Abelardo Carro Nava

Como docente frente a grupo, en mis más de dos décadas de servicio ininterrumpido, he considerado a los libros de texto gratuitos como un instrumento valioso y una herramienta necesaria…

Como docente frente a grupo, en mis más de dos décadas de servicio ininterrumpido, he considerado a los libros de texto gratuitos como un instrumento valioso y una herramienta necesaria para el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes; jamás los he visto como la piedra angular que determine el que un niño, niña o adolescente aprenda o no.

Pienso que muy pocos trabajadores de la educación consideran que, en realidad, sus demandas y necesidades profesionales y laborales se ven reflejadas en el Pliego Nacional de Demandas que, anualmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entrega a la Secretaría de Educación Pública (SEP); también pienso, que esta representación sindical se ha convertido en el bufón de los distintos gobiernos pues, el comportamiento de sus líderes sindicales, ha reflejado la poca seriedad – que a veces raya en lo absurdo y ridículo – que debería imprimírsele a la defensa irrestricta de los derechos laborales y profesionales de sus agremiados. Para muestra un botón.

En la década de los noventa, recuerdo haber escrito un ensayo sobre “Las muertas de Juárez”; un tema del que poco se hablaba en algunos espacios sociales y académicos o en los medios de comunicación locales y nacionales. Desde luego, la incapacidad del Estado para dar “respuesta” a los asesinatos de mujeres – más tarde clasificados como feminicidios – fue evidente

El pasado 23 de febrero de 2023, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los Lineamientos generales para la innovación en los materiales educativos impresos dirigidos a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que contribuyan a la mejora de la educación de las escuelas, cuyo objeto radica en el establecer elementos que podrían contribuir en los procesos de innovación pedagógica, didáctica y editorial en los materiales educativos impresos para estudiantes, emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las secretarías de educación – o instancias homólogas – en las entidades federativas, para apoyar, complementar y profundizar la puesta en práctica del plan y programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria y con ello favorecer los procesos formativos que se desarrollan en las escuelas

Como es bien sabido por el magisterio, con la imposición de la reforma educativa de 2013, al extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se le asignaron otras atribuciones de las que desde el 2002 tenía contempladas, pero también, se constituyó la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), con la finalidad de disponer de una estructura jurídica y organizativa que asegurara que el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de docentes y directivos, permitiera acreditar sus capacidades en sus respectivas funciones. Todo ello, según se dijo, con el propósito de “transformar” el sector educativo colocando al centro un Sistema Nacional de Evaluación que impulsara la mejora de la calidad de la educación pues, prestar servicios de calidad, fue una de sus metas

¿Cómo desmontar un modelo que durante tres décadas se introdujo hasta los huesos del Sistema Educativo Mexicano? Fue una de los cuestionamientos que formulé en un texto que escribí en marzo del año pasado. Dicho cuestionamiento surgió por lo que pudimos observar, escuchar o conocer en las distintas Asambleas que la Secretaría de Educación Pública (SEP) organizó con la intención de analizar el Plan de Estudios 2022 mediante las distintas voces que participaron a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Quienes conocen de cerca el terreno educativo, particularmente, quienes han tenido la oportunidad de estar dentro de un salón de clases, saben que las maestras y los maestros, a partir de las sugerencias u orientaciones contenidas en un plan de estudio y en su respectivo libro para el maestro, emplean, por ejemplo, los libros de texto gratuitos con distintos propósitos, ya sea como instrumentos que les permiten a los estudiantes recuperar algunos datos o información sobre un contenido, para leer alguna lectura sobre un tema en específico, o bien, como herramientas de trabajo en virtud de los problemas matemáticos que ahí se encuentran, los cuestionarios que se presentan para que sean respondidos después de una lectura, para el llenado de algún cuadro que implique recoger información de las familias, lugares o comunidades en las que viven, etcétera.

Desde hace varios años, el tema de la autonomía profesional del magisterio se ha podido escuchar a través de los discursos que han pronunciado diversos funcionarios públicos que han puesto sus pies en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, tal cuestión, escasamente se ha podido leer con claridad en los planes de estudio de las reformas educativas de los últimos 20 años, particularmente, en los planes 2011 y 2017. Como es obvio, el simple hecho de reconocer que el docente es un profesional de la educación y, por tanto, goza de esa autonomía para desarrollar las acciones que considere convenientes en su escuela o aula, genera simpatía y, hasta cierto punto, aplausos para quien las expresa en un momento determinado. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que, mientras en el discurso se plantea que las maestras y maestros son autónomos, la realidad de las cosas es que muchas veces dicha autonomía se ve seriamente limitada por las disposiciones normativas y administrativas que las autoridades educativas emprenden con la finalidad de, por ejemplo, desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje apegado a esos marcos normativos y administrativos que no necesariamente trae consigo beneficios en y para los estudiantes.