Juan Carlos Yáñez Velazco
En los 100 compromisos que la presidenta expuso el 1 de octubre, diez los asume con la educación. Cifra notable. Aplaudibles todos, aunque se aprecian ausencias inerciales. En resumen, los comparto para quienes los ignoran. La fuente: Presidencia de la República.
Continuará la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos. Se profundizará la educación científica, humanista y de valores.
“El magisterio nacional seguirá siendo reconocido por su noble tarea”. Se construirá un nuevo “sistema de contratación, promoción y permanencia que garantice el derecho a la educación, los derechos laborales y evite cualquier forma de corrupción, opacidad y conflicto de interés”. Entre paréntesis: este compromiso reconoce el fracaso en la materia y la deuda después de seis años de gobierno morenista.
Seguirá el programa la Escuela es Nuestra, ampliándolo a la educación media superior.
El horario de las escuelas primarias se extenderá “gradualmente para enseñar educación física y artística”.
Las escuelas primarias públicas serán “espacios de prevención de la salud, incluyendo la salud mental, la prevención de las adicciones, la salud bucal”, así como un programa con exámenes de la vista y lentes gratuitos a quienes los necesiten.
Fortalecimiento de la educación media superior, para que quienes egresen de secundaria tengan espacios.
Aumentará el número de universidades. Ampliación y fortalecimiento de las Universidades del Bienestar Benito Juárez y “hacer nacionales la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud” que estableció como jefa de Gobierno en la Ciudad de México.
Convertir a México en “una potencia científica e innovadora”. Apoyar las ciencias básicas, naturales, sociales y humanidades.
Lanzar el programa de desarrollo tecnológico llamado Innovación para el desarrollo nacional, que producirá, entre otros, “un pequeño auto de acceso popular 100% eléctrico, 100% diseñado por jóvenes mexicanas y mexicanos y 100% ensamblado en México”.
“Terminar con la vida sedentaria. Apoyar el deporte comunitario, impulsar los semilleros deportivos y a los deportistas de alto rendimiento”.
De los diez, dos atañen en directo a la educación superior: aumento de universidades y potenciar la ciencia e innovación. Un olvido parece insólito: las universidades públicas nacionales y estatales, las mismas que soslayó el gobierno recién concluido; podríamos agregar a los institutos tecnológicos. Revisemos algunos datos para ponderar su peso en el sistema educativo.
En principio, advirtamos que en la matrícula nacional 15 de cada 100 personas cursan enseñanza superior, misma cifra que en bachillerato. Por subsistemas, las universidades públicas estatales atendieron en el ciclo 2023-2024 a 1,334,859 estudiantes, según estadísticas de la SEP (“Principales cifras del Sistema Educativo Nacional”); las públicas federales, a 652,742, y entre ambos tipos, 1,987,601 alumnos, es decir, al 36.9 % de la matrícula de educación superior. Porcentaje que se eleva al 47.4 %, si sumamos los 568,857 estudiantes de los institutos tecnológicos federales y descentralizados.
En la decena de compromisos se omite el financiamiento para la educación superior y la investigación científica, pese al tamaño de la matrícula y su importancia en la producción científica y tecnológica.
Tampoco hay menciones sobre la educación superior que ofrecen los particulares, no obstante que sus escuelas representan el 38.3 % de la matrícula nacional. ¿Por qué la negación? Ocurre lo mismo en educación básica, cuando se afirma que “las primarias públicas serán espacios de prevención de la salud, incluyendo la salud mental, la prevención de las adicciones, la salud bucal”. ¿Las escuela privadas no atienden a la infancia y juventud mexicanas? ¿Forman parte del Sistema Educativo Nacional? ¿Los padres y madres de los niños de las escuelas particulares no son ciudadanos, no pagan impuestos y tienen derechos? ¿Y la enseñanza toda, incluida la de los particulares, no es una función social bajo la responsabilidad del Estado mexicano?
Dejo ese tema. En el sexenio de López Obrador las universidades públicas experimentaron incomprensión, hostilidad financiera y presiones políticas. El expresidente apostó por un sistema universitario (sic) precario al cual no enviarán a sus hijos ni él, ni los miembros del gabinete anterior o actual, ni sus gobernadores, ni los diputados y senadores.
Es verdad que estas no son las metas, tampoco el programa sectorial, pero son los diez compromisos, las diez prioridades. ¿No cabía uno con la educación superior nacional, además de aludir a las universidades creadas por Morena?
Esas primeras señales, más la anunciada beca universal para los infantes de educación básica (desconocida en los 100 compromisos), vislumbran la probabilidad de que sigamos atrapados por ocurrencias y con decisiones de sustento frágil, gobernando para su feligresía y descuidando presente y futuro.