Faltan verdaderos protocolos para el impacto socioemocional posterior a un hecho de violencia, así como lo que sigue a las demás violencias que puedan manifestarse o detectarse en la escuela.
David Calderón
Explicaba el multipremiado y jubilosamente célebre biólogo chileno Humberto Maturana que no es el caso que los niños sean nuestro futuro, sino justamente al revés: somos el futuro de niñas y niños, pues como seamos con ellas y ellos condicionará profundamente sus opciones de vida.
A lo largo de este complejo y por momentos muy sufrido 2022, vimos con feroz frecuencia el caso de maestras protegiendo a sus estudiantes, tranquilizándoles, dándoles ejemplo de entereza y serenidad en las balaceras suscitadas dentro o frente a sus escuelas, en diversos lugares de la geografía nacional. También vimos los tristemente célebres —pero comprensiblemente necesarios— simulacros ante la eventualidad de ataque con arma de fuego en las escuelas.
Lo que, en cambio, todavía nos falta son verdaderos protocolos para el impacto socioemocional posterior a ese tiempo de violencia, así como lo que sigue a las demás violencias que puedan manifestarse o detectarse en la escuela. Sin duda lo primero es sobrevivir y acotar, pero a partir de ahí las referencias para el sistema escolar se quedan acotadas a la denuncia, el cambio de turno o plantel, la investigación y la “canalización para atención médica, psicológica o jurídica”.
Tenemos entonces tres graves déficits de enfoque: el primero sigue siendo el de la prevención, pues no hay verdaderos planes de acuerdos de convivencia que articulen la trama de relaciones de la escuela con la comunidad. Me explico: salvo iniciativas autogestivas de supervisores visionarios y directoras valientes, no hay una auténtica detección de riesgos con mirada más amplia al del centro escolar.
He escuchado por años, con admiración, estupor y condolencia, el trabajo en territorio que se hace para articularse no postfacto, sino en vistas del riesgo presente con las familias, las agencias de seguridad, las fiscalías, los servicios de salud, trabajo social y asistencia cuando hay un foco de riesgo claro: las escuelas cercanas a pases fronterizos, zonas militares, campamentos de Pemex o CFE, campos de trabajo temporal, áreas de trasiego de armas y droga, y ya en el extremo, en supervisiones enteras que están en territorio narco, en las cuales ya sólo desde la entereza de los educadores se negocia con las fuerzas de ocupación paso libre y zonas de inmunidad cuando se trata de niñas y niños, y sus docentes, precisamente en medio de la más dramática de las deserciones del resto del Estado mexicano.
Los acuerdos de convivencia, cuando bien nos va, se hacen sólo desde los Consejos de Participación o las asociaciones de familias, las más de las veces en convocatorias apresuradas y desangeladas, sin estudio previo, sin compromiso convencido, como expediente a resolver “de volada”. Se socializan ciertos principios, pero las disrupciones de violencia no parecen amainar, sino recrudecen tras la apertura de aulas. Hay “protocolos”, pero no estadística disponible y transparente para trazar polígonos de mayor frecuencia: hoy no hay manera que un ciudadano común, interesado en el derecho humano y bien público de la educación sepa cuántos hechos de violencia y con qué características acaecen en el año en las escuelas mexicanas.
El segundo déficit es la limitación a un modelo de “denuncia y canalización”. En los documentos disponibles para cada estado (hay de muy diversas épocas, tamaños, formatos y sobre todo profesionalismo), los manuales, protocolos o lineamientos tienen como momento y actividad central de la intervención el reportar los hechos al superior, a la fiscalía, a la autoridad, y luego canalizar a las personas víctimas o afectadas para atención. En ninguno de los documentos hallé una estrategia de seguimiento desde la comunidad escolar. Si se interna, se hospitaliza, o se va; si se va a reintegrar de golpe, o en determinado periodo, ¿qué le corresponde a los agentes escolares? ¿Hola, qué bueno que regresaste, vamos en la página 67? Esa terrible omisión es una grave ausencia a subsanar.
El tercer déficit está en lo comunitario. ¿Y los que se quedan? ¿Vamos a hacer un pacto de silencio que se llene de conjeturas y chismes? ¿No vamos a aprender nada de un evento personal o colectivo tan doloroso? ¿No vamos a reajustar nada, y sólo pasivamente esperar que no vuelva a ocurrir? No está prevista ningún tipo de atención al grupo y la comunidad, ni los diálogos que sanen y fortalezcan.
Es una necesidad que se establezcan protocolos para prevenir, detener y sancionar, pero también para restituir derechos en plenitud y reconstruir el ambiente escolar. Los protocolos en seguridad que no contemplan la atención socioemocional grupal que deriva de la violencia. Morelos tiene una guía muy completa, tratando de identificar las distintas irrupciones en la vida escolar y la experiencia de la benemérita Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la Ciudad de México ha hecho camino, pero nos falta muchísimo. El resguardo tiene que ser integral, y no sólo aprender a esquivar la bala.