Sylvie Didou Aupetit*
Como siempre ha ocurrido, los periodos de negociación de los contratos colectivos, sean administrativos o académicos, han revelado las tensiones que recorren la educación superior. Actualmente, el sistema público está confrontando problemas estructurales y coyunturales de suma gravedad, entre los que destacan la falta de recursos suficientes, una hiper regulación burocrática, esquemas de autorización de actividades y de rendición de cuentas paralizadores, además de otras situaciones preocupantes, como las provocadas por las insuficiencia en el número de becas de posgrado para los alumnos y la reducción de los márgenes otorgadas a las instituciones para asignarlas en función de la demanda real; a esos factores, se añaden la no renovación de plazas académicas o de apoyo a las tareas de enseñanza e investigación o, recientemente, la incapacidad presupuestaria para reconocer salarialmente las promociones otorgadas al personal por los correspondientes órganos de evaluación interna. Por su parte, los indicadores de productividad académica, principales instrumentos de conducción de la profesión desde hace más de medio siglo indican, en ciertas instituciones, incluyendo las más preciadas del sector, un bajón en ciertos resultados, principalmente los que están parcialmente condicionados a inversiones en la movilidad académica y en los apoyos a las funciones sustantivas de producción y difusión de los conocimientos, de socialización y de publicación especializadas.
A diferencia de lo que ocurrió en los setenta, no es tanto que no haya dinero para la educación superior, sino que los requisitos y trámites para ejercerlo se han vuelto tan confusos y complicados que desembocan en un subejercicio constante de los recursos otorgados, sin hablar de las afectaciones de orden emocional a los actores concernidos. “No se puede”; es la “culpa de… Tete” se han vuelto los argumentos claves de cualquier diálogo malogrado dentro de las instituciones y esos abundan. La racionalidad, como principio de organización de lo intelectual, ha sido totalmente desplazada por una discrecionalidad administrativa/jerárquica.
Sólo la inteligencia artificial es susceptible de analizar ambas situaciones sin identificar sus repercusiones mutuas. No es ni azar ni pereza de los académicos si, en contextos eminentemente lesivos para sus labores, esos sujetos multitareas, agobiados por ellas, tienen cada vez menos tiempo, energía y motivación para dedicarse a sus vocaciones, sean de enseñanza o de investigación. En pro de realizar tareas innecesarias e intrascendentes. No admitirlo es pura hipocresía o negación de una realidad crítica.
La frecuencia de distintas manifestaciones de descontento, desde pronunciamientos hasta análisis expertos, ha aumentado sin prosperar, ni durar o extenderse. Recientemente, los estudiantes han mostrado públicamente parte de su descontento y algunas instituciones entraron en huelga, pero sin lograr compromisos solidarios de sus pares o de otros sectores internos o sociales, aun cuando sus motivos eran de interés general. En ese contexto, no es simple coincidencia, sino un síntoma de una preocupación anticipatoria, si la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) acaba de convocar un grupo de reflexión sobre el entendimiento y la prevención de los conflictos en la educación superior. La avalancha de las frustraciones sectoriales es susceptible de desembocar en confrontaciones de gran alcance, aun cuando estas han sido aplazadas hasta ahora, debido a la extrema individualización que predomina en el medio universitario. La situación es producto del actuar de dispositivos de aseguramiento de calidad, que han dificultado que las personas se movilicen solidariamente con otros o con sus pares.
Con todo, las familias mexicanas siguen apostando a la educación, incluyendo la superior, como vía de movilidad para que sus hijos tengan una vida mejor que la suya. Nadie que haya estado en una calle a la hora del ingreso o de la salida de la escuela puede negar el empeño de los padres en llevar a los niños a que “aprendan”. Nadie que atiende a estudiantes puede desconocer sus aspiraciones, desgraciadamente no siempre apoyadas en los saberes requeridos en una perspectiva meritocrática, para obtener un diploma de la educación superior y volverse un objeto de orgullo de sus relativos, hermanos y amigos. ¿Qué ocurrirá cuando la degradación de sus condiciones de estudio sea innegable socialmente? Puede que se trastoque la inercia con la que, ahora, las familias consideran lo que ocurre en educación superior. ´
Por lo pronto, hay malestares (y muchos), pero la crisis abierta ha sido evitada, pese a una falta de respuestas de suficiente alcance y a una tendencia a responder a las críticas expresadas con más austeridad, más lineamientos punitivos, fundamentados en la desconfianza, y más procedimientos jerárquicos aplicados conforme con una “gobernanza del sometimiento”, muy distinta a la de la “participación voluntaria” anterior. Pero recordemos que las carreras hacia delante suelen llevar al abismo más que a soluciones, y que, según la bien conocida frase, “una chispa puede encender una pradera”.
*Texto publicado originalmente en Campus de Milenio