Mauro Jarquín Ramírez*
En educación básica, la 4T se encuentra en una encrucijada. Ésta no se reduce a conflictos mediatizados entre funcionarios federales, que en esencia son sólo un síntoma de la contradicción de origen que ha acompañado a la NEM: buscar mantener legitimidad en las comunidades educativas, al mismo tiempo de contrariar lo menos posible los intereses de sectores dominantes, opuestos a una transformación educativa real. Una situación que puede encontrarse en distintas disposiciones de su marco jurídico y en el desarrollo desigual de su alcance en el territorio nacional.
En un contexto regional complejo, donde la cultura es un punto de importancia central de la política reaccionaria, el proyecto educativo de la 4T está en la disyuntiva entre a) mejorar las condiciones de educabilidad en las escuelas del país y fomentar una cultura democrática mediante la profundización de políticas concretas de cambio y la atención de la diversidad de tareas y compromisos pendientes –fortalecimiento de normales, acompañamiento docente, mejoras en las condiciones laborales del profesorado, etcétera– o b) capitular ante las presiones del mundo privado para participar nuevamente en la gobernanza del sistema educativo, así como ante las campañas mediáticas de la extrema derecha e incluso respecto al sentido común de un sector del oficialismo para el cual la educación es únicamente un asunto de gestión.
Al considerar que la NEM camina de forma desigual en las escuelas del país (en ocasiones sin la cobertura de las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno) optar por dejar las cosas tal como están, equivaldría para la 4T a capitular; es decir, a renunciar a la posibilidad de construir una plataforma cultural para la transformación progresista de México.
Recordemos que la NEM surgió como respuesta al malestar docente generado –entre otras cosas– por décadas de políticas educativas que fueron producto de la transferencia de discursos pedagógicos globales de corte gerencial a nuestro país, los cuales no necesariamente atendían las especificidades de la diversidad de territorios y comunidades educativas. Un efecto de dichos discursos fue que la escuela terminara por interpretarse como una fábrica de aprendizajes instrumentales, dirigidos en gran medida a atender las demandas de habilidades de los mercados de trabajo. Así, las discusiones y contenidos escolares sobre las distintas aristas de la justicia social y sus condiciones de realización no lograron ser de gran relevancia para policymakers y grupos de interés.
La ejecución por la fuerza de dichas políticas fortaleció la opción electoral obradorista en 2018, que podía representar un gran cambio. A siete años de progresismo, la política más significativa de transformación propiamente educativa en básica ha sido el nuevo currículo 2022 y la generación de una nueva familia de Libros de Texto Gratuitos, producidos ahora por el Estado mexicano. Paradójicamente, esta iniciativa, heredera directa del obradorismo, no ha gozado de un respaldo generalizado entre autoridades y burocracia educativa, conformados a menudo por actores formados durante años en un paradigma educativo distinto, y en ocasiones relacionados con grupos de interés privado que todavía no cesan en mostrar su deseo de volver a ocupar espacios importantes en la toma de decisiones sobre la educación, así como de acceder a recursos públicos.
Es cierto que el proyecto educativo nacional debe impulsar una educación para el siglo XXI, pero esto no significa únicamente tomar en consideración la aceleración tecnológica en curso o las habilidades necesarias para ser productivo en los precarios mercados de trabajo actuales. El escenario presente muestra cuán imperativo es educar críticamente frente al tecno-optimismo corporativo, a la explotación disfrazada de libertades, a la reactivación de la xenofobia, el racismo y el patriarcado; en suma, al crecimiento global del neofascismo y el alarmante nuevo ciclo imperial.
¿Esto es politizar la educación? Sí. Algo tan cierto como necesario. Optar por educar en el respeto a los derechos humanos o formar personas competentes laboralmente consiste en un falso dilema. La democracia, la interculturalidad crítica y la solidaridad no son antagónicas a la capacidad de las personas para vivir, trabajar y ser productivas. Ese es un supuesto reaccionario falso, como muchos otros.
La conformación teórico-discursiva de la NEM, al recuperar algunos elementos fundamentales de la tradición pedagógica del magisterio democrático en nuestro país, ha logrado generar un marco institucional para impulsar una educación que responda a los grandes retos actuales en clave crítica, lo cual representa una circunstancia relevante en la mayor parte del territorio nacional donde el corporativismo sindical y cacicazgos locales intervienen también en la vida cotidiana de las escuelas. Pero para que dichos principios echen raíz en el sistema educativo, se requiere que la 4T profundice y afiance un proyecto educativo nacional progresista y soberano.
No obstante, esto no es sólo un asunto de gobierno, sino también de militancia político-pedagógica. Resulta importante intervenir en el debate público desde un lugar distinto al discurso impuesto por los medios de comunicación y por el poder.
Más allá de pensar si hay que adoptar la NEM o no, o si hay que apoyar a un funcionario o a otro, el debate en el magisterio democrático y movimiento pedagógico mexicano tendría que dirigirse hacia cómo consolidar nuestras iniciativas educativas autónomas, cómo intervenir en el territorio estratégico del Estado para hacer avanzar los intereses populares en educación y cómo construir una organización nacional –e internacionalista– diversa que nos permita, desde la educación, hacer frente a la amenaza neofascista que se cierne ya sobre nosotros.
* Politólogo