El rechazo a la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sigue en aumento entre el magisterio. Docentes de diversos estados, entre ellos Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, Baja California, Yucatán, Veracruz y el Estado de México, han realizado paros de labores, movilizaciones y protestas en espacios públicos para expresar su desacuerdo con la propuesta impulsada por el gobierno federal.
Los trabajadores de la educación sostienen que la iniciativa afectaría sus derechos laborales, particularmente en materia de pensiones y aportaciones al ISSSTE, sin garantizar mejoras en los servicios de salud. Indican que el planteamiento no incluye la posibilidad de retiro por años de servicio ni la reinstauración del sistema de jubilaciones previo a la reforma de 2007.
En Sonora, miembros de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron en Cajeme durante el evento de lanzamiento del Programa Nacional de Vivienda y solicitaron al gobernador Alfonso Durazo que intervenga en el proceso legislativo. En Hermosillo, otro grupo llevó a cabo una protesta en la plaza Emiliana de Zubeldía y anunció el inicio de un paro laboral. Mientras tanto, en Chihuahua, docentes de la sección 8 del SNTE realizaron una concentración en la Plaza del Ángel y continúan con la suspensión de actividades.
En el Estado de México, el magisterio ha convocado a una movilización en Toluca para el 23 de febrero, donde además de expresar su rechazo a la reforma, buscan establecer comunicación con la gobernadora Delfina Gómez para presentar sus demandas. En Baja California, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha llamado a un cese de actividades para el jueves y viernes, señalando que cualquier modificación a la ley debe contar con el respaldo del gremio.
En Quintana Roo, docentes se han manifestado en distintos municipios como Chetumal, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Cancún. Durante una asamblea, acordaron interrumpir clases el 22 de febrero para llevar a cabo una megamarcha en la capital estatal. En Mérida, Yucatán, trabajadores de la educación se congregaron para denunciar que la dirigencia sindical no ha atendido sus exigencias y reiteraron su oposición a la iniciativa.
De acuerdo con las expresiones del magisterio, la reforma plantea ampliar las facultades del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) y la creación de un fondo para mejorar los servicios médicos, financiado en parte con aportaciones directas de los trabajadores. Consideran que el proyecto no atiende sus principales demandas, como la reducción de cuotas individuales ni la mejora de las condiciones de retiro.
En Sonora y Chihuahua, los docentes han manifestado su preocupación ante el impacto que tendría la reforma en su salario, pues implicaría un aumento en los descuentos sin garantías de mejores servicios. En Baja California, han advertido que los ajustes propuestos reducirían su ingreso disponible debido al incremento en las contribuciones obligatorias.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, los trabajadores de la educación han anunciado que, si no se atienden sus demandas, llevarán a cabo un paro nacional el 24 de febrero y continuarán con las protestas en los estados donde ya han iniciado movilizaciones. En distintas regiones, organizaciones magisteriales han asegurado que mantendrán jornadas informativas y convocarán a nuevas acciones en los próximos días.