Docentes expresaron su rechazo al cuestionario para construir el sistema que sustituirá a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Consideran que sus preguntas limitan la participación y buscan respaldar decisiones tomadas de antemano.
En los comentarios revisados en las publicaciones de redes sociales aparecen expresiones como “Pura simulación”, “Una burla al magisterio su consulta” y “Los resultados ya están, solo faltan las encuestas”. El reclamo recurrente es que las opciones establecidas impiden desarrollar propuestas distintas de las previstas por la dependencia.
“Dijeron escuela por escuela no enviar un link y un pdf”, señala una intervención. Otra sostiene: “Con una consulta globalizada y respuestas sugeridas no se construye una consulta real”.
La SEP programó el ejercicio para el 30 de octubre, durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, mediante un esquema híbrido de participación digital y entrega impresa. Lo presenta como un proceso democrático y transparente, con observadores universitarios.
El cuestionario, sin embargo, contiene siete preguntas y carece de espacios para explicar respuestas o formular alternativas. La primera plantea elegir entre un instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes o “regresar al pasado” mediante el “viejo esquema de reparto discrecional de plazas” de las comisiones mixtas.
La redacción coloca las alternativas en condiciones desiguales: describe una como valoración de conocimientos y desacredita la otra como retroceso. Quien cuestione un examen y también rechace la asignación discrecional de plazas no encuentra una opción que exprese ambas posiciones.
Las preguntas segunda y tercera consultan quiénes deberían elaborar el instrumento y cómo seleccionarlos. Incluyen docentes, especialistas, profesores de normales o de la UPN y autoridades estatales, con opciones de designación, elección entre pares o concurso público. Ambas parten de la aplicación del instrumento, sin abrir espacio para desarrollar otros modelos.
La cuarta pregunta enumera conocimientos curriculares, del nivel educativo, de normas escolares y de práctica docente. La quinta pide distribuir porcentajes entre posgrados, actualización pedagógica, antigüedad y valoración de conocimientos. Aunque permite decidir los pesos, mantiene criterios predefinidos y no solicita argumentos para justificarlos.
La sexta pregunta si los docentes denunciarían corrupción para que sea sancionada. Una respuesta afirmativa resulta socialmente aceptable, pero aporta poca información sobre los obstáculos para denunciar, la confianza en las autoridades o la protección frente a represalias.
La séptima concentra varias decisiones en una respuesta de acuerdo o desacuerdo: desaparecer la USICAMM, aplicar un instrumento de valoración y respaldar un esquema con participación democrática, transparencia y respeto a derechos laborales. Ese diseño dificulta distinguir qué componente apoya o rechaza cada participante. Un docente puede respaldar la desaparición de la unidad y discrepar del mecanismo propuesto para sustituirla. La casilla conjunta no permite reconocer esa diferencia.
“No es consulta es imposición, no existe la opción de sugerir”, resume uno de los comentarios. Otro pide expresar opiniones “más allá de las opciones que la propia encuesta establece”.
Las inconformidades también incluyen salarios, salud, jubilación y condiciones de promoción. “Los maestros no necesitamos consultas, necesitamos un salario justo, acceso a salud y un retiro digno”, señala un mensaje. Otros solicitan evaluaciones presenciales y mayor transparencia en las vacantes.
También hay intervenciones que defienden la continuidad de la USICAMM por considerar que protege derechos. Entre quienes cuestionan el ejercicio persiste el temor a un cambio de nombre sin modificaciones de fondo. El reclamo sobre la participación queda expresado en una frase: “Queremos que nuestra voz tenga consecuencias”.
