El Perú es un país pluricultural y multiétnico, con grandes brechas económicas y sociales, enmarcada en una espantosa discriminación económica y altamente centralizada en la capital, por citar un ejemplo, el único hospital de enfermedades neoplásicas totalmente equipado del país funciona en Lima y tres más de menor capacidad funcionan en capitales de grandes regiones, limitando así el acceso a los pacientes de las provincias y lugares alejados para su tratamiento del cáncer.
Esta cruda realidad es el fruto de una deficiente gobernanza de siglos que, a finales del 2022, junto a la detención del expresidente Castillo desencadenó estas justas y legítimas protestas a nivel nacional con mayor acentuación en el sur este del Perú, que reclaman: renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso, cambio de constitución y adelanto de las elecciones, con un trágico saldo de casi medio centenar de víctimas hasta el momento, causados casi en su totalidad por las fuerzas militares y policiales.
Ante esta tragedia, existe una atroz indiferencia por parte del ejecutivo y el congreso peruano que, en lugar de solucionar este problema, prefieren aferrase a sus cargos debido a sus intereses políticos y económicos. Para ayudar a salir de este grave problema y siguiendo las recomendaciones de los expertos, es pertinente abordar esta crisis desde el Diálogo intercultural a nivel nacional y descentralizado, donde el ejecutivo y los líderes sociales deben sentarse sobre las mesas de diálogo y escucharse teniendo como mediadores a personalidades neutrales con elevado patrimonio moral.
Asimismo, es necesario, que en este diálogo participen el ejecutivo con sus ministros y los líderes sociales que protestan y no aquellos líderes políticos porque casi todos ellos están censurados de corrupción. Es fundamental escuchar a los grupos sociales que reclaman sus justos derechos y plantear salidas reales a corto plazo, como el adelanto de elecciones generales para este 2023 y al mismo tiempo, llevar a cabo el referéndum para la consulta del cambio de constitución, como sostienen algunos expertos.
En esa búsqueda de solución a este conflicto social, inmediatamente el ejecutivo debe dar órdenes a las fuerzas policiales y militares a no hacer uso de sus armas de fuego bajo ningún motivo o provocación, sino acompañarlos a los grupos que están manifestándose para evitar más muertes que acrecientan el odio entre peruanos que tardará mucho tiempo en cicatrizar.
Paralelamente a estas mesas de diálogo descentralizado y conocedores de que los pueblos han sido olvidados por el estado desde la fundación de la República, el gobierno, debe destinar una partida presupuestal para construir hospitales de neoplásicas en cada departamento del Perú y construir más hospitales tradicionales de calidad en cada provincia del país, para atender a todas las personas sin distinción con el objetivo de buscar mayor equidad.
Además, para ir cerrando las brechas, es necesario otorgar mayor presupuesto económico y asesoría de tecnificación urgente para la agricultura y la ganadería a las comunidades y, de esta manera podríamos mejorar la calidad de vida, de no hacerlo en el futuro surgirán más protestas tal vez con mayores víctimas que lamentar.
Finalmente, en memoria de los fallecidos, el estado debe asumir su presencia real a lo largo y ancho del país y es razonable que el ejecutivo, el congreso y los líderes de la sociedad civil apuesten en todo momento por el diálogo intercultural como una herramienta fundamental de convivencia armoniosa y empecemos una nueva historia, generando mayores oportunidades para todas y todos los peruanos.
© David Auris Villegas. Escritor, columnista, pedagogo peruano y creador del ABDIV.