Opinión

La migración es un fenómeno global de desplazamiento humano, impulsado por diversas razones y ambiciones personales desde la prehistoria. Se ha intensificado en el siglo XXI debido a la mundialización.

La Revista Foro Universitario fue una publicación que se editó y dio a conocer durante un buen tiempo, a finales de los años 70´s e inicios de los años 80´s del siglo pasado. No tengo presente hasta qué año se publicó.

El pasado 13 de diciembre de 2024, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció durante la ceremonia de entrega de títulos profesionales a egresados y egresadas de la carrera de formación docente de las Universidades del Bienestar, que podrían participar en los procesos de admisión en educación básica del siguiente año. Dicho anunció pudo no tener mayor eco en la prensa nacional, así como también, en el Sistema Educativo Mexicano, porque, como se sabe, con la reforma promovida por el Pacto por México y ejecutada por Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño Mayer, cualquier egresado de alguna Universidad o Institución de Educación Superior hoy día puede participar en los procesos de admisión a este nivel educativo, obviamente cumpliendo algunos requisitos, pero de que pueden ingresar pueden ingresar, aunque no hayan tenido una formación inicial ligada con la pedagogía y la didáctica.

De acuerdo con la información publicada sobre el presupuesto de egresos aprobado ayer, 12 de diciembre, por el poder legislativo (Cámara de Diputados federal), los recursos financieros y de inversión destinados a la educación pública para el año fiscal 2025 tienen las siguientes características:

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), y en apoyo a la Estrategia Nacional de la Lectura, emitió en octubre pasado, una convocatoria dirigida a maestras/os, directoras/es, educadoras/es, maestras/os normalistas, agentes y personal de las autoridades educativas de educación básica

La reforma educativa de 2019 y su corolario, la Nueva Escuela Mexicana (NEM), plantearon una transformación de la educación en nuestro país y colocaron en el centro a dos actores fundamentales: estudiantes —garantizando su derecho a una educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita, laica, con un enfoque de derechos humanos e igualdad— y docentes, como agentes fundamentales del proceso educativo.

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García “fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a casi cuatro décadas de neoliberalismo que tachaba de madera indigna a los jóvenes”, dijo Mario Delgado, secretario de Educación Pública, en una ceremonia de entrega de títulos en Yucatán.

En un reciente artículo publicado por Inside Higher Ed., se presentan las proyecciones para la educación superior en 2025, según informes de tres destacadas agencias de calificación: Moody’s Ratings, S&P Global y Fitch Ratings. Estas perspectivas varían desde estables hasta mixtas y en deterioro, y esta última varía de acuerdo con su valoración de factores tales como desafíos en la inscripción de estudiantes y la incertidumbre política tras las elecciones presidenciales en EU, cuyo nuevo titular del ejecutivo parece llegar con ánimo de transformar el estado actual de muchas cosas. Este análisis busca comparar estas tendencias con la situación en México, resaltando similitudes y diferencias en los desafíos y estrategias de las universidades en ambos países.

Dicen que cuando el río suena, agua lleva y, por lo general, son aguas de cambio. El 28 de noviembre de este 2024 la cámara de Senadores de México aprobó la reforma constitucional que elimina siete órganos autónomos (Cano, 2024), entre ellos la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. En México, los órganos autónomos constitucionales son entidades establecidas por la Constitución, independientes de los poderes tradicionales del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), aunque ubicados al mismo nivel jerárquico. Su propósito es desempeñar funciones altamente especializadas y técnicas, definidas en la propia Constitución. Estos órganos operan de manera no partidista, técnica y fuera de la administración tradicional, buscando un mayor grado de especialización, agilidad, control y transparencia en la atención de las demandas sociales (Ruiz, 2017).