El desinterés oficial deja poco o nada que esperar, pero mucho por hacer
Tal vez es así como se debería anunciar lo que en educación pasa en Puebla, para llamar a la acción razonada y decidida en favor de un sistema educativo poblano, que, al parecer, es lo que menos importa hoy; baste revisar los encargos y nombramientos realizados en la Secretaría de Educación de Puebla, dependencia, supuestamente encargada de velar por la educación en nuestra entidad.
Sabemos que la política, esa que mantiene a grupos y personas en los puestos públicos, lleva prioridad por sobre cualquier otro asunto o ámbito; sin embargo, he de mencionar, que cuando conocí, en agosto de 2019, la orientación que el gobierno entrante pretendía dar a la educación en Puebla, me entusiasmé y creí.
Estos principios fueron declarados en el No. 1 de la naciente ‘Cartilla Ética’ de la Secretaría de Educación Pública. Es en esta primera “Cartilla Ética el fin de la educación: Formar Ciudadanía para la Transformación”, que en forma de decálogo queda plasmado lo que en ese momento se establecía como espíritu de la educación para nuestra entidad, por lo menos para los siguientes seis años:
1.- La educación es un derecho de todos los mexicanos y no privilegio de unos cuantos. La educación, se concibe como una vía fundamental para el desarrollo humano y social equilibrado, que posibilita la reducción de las desigualdades y el combate a la pobreza.
2.- La educación es entendida como derecho de las personas, a desarrollarse integralmente, junto con los otros, en armonía con el entorno natural y cultural.
3.- La educación es un asunto público, por lo que su promoción es responsabilidad de todos; el derecho a la educación es impensable sin un ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos.
4.- La educación que ofrece el Estado, debe ser humanizante como proceso y como consecuencia.
5.- Como responsable, la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, promoverá un sistema educativo, basado en el respeto a la dignidad de las personas, y en la creación de condiciones de justicia y equidad.
6.- Para hacer real el ejercicio de la educación como un derecho ciudadano, el servicio educativo debe ser de calidad, basado en la excelencia académica de los procesos educativos, entendido como la búsqueda permanente de hacer mejor las cosas.
7.- Reconociendo al profesor como actor central, se ha de poner especial atención a su formación, tanto inicial como continua, así como a las condiciones en las que desarrolla su labor profesional.
8.- Dada su posición estratégica como gestores de los procesos educativos, tanto directivos como administrativos, deben ser formados, en correspondencia con la propuesta educativa.
9.- La escuela como constructora de ciudadanía, debe constituirse como un ambiente promotor de la democracia, a través de la convivencia escolar incluyente, participativa y dialógica.
10.- La ética, debe ser el marco en el cual se desarrolle toda actividad realizada en el ámbito educativo.
Este destello se presentó en un momento, y parecía ser el primer paso de un esfuerzo gubernamental para trabajar auténticamente por la educación; sin embargo, las evidencias de los últimos meses lo han convertido en un sueño truncado, una aspiración nuevamente lejana, e incluso, en enojo y frustración.
El menor de los problemas es desconocer del campo educativo y no saber por dónde ir para mejorar la educación, pues si éste fuera el caso, habría que acercarse a quienes saben o tienen propuestas para hacerlo; el problema es más primitivo: el desinterés oficial deja poco o nada que esperar, pero mucho por hacer, desde la resistencia pedagógica de la actividad diaria del profesor de aula y desde las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, conscientes de que la educación es asunto público y que asumen su compromiso y responsabilidad.
¿Será que esto nunca cambie? Resisto aceptarlo, así que seguiré aferrado a mi esperanza, siempre en movimiento.