La semana pasada se generó un interesante intercambio de opiniones en medios informativos y redes sociales digitales en torno a la compra que la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó …
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Dados los alcances que ha tenido el PJCF, beneficiando a cerca de tres millones de jóvenes y a más de 500 000 centros de trabajo a lo largo de todo el país, unido al ejercicio de una presupuesto de 106 mil millones de pesos, es importante considerar la continuidad del mismo, pero a cinco años de su operación y dadas todas las limitaciones que revela el seguimiento del mismo y la profundización que permitió esta investigación cualitativa, consideramos indispensable una evaluación a fondo y proponemos modificaciones en su diseño y operación.
En la coyuntura del conflicto en la UNAM, de 1986, que estalló debido a la imposición de políticas públicas privatizadoras (aumento de cuotas y eliminación del pase automático, entre otras medidas) durante la rectoría del doctor Jorge Carpizo, se dio la emergencia de un movimiento estudiantil que rechazó esas medidas y que se colocó en defensa de la educación pública. Algunos de las y los líderes estudiantes de ese movimiento eran representantes ante el Consejo Universitario de la máxima casa de estudios.
Hoy 9 de Mayo decenas de alumnos y padres de familia se reunieron para dar el último adiós y encabezar una marcha con el objetivo de exigir mayor seguridad, debido al caso del alumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, que perdió la vida de manera lamentable fuera de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Naucalpan, el pasado 8 de mayo durante un enfrentamiento entre grupos porriles.
En el norte y en el sur de América Latina suenan los tambores de guerra contra las universidades públicas. Dos instituciones son ahora blanco de la artillería gubernamental: la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México. Las más importantes en sus países, dos de las cien mejores universidades del mundo, según la clasificación 2024 de uno de los rankings más conocidos (Quacquarelli Symonds).
El 12 de diciembre la UNAM publicó un comunicado en el que celebra un paso trascendental para la educación superior en Jalisco y para todo el país. Se trata de la iniciativa de decreto que reforma el Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que propone un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara (UdeG) que le garantiza, al menos, el 5% del Presupuesto de Egresos del Estado como subsidio ordinario estatal, así como el 0.3 % para infraestructura y equipamiento educativo.
Nombran al Dr. Leonardo Lomelí Vanegas luego de ocho años de ser el secretario general de la UNAM durante todo el rectorado de Enrique Graue. ¿Qué significa? A bote pronto, continuidad. Más de lo mismo: por sobre todas las cosas, estabilidad. Que no se alteren, o que se renueven para provecho de todos, los pactos entre los grupos de poder en la Universidad.
El actual proceso de renovación de la rectoría de la Universidad Nacional ha sido inédito, y su novedad proviene, a mi entender, de la inesperada irrupción de una candidatura que no respetó en buena hora, porque es del todo innecesario los usos y costumbres considerados inmutables para ser factible.
Una palabra recorre a la Universidad Nacional: estabilidad. Enuncia un valor que se considera supremo. Se afirma que es la tarea central de la persona que sea designada para ocupar la rectoría, y se halla como denominador común, expresa o implícitamente, en la mayoría de las opiniones y los programas de trabajo (16 de 17 aspirantes) que se han conocido.
Desviar un poco la mirada de la violencia y tratar de entender cómo se construyen las relaciones pacíficas es una apuesta que podrá enriquecer los enfoques de investigación sobre convivencia escolar, una disciplina que tras una década de labor ha pasado de ser un campo emergente a uno en plena edificación.
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