Eduardo Andere M.
Hace un año se desató una fuerte polémica sobre el modelo de plan de estudio de la educación básica, que ha sido identificado más como un manifiesto ideológico que como un documento pedagógico. Recientemente ha surgido otro fuerte debate sobre los libros de texto entre funcionarios de gobierno y empresas editoriales.
Ambos se acusan de ideológicos. ¿Cuál es el problema con las ideologías? Nada, cuando se quedan en el mundo de las ideas. Sin embargo, cuando las ideas se aterrizan en acciones que afectan a millones de personas las cosas cambian.
Por el lado del Estado, empleados de nivel medio o medio alto de la SEP, con conexiones personales al más alto nivel político, inclusive sobre sus jefas en turno, redactan u ordenan redactar sus ideas sobre educación. Por el lado de las empresas, los directivos les ordenan a sus empleados lo que tienen que hacer para proteger sus negocios. Los primeros venden sus ideas con la retórica y la unción estatal, como si se tratase de una religión; los segundos venden sus productos cual bombones para atraer al consumidor.
La verdad de las cosas es que ninguno de los dos sale bien parado porque ningún proceso ha sido revisado por mecanismos objetivos y auténticos (dictámenes ciegos de expertos) que asegure que los libros están libres de las garras del poder o del dinero.
En esta esgrima los funcionarios tienen la ventaja del tremendo monopolio del Estado. Lo que hagan y cómo lo hagan se pondrá en marcha sin dictamen alguno. Los segundos, deberán competir entre ellos para ganar mercado.
Cuando el “Estado” dice, a través de sus funcionarios, que los libros de texto son los adecuados porque son hechos por el “Estado”, la realidad es que los libros son hechos por personas pagadas por una organización-entelequia llamada gobierno. El bautizar a sus libros como “del Estado” no hace a los libros correctos, sino autoritarios. Lo mismo podría uno decir de los libros elaborados por las empresas. El que se produzcan independientes al Estado no los hace correctos. Tanto el Estado como la empresa se pueden equivocar, y si el error es grande las consecuencias podrían ser desastrosas.
Debemos ir a la raíz del problema y modificar las reglas de elaboración de libros de texto o materiales educativos. El artículo 22 de la Ley General de Educación le confiere a la SEP la potestad de autorizar todo libro de texto a utilizarse en la educación impartida por el Estado. Es una norma anacrónica e irrisoria. En la era del internet y de los bienes comunes, cualquier docente o escuela que use el infinito almacenaje de información alojado en la nube, estaría violando la ley.
¿Cómo resolver el nudo Gordiano? Necesitamos crear instituciones autónomas, que también son entelequias, pero no sesgadas ni por el poder del Estado ni por el dinero de la empresa, para decidir sobre los contenidos de los libros.
¿Cuál es el problema de utilizar el poder del “Estado” para imponer libros de texto? Como dije antes, los funcionarios también se equivocan y a veces lo hacen con cinismo, acusando a las empresas de ideológicas como si ellos no lo fueran. Circulan por ahí versiones no oficiales de libros de texto para primero de primaria. Yo no soy experto en el tema, sin embargo, hay cosas tan obvias que por pura lógica resultan fáciles de criticar. Los redactores les ordenan a los pequeños de seis años a pensar sobre eventos de la vida de los adultos cuando ni siquiera saben leer. Y esto sin hurgar sobre cuestiones de diseño como las imágenes o la cantidad de texto en un espacio reducido, o la imposición de ejercicios basados en proyectos sin pasar por el aprendizaje de contenidos.
Urge que el presidente, secretarios de educación, legisladores y, en su momento, jueces construyan las instituciones para mantener a los mercenarios del poder y del dinero fuera del mundo del aprendizaje. Tal y como se hacen las cosas hoy, todo lo que no autoricen los funcionarios del gobierno, excepto, lo que ellos consideren correcto, estará fuera de la ley.