La persistencia de carencias en servicios básicos, la baja conectividad, las barreras lingüísticas y las desigualdades entre regiones sigue limitando el ejercicio del derecho a la educación en diversas zonas del país, en especial en comunidades indígenas y rurales de Guerrero, Oaxaca y Yucatán, según los resultados del proyecto Cerrando brechas educativas: Políticas públicas educativas basadas en evidencia, presentado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE) de la Universidad Iberoamericana y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La jornada reunió a especialistas, académicos, autoridades educativas estatales y representantes de organismos internacionales, quienes dieron a conocer resultados de estudios cuantitativos y cualitativos sobre las desigualdades que persisten en el sistema educativo nacional, además de plantear posibles rutas de atención desde la política pública.
La investigación se construyó a partir de un enfoque de derechos y organizó su análisis en cuatro dimensiones: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Desde esa perspectiva, los equipos responsables identificaron rezagos en infraestructura escolar, problemas de inasistencia, debilidades en la formación docente, falta de pertinencia cultural en los procesos educativos y barreras particulares para niñas, adolescentes y estudiantes hablantes de lengua indígena.
De manera general, el estudio encontró que las entidades del sureste concentran algunos de los niveles más altos de analfabetismo, rezago e inasistencia escolar entre población indígena. Los investigadores señalaron además que estas brechas no se explican únicamente por el funcionamiento de las escuelas, sino también por factores estructurales como la pobreza, la violencia, la discriminación, la migración, la concentración de servicios y la escasez de oportunidades laborales.
En el caso de Guerrero –cuyo estudio estuvo a cargo de Stefano Sartorello, del Centro INIDE de la Ibero; Paola Ortelli, del Departamento de Historia de la misma universidad; y José Luis García, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)– el componente cualitativo del proyecto advirtió una “crisis de educabilidad”, al documentar que las condiciones de inseguridad y exclusión social desbordan la capacidad de la escuela para sostener por sí misma trayectorias educativas continuas. A ello se suman, según los hallazgos presentados, la brecha digital, las deficiencias en infraestructura, la limitada formación pedagógica y las dificultades para articular la vida escolar con el entorno comunitario.
Para Oaxaca, el estudio destacó la complejidad que representa su diversidad etnolingüística, así como la permanencia de desigualdades de género y obstáculos en la atención intercultural. En Yucatán, en tanto, se reportaron problemas vinculados con el abandono escolar desde etapas tempranas, los extensos tiempos de traslado hacia los planteles y la concentración de recursos y servicios lejos de las localidades con mayores rezagos.
Durante el encuentro, representantes de la CEPAL señalaron que el objetivo del proyecto es que la evidencia generada pueda traducirse en medidas concretas de política pública, así como fortalecer la cooperación entre instituciones académicas, gobiernos y organismos internacionales. Añadieron que la iniciativa también pretende desarrollar capacidades institucionales y propiciar espacios de interlocución entre distintos actores del ámbito educativo.
Entre las recomendaciones expuestas se encuentran el fortalecimiento de la conectividad digital como componente del derecho a la educación, la atención a la infraestructura escolar, la formación docente para contextos interculturales, el diseño de políticas focalizadas por territorio y la articulación de respuestas intersectoriales frente a los factores sociales que afectan la permanencia escolar.
Las investigadoras Sylvia Schmelkes y Rosa Wolpert, invitadas a comentar los resultados, coincidieron en que uno de los principales desafíos consiste en evitar que la evidencia producida quede restringida al ámbito académico. Ambas plantearon que garantizar el derecho a la educación implica construir decisiones públicas capaces de responder a contextos locales concretos y de colocar en el centro a las poblaciones históricamente excluidas.
Los organizadores informaron que los resultados completos del proyecto se publicarán próximamente y que su propósito es servir como insumo para acompañar a los gobiernos estatales en la definición de acciones orientadas a reducir las brechas educativas.