y para ello la comunicación y la colaboración dialogando son indispensables;
  2. Para mejorar y ampliar la provisión de bienes públicos es necesario cooperar. Hay que visualizar a la acción simultánea para lograr un fin común, y también asimilar al mecanismo de la colaboración como una institución económico-social para el desarrollo (García-Galván, 2018). En este caso, el gobierno y las universidades tienen como responsabilidad directa la solución de problemas sociales o de la comunidad;
  3. Las organizaciones del conocimiento, como las universidades, podrían revertir su pérdida de hegemonía y legitimidad, siempre y cuando desde la producción del conocimiento, su movilización hacia los usuarios reales y potenciales, y la formación se ponga más atención a la resolución de problemas seleccionados y focalizados en las distintas regiones de los países (Arocena y Sutz, 2000, 2021; Arza, 2010; Naidorf, 2014; Ordorika, 2023);
  4. Más que adoptar actitudes reactivas y dogmáticas (incluida la autonomía como torre de marfil), las universidades tendrían que asumir un papel protagónico en las propuestas de reformas progresistas, dado que siguen siendo los principales centros de formación y producción de conocimiento. Por ejemplo, Ordorika (2023) es enfático cuando señala que las universidades públicas del país tienen que asumir el liderazgo que les corresponde, y participar en los debates sobre los problemas que le preocupan a la sociedad (violencia general, violación de derechos humanos, migración, escasez de agua) y que forman parte de la agenda nacional. El problema, dice Ordorika, es que pasamos por una pandemia devastadora y el grueso de nuestras universidades no dijeron nada, salimos de la pandemia y seguimos sin decir nada; asimismo, hubo un intento de reforma electoral, y hay un debate entre el poder Ejecutivo y el Judicial, del cual las universidades se mantienen al margen y miran a otro lado;
  5. El diálogo con el gobierno es indispensable para situar en su justa dimensión la agenda del polinomio estratégico de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, dado que este tipo de actividades, por sus escurrimientos, externalidades positivas e impactos, precisan de un financiamiento público cuantioso;
  6. Aún suponiendo una relación colaborativa simple, entre el gobierno y la universidad, ésta procede porque pueden complementarse. De este modo, mientras la universidad puede contribuir con recursos científico-tecnológicos, conocimientos (diagnósticos, métodos, técnicas y propuestas), capacidades, destrezas y valores intelectuales; los entes gubernamentales pueden operacionalizar esos recursos-capacidades. De tal modo que unos proponen y otros ejecutan, en una colaboración complementaria.

¿Cómo poner fin al conflicto?

  • Más que declarar un “cese el fuego” habría que dar pasos decisivos para la paz duradera que se vea reflejada en el desarrollo mutuo, en el que tanto las organizaciones del conocimiento como el gobierno desplieguen todo su potencial. Por ejemplo, como ya se ha dicho, las universidades aportando buenas ideas y propuestas, y por su lado el gobierno volviéndolas concretas. En efecto, se trataría de una relación ganar-ganar;
  • Es necesario desplegar los nobles oficios de la política y la diplomacia; es decir, restablecer los lazos comunicativos (diálogo sin subordinación), negociación (teniendo en cuenta que lo que es lógicamente posible puede ser una imposibilidad empírica, como lo señala Dussel [2019]), consensos y acuerdos básicos para seguir cooperando, a partir de las potencialidades de cada actor;
  • Se requieren liderazgos universitarios que sean más diplomáticos y estratégicos que autoridades agazapadas en su “torre de marfil” escudándose en su autonomía para ignorar las problemáticas sociales y comunitarias, y que cuando se sienten aludidas son más reactivas que propositivas;
  • La continuación del conflicto no conviene a las universidades porque aún y el escudo protector de la autonomía, por ejemplo, en la profundización de las batallas podría derivarse una fase del conflicto político-jurídico cuyas reivindicaciones de ambos lados tendrían que dirimirse en los tribunales, y eso implicaría enormes costos de transacción para nuestras instituciones, así como un desgaste desproporcional y una pérdida de presencia social. Al respecto, Ordorika (2023) señala que sólo si la agenda de la problemática nacional (social) se recupera, mediante un papel más protagónico de las universidades, se podría tener el respaldo de toda la sociedad para sostener la autonomía; por el contrario, si se pierde a la sociedad como base social (sic) de la universidad se habrá perdido la fuerza necesaria para mantener la autonomía universitaria. Esto se torna más crítico si se toma en cuenta el grado de legitimidad del gobierno de AMLO;
  • Para el deshielo político no es necesario asumir mucho protagonismo, más bien se tiene que actuar con diplomacia, prudencia, paciencia y mesura. Las rectorías y direcciones generales de las organizaciones del conocimiento podrían enviar de emisores a sus mejores cuadros con los conocimientos y destrezas para desplegar las herramientas políticas constructivas;
  • Desde las universidades se tendría que impulsar la consolidación de instituciones (políticas, económicas y sociales) productivas, justas y equitativas, en lugar de asumir o participar en la defensa velada de instituciones parasitarias y extractivas de rentas. Y es que gran parte de los órganos autónomos (y lamentablemente las élites de varias universidades públicas) se caracterizan por prestaciones laborales muy ostentosas y costosas, las cuales están muy por encima de la media de los profesionistas del país. Por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte, consejeros del INE y del INAI, gobernador y subgobernadores del Banco de México, y varios rectores de universidades públicas, ganando mucho más que el Presidente de la República, sin contar aun la administración de fondos públicos por decenas de miles de millones de pesos, en fideicomisos opacos y abusivos.

Referencias:

Arocena, R. & Sutz, J. (2000). La universidad latinoamericana del futuro. Tendencias-escenarios-alternativas. México: UDUAL.

Arocena, R. & Sutz, Judith (2021). El ideal latinoamericano de universidad y la realidad del siglo XXI. México: UDUAL.

Arza, V. (2010). Channels, benefits and risks of public–private interactions for knowledge transfer: conceptual framework inspired by Latin America. Science and public policy, 37(7), 473-484.

Dussel, E. (2019). 20 tesis de política. México: CREFAL, Siglo XXI editores.

García-Galván, R. (2018). El papel de las instituciones y de la colaboración universidad-empresa en el desarrollo: evidencias de la UAEMÉX y la UABC. Paradigma económico, 10(1), 81-118.

Naidorf, J. (2014). Knowledge utility: From social relevance to knowledge mobilization. Education policy analysis archives, 22 (89), 1-31. Ordorika, I. (2023, 19 de mayo). Universidad, política y autonomía [Conferencia magistral]. Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruza


*Doctor en ciencias económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Investigador por México (Conacyt) adscrito al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

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