Sylvie Didou Aupetit

En enero 2023, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados-Cinvestav, hablé de la equidad, en un seminario de reflexión sobre 30 años de políticas públicas en educación superior. En otro evento, patrocinado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la secretaria de Educación Pública (SEP), lo hice sobre interculturalidad. Para ambos eventos, revisé experiencias y datos sobre el abatimiento de la iniquidad educativa. Me percaté que el compromiso de reforzar la inclusión de grupos vulnerables, constante en las pasadas tres décadas, ha tenido resultados distintos.

Después de 30 años de expansión desaforada, la evaluación, académica o institucional, está en crisis. Lo es por falta de combatientes. Casi nadie está hoy dispuesto a agotarse durante días o semanas evaluando “por encimita” y “al vapor” expedientes o productos, en condiciones de extrema presión por tiempo o cantidad. Eso cuanto más que evaluar no genera para los que aceptan hacerlo retribución alguna (ni siquiera una constancia a veces) ni reciprocidad de trato con quiénes la piden. En consecuencia, varios dispositivos de evaluación están ya pasmados. Ejemplos: la integración de los equipos o comisiones dictaminadoras se ha vuelto una misión que colinda con lo imposible. La publicación oportuna de los números por parte de las revistas indexadas se atrasa porque esas no logran finalizar los procesos de dictaminación, en los plazos programados y con los criterios establecidos.

En septiembre 2015, 193 países firmaron el Pacto Global de la Unesco y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Al suscribir ese instrumento jurídico, México se comprometió a brindar, en 2030, una educación de calidad que no deje a nadie atrás. Asimismo, se sumió a esfuerzos de la Unesco para redefinir creativamente las misiones y los roles de la educación superior, en respuesta a las preocupaciones expresadas por varios países e instituciones, hace más de un quinquenio.