Pluma Invitada

Casi todos conocemos al escritor Jonathan Swift gracias a las diferentes versiones de su famosa historia “Los Viajes de Gulliver”. Sin embargo, quizá deberíamos hojear su historia “La Batalla de los Libros”. En ella, Swift nos cuenta que los libros de una biblioteca empiezan a pelear para ver quién debía estar en los estantes más altos. Por un lado, estaban los libros de cultura clásica y en el otro estaban las obras de los autores de poesía y ciencia moderna.

En los últimos días ha adquirido particular virulencia el ataque jurídico y mediático hacia los libros de texto editados por la Secretaría de Educación Pública. Este tipo de movimientos no son de manera alguna inéditos, la Unión Nacional de Padres de Familia surgió en 1917, como una reacción contra los principios consignados en el artículo tercero constitucional, particularmente lo relacionado con la laicidad de la educación.

La más crítica de todas y que se observa en la profundidad de la discusión es el error que ha cometido la SEP desde la promoción hasta la implementación del nuevo proyecto educativo, lo que ha sido evidente ante los graves errores cometidos desde el diseño la Nueva Escuela Mexicana y su Marco Curricular, hasta en la elaboración de los polémicos documentos escolares.

El rico patrimonio cultural y la diversidad de México se deben, en buena medida, a sus poblaciones originarias cuyas lenguas pueden organizarse, según el INALI (2009), en 68 agrupaciones lingüísticas distintas. De acuerdo con datos del último Censo del INEGI, se estima que en 2020 casi 10% de las personas residen en hogares donde alguno(a) de sus jefes, cónyuges o ascendientes habla lengua indígena, lo que representa alrededor de 12 millones de habitantes.

La educación no sólo es un derecho universal, sino también, es un mecanismo para promover la protección de los derechos humanos y el fomento de una cultura de paz entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Por lo tanto, que una persona tenga acceso a ella es fundamental para su óptimo desarrollo biopsicosocial, y es necesario que exista una corresponsabilidad que sume a una ruta de acceso al alcance de todas y todos.

El artículo tercero constitucional en la reforma de 1917 mencionaba que: “La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria”.

Antes de la pandemia era necesaria la mejora del sistema educativo nacional, por la magnitud de los rezagos y problemas estructurales; después de la pandemia, se volvió imperativo. ¿Quién puede estar de acuerdo con simplemente volver al estado de cosas que teníamos en 2018? 

El Plan y programas de Estudios 2022 y sus Libros de Texto Gratuitos (LTG), han puesto a girar en muchos aspectos el mundo del magisterio y el de la sociedad en general. Esta movilización, sin duda turbulenta, surge al tratar de encontrar un equilibrio mental, entre la escuela que se conoce y lo mucho, poco o nada que se sabe de la nueva escuela que hoy se plantea desde la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El filósofo Fernando Buen Abad ha sido persistente en llamar la atención sobre la guerra semiótica que la derecha diseña desde los laboratorios de pensamiento fascista y neoliberal para instalar en la población narrativas y sentidos comunes que favorezcan el avance de los grupos ultraconservadores en el poder; sin embargo, también alerta de que existen pocas estrategias comunicacionales y discursivas de las izquierdas que la contrarresten de forma eficiente.