El reciente fallecimiento de Brayan Isidro Zarco Rivera, originario del estado de Puebla y estudiante de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” de Tenería, generó diversas reacciones en los medios de comunicación y redes sociales, debido a las distintas versiones que circularon una vez que la noticia se hizo pública. Por un lado, se dijo que este joven murió al interior del plantel, por la novatada en la que participaron otros tantos alumnos de esa normal, pero, específicamente, cuando hicieron una actividad muy conocida entre los normalistas: “el caballo”. Sin embargo, también se dijo, que a dicho joven lo golpearon con tubos y palos cuatro sujetos fuera de la escuela y, derivado de esos golpes, murió en el hospital. Versiones que, a decir de las autoridades competentes son parte de la investigación en curso, no obstante que ya fue detenido un presunto culpable, de nombre Saúl N, quien también ha sido identificado como estudiante de esa normal rural.
La noticia, trágica como lo es, pone la mirada en un tema que pocas veces trasciende las paredes de las normales rurales o de las propias comunidades porque, si alguien piensa que la comunidad donde se encuentra una normal desconoce lo que sucede al interior de la misma, estará muy pero muy equivocado. Me explico.
Es cierto, tras culminar la Revolución Mexicana, como proyecto de estado, estas instituciones educativas fueron concebidas para que formaran docentes que diseminaran los principios de justicia social en las comunidades; justicia social que hoy, igual que ayer, sigue vigente cuando vemos en pleno Siglo XXI lo que existía en aquella época: pobreza y desigualdad social. Tal vez por ello es que el estado mexicano las ha conservado; por un lado, porque las normales rurales son herederas de esos principios que dieron origen al movimiento revolucionario de 1910, pero, por el otro, por su clara resistencia derivada de su vida política estudiantil que las ha definido a través del tiempo.
Ahora bien, bajo la idea de que en estos planteles acuden a estudiar jóvenes (mujeres y hombres) de bajos recursos económicos, ya sea hijos o hijas de campesinos, obreros, albañiles, entre otros tantos oficios, el brindarles una formación profesional adquiere un significado especial, porque al ser una institución que ofrece el servicio de internado, quien absorbe completamente la educación que reciben las y los futuros maestros de México es el estado, pero también, porque su esencia se caracteriza por lo que hace algún tiempo señalaba Tanalís Padilla cuando se refería a éstas como centros de resistencia colectiva en defensa del derecho a la educación y la justicia social. Esto último es, sin lugar a dudas, uno de los ejes que permiten entender la razón de su existencia, no de ahorita, sino desde hace varias décadas.
Lo anterior, no es para menos, porque tal idea favorece la comprensión de su movilización constante; de hecho, para pocos es desconocido su activismo en defensa de esa educación y de esa justicia social, sin embargo, bien valdría preguntarse si tal posicionamiento no se ha desdibujado en los últimos años porque, hechos como los acontecidos hace unos días en la normal rural de Tenería, donde un joven pierde la vida probablemente en manos de uno de sus compañeros de estudio, demuestran que el supuesto que planteo es correcto, es decir, que el normalismo rural y, particularmente, sus estudiantes vienen perdiendo el camino.
Pienso que las razones por las que se ha desvirtuado esa noción de lucha legítima por un derecho a una educación y a una justicia social pasa por muchos de sus estudiantes, por sus líderes estudiantiles y por el incomprensible “liderazgo” de una Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FESCM). ¿No es contradictorio que en sus constantes movilizaciones se pronuncien sendos discursos que aluden a una sentida exigencia por contar con una educación que les permita atender a esa clase social que dicen defender pero que en los hechos la traicionan al no prepararse académicamente en sus escuelas normales?, ¿de qué manera habrían de dotarles de herramientas a esa sociedad que vive y padece los estragos del neoliberalismo si los mismos alumnos no cuentan con los conocimientos disciplinares y hasta ideológicos que debieran abordar en sus salones de clase y/o comunidades estudiantiles?
Ahora bien, ¿cómo es posible que se demande recurso económico para que, por ejemplo, operen sus módulos de producción cuando muchos alumnas o alumnos ya no toman una pala, machete o guadaña para ir por el alimento de los animales de granja que pudieran tener en la escuela?, ¿cómo es posible que se exija mejoras en sus escuelas cuyo carácter de internado demanda una adecuada alimentación, vivienda, salud, entre otros, cuando muchos de sus estudiantes no aprecian ni valoran lo logrado a través de la lucha constante y, en lugar de ello, abandonan la escuela por la noche para llegar muy entrada la madrugada?
Vaya, qué sentido tendría ser concebidas como un verdadero proyecto pedagógico cuando el rumbo, repito, en muchas escuelas normales rurales se ha perdido.
Lo sucedido en la Escuela Norma Rural “Lázaro Cárdenas del Río” de Tenería, provoca voltear la mirada en aquello que sucede al interior de las normales rurales, no solo por parte de la sociedad, sino de las propias comunidades normalistas rurales porque, por ejemplo, en la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez” de Panotla, las constantes quejas de los pobladores por la indisciplina de sus estudiantes, en lugar de hacerlas reflexionar sobre aquello que no es parte de su formación y de vivir en un internado (como el salirse y llegar a la hora que así lo deseen en un estado, digamos “inconveniente”), las lleva a continuar con esta práctica que, curiosamente, también es realizada por normalistas (varones) de otras normales rurales que llegan a dicha escuela y cuyos estados, digamos “inconvenientes”, son más que evidentes al interior de ese plantel educativo. Buenos deberían ser esos liderazgos para exigir se cumplan las normas internas que los ha caracterizado, pero también, que las comisiones, como la de honor y justicia hagan lo propio o ¿acaso solo se tiene que demandar al estado el cumplimiento de sus obligaciones, pero sin que se cumplan las propias al interior de las organizaciones y/o de las normales?
Tales acciones, ¿no traicionan lo que tanto dicen defender o, peor aún cómo interpretan la defensa irrestricta de una educación y justicia para el pueblo?
No, este texto no es un ataque a ultranza a las escuelas normales rurales y, particularmente, a sus normalistas; como diría Alberto Arnaut, hay quienes llevamos el normalismo rural en la sangre, sobre todo, porque gracias a la educación que se brinda en estas normales, por ejemplo, hoy puedo escribir estas líneas; y, desde luego, no todas las escuelas y los normalistas actúan de la misma manera. No obstante, guardar silencio sobre actos que duelen y lastiman ese normalismo rural mexicano que tantos hemos defendido, no tendría que llevarnos a callar porque, como bien se dice y se grita: hemos nacido gritando.
No hacerlo, es decir, no poner el tema sobre la mesa para una seria discusión, sería una traición a esos principios. Y bueno, si alguien tiene duda sobre lo que haya o no escrito un servidor sobre las normales rurales en los últimos años, les pediría que consultaran en la red algunos artículos sobre el tema.
¿Tendrán las escuelas normales rurales y, particularmente, sus normalistas la capacidad para repensarse? O, simplemente, con sus propias acciones ¿darán las evidencias y argumentos necesarios al estado para desaparecerlas?
Al tiempo.