La participación del SNTE en los procesos de asignación y promoción docente

Juan Rubén Compañ García

La reforma educativa de 2013 acotó la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en asuntos educativos —aunque no de forma total, menos en la política de la carrera docente— con el argumento de que eran los responsables del control de las plazas docentes y de los bajos logros de aprendizaje. Sin embargo, aunque la participación del SNTE se ha visto acotada y debilitada, también se nutre de ciertas prácticas que le han permitido tener una posición más activa en las negociaciones que se llevan a cabo en el sistema educativo nacional, en específico, en lo concerniente a los procesos de asignación y promoción docente.

Por un lado, la reforma educativa vigente le concede una participación más activa al SNTE, pero en un escenario donde el Sindicato no ostenta el poder ni la representación, como los tuvo en otros gobiernos. Empero, el Sindicato genera, como lo demuestra su historia —producto del corporativismo— formas de negociación y distribución del poder que le han permitido sobrevivir en diferentes administraciones de gobierno. Y el gobierno en turno no es la excepción. Incluso la tendencia ha sido recuperar espacios. La propuesta de candidatura plurinominal al Senado de Alfonso Cepeda Salas, líder sindical, por parte de Morena, puede darle un giro importante a la participación del SNTE en las decisiones educativas.

En ese tenor, la intención en las siguientes líneas es mostrar la participación del SNTE en los procesos de asignación de plazas y promoción docente durante este sexenio. A pesar de que el gobierno actual enfatiza su combate a la corrupción y la revalorización docente, las prácticas corporativas diluyen tal aspiración. El SNTE está recuperando el control de las plazas docentes a través de dos elementos que se articularon a su favor: lo laboral y lo político.

En lo laboral: los sindicatos se rigen por las regulaciones que dicta el Estado y a través de reglas ilegítimas, pero institucionalizadas. La reforma educativa de 2019 le otorgó de nueva cuenta al SNTE el control de la asignación de plazas. Lo anterior requirió dos vías: la formal y la informal. La formal se cristalizó en la reforma al apartado B del artículo 123 constitucional que le dio al Sindicato el 50 % de las plazas docentes de nueva creación o disponibles. De manera paradójica, la vía informal nació con la transgresión de la normativa: se basificó a docentes que no transitaron por los procesos de selección, sino porque poseían una plaza sin titular, según lo dicho por la secretaria de Educación Pública, Leticia Amaya. También por participar en mítines políticos, por tener una “palanca” con el sindicato, o porque las autoridades educativas federales o estatales “esconden” las plazas —no las reportan como vacantes a la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestras y Maestros (Usicamm)—. Hay entidades que sólo ofrecen 20 o 30% de las plazas vacantes, porque no se tiene conocimiento de las plazas docentes de nueva creación o porque no se someten a concurso todas las plazas vacantes por jubilación, renuncias o decesos.

La presente administración nutre la opacidad y la corrupción, y desdeña la transparencia. Los datos de la Tabla 1 no nos muestran un crecimiento en los distintos procesos de admisión y promoción al servicio educativo a lo largo del tiempo. Incluso hay un decrecimiento si comparamos la asignación y la promoción de las plazas docentes con las cifras de las vacantes de los diferentes concursos en los ciclos escolares 2020-2021 y 2022-2023. Por ejemplo, en las vacantes docentes por plaza jornada y de promoción por función directiva y supervisión, hay una disminución del 40 % y, en el concurso de oposición por horas clase, hay un decrecimiento del 60 % —de 37 184 a 13 951 vacantes—. Ello contrasta con lo que refiere el tercer informe de gobierno de la administración actual, con 387 867 docentes incorporados o promovidos, un crecimiento del 90 % respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto (206 836 docentes). Los datos que presenta el gobierno ni son transparentes, ni se sostienen.

Tabla 1. Vacantes ofertadas por tipo de plaza y función

Elaboración propia con base a las convocatorias que emiten las entidades federativas del país
*Estos datos no se obtuvieron de las convocatorias de las entidades, pues no se referían. Para obtenerlos se utilizó el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas (SATAP) o las plataformas de asignación de plazas que utilizan las entidades.
**Los datos hacen referencia a Baja California y Tijuana

En lo político: la participación de los sindicatos y las diversas secciones no es homogénea. A partir de los datos de la Tabla 1, puede apreciarse que en el concurso de oposición para vacantes docentes por horas clase en el ciclo escolar 2021-2022, Guanajuato y Jalisco en conjunto ofertan un total de 21 553 vacantes, el 50 % del total en el país. Ambas son entidades que cumplieron de manera cabal —Jalisco, con “excelencia” — con el proceso para la homologación de las disposiciones locales en materia educativa. Armonizaron sus estructuras legales locales con lo dispuesto en la reforma constitucional. Para la armonización en Jalisco se diseñaron foros de consulta donde participaron empresarios, líderes sindicales y especialistas en educación. Ello generó ciertas respuestas efectivas. En contraparte, las entidades que no adecuaron sus disposiciones emiten, en varias de sus convocatorias, vacantes con cero plazas docentes. Tal es el caso de Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En el caso de Zacatecas, la no armonización de las leyes pudo llevarse a cabo por la negociación que realizó el Sindicato con las autoridades estatales en defensa de los derechos laborales de los docentes. El Sindicato, tanto en Jalisco como Zacatecas, logró incidir en la política educativa con diferentes recursos y bajo diferentes posiciones: una, como aliado de la reforma educativa; otra, como opositor y negociador administrativo de asuntos laborales.

En suma, las prácticas corporativas continúan en la presente administración, pese al discurso que enfatiza el combate a la corrupción. Si bien el SNTE o los sindicatos no tienen una participación con tanto alcance en el presente gobierno, es un hecho que están recuperando el control de las plazas docentes, y no precisamente por ser un contrapeso en los procesos de selección, sino por las ambigüedades que se generan en lo laboral y en lo político. Sin embargo, la esperanza está en la pluralidad de organizaciones sindicales y la gestión que se genera en las diversas entidades. Parece que ello puede ser un contrapeso importante en los procesos de asignación y promoción docente.

Juan Rubén Compañ García
Profesor de educación secundaria en el Estado de México.
Este texto es producto de una investigación más amplia que se encuentra publicada aquí.

Publicado originalmente en Revista Nexos