Pedro Flores Crespo

Hace 10 años se decretó la obligatoriedad de la educación media superior. ¿Qué significaba esto? Que el Estado (gobierno y sociedad) debía asegurar las condiciones necesarias para que todas y todos los jóvenes de entre 15 y 17 años hicieran efectivo el derecho de recibir educación en este nivel. Se planeó que “a más tardar” en el ciclo escolar 2021-2022 se debía alcanzar la cobertura total (100%). ¿Y qué pasó? No cumplimos. Sólo 78 de cada 100 jóvenes a nivel nacional cursan este nivel en la modalidad escolarizada y no escolarizada y lo peor: según cifras oficiales —y con todo y becas—, el porcentaje de estudiantes se redujo cinco puntos porcentuales en dos años.

En México, la elección de 2018 dio como resultado un gobierno poco proclive a utilizar los resultados de la investigación y de la evaluación para tomar decisiones y diseñar políticas. Esto marcó un punto de inflexión en el manejo de los asuntos públicos. 

Los informes de actividades o de gobierno son un ejercicio imprescindible de nuestra vida democrática. Esperaríamos que ahí se ofrezca información válida sobre lo realizado por una autoridad electa. En el pasado, esta rendición de cuentas en México terminó siendo El Día del Presidente y del “besamanos” donde los leales saludaban afanosamente.