Opinión

De acuerdo con la información publicada sobre el presupuesto de egresos aprobado ayer, 12 de diciembre, por el poder legislativo (Cámara de Diputados federal), los recursos financieros y de inversión destinados a la educación pública para el año fiscal 2025 tienen las siguientes características:

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), y en apoyo a la Estrategia Nacional de la Lectura, emitió en octubre pasado, una convocatoria dirigida a maestras/os, directoras/es, educadoras/es, maestras/os normalistas, agentes y personal de las autoridades educativas de educación básica

La reforma educativa de 2019 y su corolario, la Nueva Escuela Mexicana (NEM), plantearon una transformación de la educación en nuestro país y colocaron en el centro a dos actores fundamentales: estudiantes —garantizando su derecho a una educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita, laica, con un enfoque de derechos humanos e igualdad— y docentes, como agentes fundamentales del proceso educativo.

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García “fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a casi cuatro décadas de neoliberalismo que tachaba de madera indigna a los jóvenes”, dijo Mario Delgado, secretario de Educación Pública, en una ceremonia de entrega de títulos en Yucatán.

En un reciente artículo publicado por Inside Higher Ed., se presentan las proyecciones para la educación superior en 2025, según informes de tres destacadas agencias de calificación: Moody’s Ratings, S&P Global y Fitch Ratings. Estas perspectivas varían desde estables hasta mixtas y en deterioro, y esta última varía de acuerdo con su valoración de factores tales como desafíos en la inscripción de estudiantes y la incertidumbre política tras las elecciones presidenciales en EU, cuyo nuevo titular del ejecutivo parece llegar con ánimo de transformar el estado actual de muchas cosas. Este análisis busca comparar estas tendencias con la situación en México, resaltando similitudes y diferencias en los desafíos y estrategias de las universidades en ambos países.

Dicen que cuando el río suena, agua lleva y, por lo general, son aguas de cambio. El 28 de noviembre de este 2024 la cámara de Senadores de México aprobó la reforma constitucional que elimina siete órganos autónomos (Cano, 2024), entre ellos la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. En México, los órganos autónomos constitucionales son entidades establecidas por la Constitución, independientes de los poderes tradicionales del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), aunque ubicados al mismo nivel jerárquico. Su propósito es desempeñar funciones altamente especializadas y técnicas, definidas en la propia Constitución. Estos órganos operan de manera no partidista, técnica y fuera de la administración tradicional, buscando un mayor grado de especialización, agilidad, control y transparencia en la atención de las demandas sociales (Ruiz, 2017).

A mediados de enero de 2024, AMLO, en una de sus conferencias mañaneras, AMLO adelantó: “voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos esos organismos que crearon para proteger a particulares” creados en el período neoliberal “para afectar el interés público

En muchas ocasiones, al interior de los centros educativos, centrar la atención para el aprendizaje no solo es deseable, sino que se considera imprescindible para poder desarrollar las actividades escolares, sin embargo, hoy en día son múltiples las distracciones a las que se exponen las niñas niños y adolescentes, más cuando existe una situación específica que les lleva a perder la concentración con facilidad, ya que no siempre el tema de aprendizaje, corresponde con el interés del momento, por las múltiples circunstancias de lo que les sucede en su vida personal, familiar, de amistades, etc.

Las consecuencias del neoliberalismo educativo han sido desiguales en la región latinoamericana. En Chile dejaron cerca de un millón de jóvenes estudiantes con endeudamiento bancario y hay más escuelas privadas que públicas; en Puerto Rico propiciaron el cierre de la mitad de las escuelas de educación básica en los últimos 10 años y las otras fueron abandonadas a la administración empresarial de las denominadas chárter; pero, en otros países no han avanzado con la misma celeridad y profundidad.