La pavorosa ignorancia de la realidad peruana y una limitada visión de desarrollo sostenido por parte de la mayoría de los congresistas, junto con su ridículo patrimonio moral, han estropeado la imagen del Congreso de la República. Estos legisladores, lejos de coliderar el destino del país y ser referentes de la juventud y la infancia, se han esforzado por impulsar una pedagogía de la inequidad y exclusión, a través de sus torpes acciones y leyes que poco favor le hace a la ciudadanía.
El artículo 90 de la Constitución Política del Perú, establece que, para ser elegido congresista, se requiere tener como mínimo 25 años de edad, ser peruano y estar habilitado para sufragar. No importa si estos individuos tienen algún estudio o experiencia laboral. De acuerdo con el analista político Juan Sheput, un congresista requiere de conocimiento, como los códigos y costumbres de la política, para legislar y elaborar leyes en beneficio de la sociedad. No obstante, esta carencia cognitiva propicia la presencia de múltiples legisladores que, se enfocan en obtener el mayor provecho del botín congresal, sin importar sus votantes.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 al 2030, esboza que la pedagogía de la equidad permite acortar las brechas económicas y busca el desarrollo sostenible desde una política de Estado. Este objetivo no solo impulsa el sistema educativo, sino que también compromete a las figuras públicas como los congresistas, quienes son referentes que, mediante sus acciones y leyes, pueden impulsar más equidad en la sociedad. Pero, esto no es posible debido a que el conjunto de los desaciertos del Congreso hizo que concluyera el año 2023, con un 7% de aprobación, según la última encuesta de la empresa Datum, publicada en el diario El Comercio.
Sin embargo, estos congresistas, en vez de emitir leyes que fortalezcan la educación para la equidad y la inclusión a nivel nacional, prefieren proteger sus intereses particulares. Aprobaron la Ley 31751, con el propósito de reducir los plazos de prescripción de diversos delitos, lo que permite archivar los procesos judiciales a muchos políticos y funcionarios corruptos. Esto propicia la impunidad, cuando en realidad debieron endurecer las leyes para castigar a los corruptos que cada vez ensanchan las brechas sociales, generando mayor exclusión e inequidad.
Los legisladores, en virtud de la ley, fomentan la inequidad, mediante la otorgación de bonificaciones para sí mismos en fechas tales como las fiestas patrias y la Navidad. En el colmo de lo absurdo, estos legisladores recibieron la suma de cuarenta y tres mil soles en diciembre del año pasado, mientras que el sueldo mínimo es de mil soles. Esto significa que cada congresista ha obtenido el sueldo de 43 personas. Este tipo de acciones inaceptables es un ejemplo desfavorable que ha convertido a este órgano legislativo en un maestro de la pedagogía de la inequidad.
Otro de los emblemáticos ejemplos del Congreso, es la tendencia de “mochar sueldos”. El analista político Richard Arce señala que los congresistas, al recortar el sueldo a sus propios empleados dentro del Congreso, están extorsionando a sus trabajadores. Este robo descarado apenas es amonestado por la Comisión de ética cuando en realidad pueden ser sancionados con prisión. Los jóvenes y los niños, al contemplar estos sucesos, adquieren la costumbre de que, cuando algún día se desempeñan como funcionarios o futuros congresistas, también recortarán los salarios a sus empleados, lo cual representa una forma de robo que genera más inequidad y pobreza.
No solo educan los maestros de escuela. Los congresistas como personajes públicos y referentes educan a la sociedad con sus acciones. Ellos están obligados a impulsar leyes que favorezcan la equidad y la inclusión, de lo contrario estarán defraudando a sus votantes y a la ciudadanía.
© David Auris Villegas. Escritor, columnista, profesor universitario y creador del ABDICV