MEJOREDU

La reforma educativa de 2019 y su corolario, la Nueva Escuela Mexicana (NEM), plantearon una transformación de la educación en nuestro país y colocaron en el centro a dos actores fundamentales: estudiantes —garantizando su derecho a una educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita, laica, con un enfoque de derechos humanos e igualdad— y docentes, como agentes fundamentales del proceso educativo.

A mediados de enero de 2024, AMLO, en una de sus conferencias mañaneras, AMLO adelantó: “voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos esos organismos que crearon para proteger a particulares” creados en el período neoliberal “para afectar el interés público

Servidores públicos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), encabezados por Silvia Valle Tépatl —comisionada presidenta de la Junta Directiva de esta institución— y por el comisionado Florentino Castro López, dialogaron con alumnas y alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional de la República de Honduras, Francisco Morazán, sobre las funciones, acciones y productos que esta Comisión ha proporcionado, durante cinco años, para contribuir a la mejora del Sistema Educativo de México, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.

La acción educativa del Estado se concreta en las casi 250 mil escuelas de educación básica y de educación media superior en México. A ellas asisten casi 30 millones de estudiantes y son atendidos por más de 1.5 millones de docentes. Es en estos espacios donde los esfuerzos del Sistema Educativo Nacional deben reflejarse, generando las condiciones para el desarrollo de una buena educación con justicia social al alcance de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ahí es donde el proyecto educativo puede tener viabilidad, para la formación de personas en sus múltiples singularidades y la construcción de la sociedad y el mundo al que aspiramos.

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) notificó a sus más de 600 trabajadores que únicamente cuenta con recursos suficientes para pagar los salarios hasta el próximo 31 de diciembre, según un comunicado interno emitido ayer al mediodía por la Junta Directiva del organismo y publicado por la reportera Laura Puy del diario La Jornada.

Existen varias razones que permiten afirmar que la evaluación educativa que ha desarrollado Mejoredu es consistente con el proyecto educativo de la cuarta transformación, con la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y con el nuevo Plan y programas de estudio para la educación básica 2022 (PE 2022).

Leí con particular atención el texto “La política de mejora de la formación continua de maestras y maestros de educación básica y media superior” de Susana Justo Garza, quien expresa su preocupación por el futuro de Mejoredu, el organismo encargado de la mejora continua de la educación en México. En el artículo, la titular del Área de Vinculación e Integralidad del Aprendizaje de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) destaca la decisión que el Congreso de la Unión tomará en los próximos días sobre la posible extinción de este organismo descentralizado. La justificación oficial para esta medida señala una supuesta duplicidad de funciones con la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, Justo considera esta explicación imprecisa.

En algunas semanas el Congreso de la Unión definirá el futuro de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, conocida como Mejoredu, creada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como un organismo descentralizado, cuyo campo de acción también es la formación continua de maestras y maestros de educación básica (EB) y educación media superior (EMS).

El Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) —como órgano honorífico— hace notar a las legisladoras, legisladores, a la comunidad educativa y a la sociedad mexicana que esta Comisión no debe desaparecer, ya que contribuye al proyecto educativo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y porque, adicionalmente, no es un órgano constitucionalmente autónomo.