Herzel Nashiely García Márquez
Facultad de Educación y Humanidades,
Centro Anáhuac de Humanismo Mexicano,
Universidad Anáhuac México
El 20 de julio de 2026, en una corte federal de Brooklyn, Ismael El Mayo Zambada leyó una hoja de papel antes de que el juez Brian Cogan lo condenara a cadena perpetua y al decomiso de 15 mil millones de dólares. Dijo que eligió ese camino, que no hay justificación para lo que hizo, y pidió a los jóvenes elegir uno distinto.
La discusión pública se instaló de inmediato en la pregunta menos productiva: ¿le creemos? Ningún instrumento mide la sinceridad de una declaración judicial, y la respuesta —cualquiera que sea— no modifica una sola condición material en los territorios donde el crimen recluta. La pregunta incómoda es otra, y es estrictamente educativa: ¿qué significa pedirle a un adolescente que elija, en un país que no ha construido las opciones entre las cuales elegiría?
Lo más valioso del texto es que devuelve la palabra elección: reconoce el entorno y se niega a usarlo como coartada. Con ello esquiva dos explicaciones estériles que circulan con comodidad en nuestras aulas: el criminal esencialmente perverso, ajeno a la sociedad y sin historia; y el sujeto reducido a víctima absoluta de su contexto. Ninguna explica una trayectoria humana. Ninguna sirve para enseñar.
Bandura (1999) mostró que las personas suspenden sus propias sanciones morales mediante mecanismos identificables: justificar el daño, minimizar sus consecuencias, desplazar la responsabilidad, eufemizar la violencia, culpar a las víctimas. La carta parece invertirlos, pero conviene la precisión académica: un cambio en el relato no prueba una transformación moral. Los relatos de redención solo adquieren consistencia cuando van acompañados de reparación y cambios verificables, no cuando funcionan como desenlace conmovedor de una biografía pública (Maruna, 2001; Presser & Sandberg, 2015). De ahí una tarea educativa concreta: enseñar a leer relatos de redención sin ingenuidad y sin cinismo. Alfabetización crítica, no moralina.
La carta nombra personas, familias y comunidades —el delito deja de ser un asunto privado entre traficantes—, pero las víctimas permanecen abstractas, sin nombres ni pérdidas específicas, mientras el Departamento de Justicia documenta casi cuatro décadas de tráfico masivo, corrupción de servidores públicos y violencia sistemática. El problema no es que individualice la responsabilidad de Zambada: eso es correcto. Es que individualice el problema completo. El narcotráfico no es la suma de malas decisiones personales: es una economía transnacional que requiere mercados, transporte, armas, sistemas financieros, protección política, impunidad y consumidores. Confundir la caída de un capo con la del sistema que lo produjo es, precisamente, el error que la educación crítica existe para prevenir.
Hay también un riesgo simbólico. Zambada fue narrado como el capo invisible: discreto, rural, longevo, invulnerable. Después, como relato de traición y fin de época. Ahora puede emerger un tercer personaje, el patriarca derrotado que aconseja desde la cárcel. Ese personaje previene, pero también puede convertir la derrota en martirio y el arrepentimiento en grandeza. La narcocultura no equivale automáticamente a apología: legitima, pero también documenta, cuestiona y denuncia (Becerra Romero, 2018, 2023). Todo depende de quién narra, a quién escucha y qué horizonte humano produce. Esa distinción es hoy contenido curricular.
La frase más citada de la carta es también la más problemática. Elegir presupone opciones reconocibles, accesibles y dignas. Sen (2000) y Nussbaum (2011) lo formularon con una claridad que la política educativa mexicana aún no incorpora: la libertad no se mide por las decisiones que una persona toma, sino por los funcionamientos que efectivamente podría alcanzar. Sin capacidades reales, la elección es una ficción retórica; y la ficción retórica dirigida a los vulnerables se llama culpabilización.
Los datos concretan la abstracción. La Red por los Derechos de la Infancia en México estima entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento, y documenta que durante 2024 entre 388 y mil 84 adolescentes fueron privados de la libertad por delitos asociados a la delincuencia organizada: 20.6% más que en 2023 (REDIM, 2026). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2026) añade que la captación empieza a los seis años, mediante redes sociales, videojuegos y vínculos familiares.
A ese adolescente —el que dejó la escuela, el que sostiene a su familia, el que recibe del crimen la primera oferta de dinero, identidad y pertenencia— la evidencia disponible no le atribuye una fascinación causada por los corridos. El atractivo se vincula con el poder, el reconocimiento y la posibilidad de imponer las propias reglas (Becerra Romero & Hernández Cruz, 2019). La pregunta pedagógica no es qué escucha, sino qué formas de éxito alcanza a ver desde donde está parado.
Ahí el discurso preventivo choca con el presupuesto. El Ramo 48, Cultura, ejercerá en 2026 unos 15 mil 083 millones de pesos: cerca de 0.15% del gasto federal total y 4.6% menos en términos reales que en 2025, pese a la reasignación de última hora en la Cámara de Diputados. El gasto federal destinado a niñez y adolescencia cayó a 10.8% del PEF, por debajo del 11% de 2025 y lejos del 15% de 2015 (REDIM, 2026).
México canta por la paz y contra las adicciones ilustra la tensión con precisión casi didáctica. Es una iniciativa valiosa: no censura el regional mexicano, le disputa sus contenidos desde la creación misma. Su primera edición reunió más de 15 mil registros, 11 millones de visualizaciones y 222 mil 955 votos (Gobierno de México, 2026). Quince mil registros frente a doscientas cincuenta mil vidas en riesgo. La comparación no descalifica el concurso: revela su escala. Un certamen no es un sistema cultural. Seguimos produciendo eventos donde se necesitan ecosistemas: educación artística continua, centros culturales de proximidad, trabajo digno para artistas jóvenes, producción en los territorios, alfabetización mediática y algorítmica, proyectos de memoria con víctimas, evaluación independiente. La revisión de la Organización Mundial de la Salud sobre artes y bienestar no autoriza a sustituir justicia por talleres, pero sí desautoriza tratar la cultura como lujo prescindible (Fancourt & Finn, 2019; UNESCO, 2024).
La última palabra pública del Mayo no puede ser la última de la sociedad. Las responsabilidades son compartidas, pero no equivalentes. Las familias acompañan, aunque no compiten solas contra sistemas de recomendación diseñados con capacidades tecnológicas incomparables. La escuela forma pensamiento crítico, pero no sustituye empleo digno, protección territorial ni justicia. Las plataformas controlan la amplificación y deben responder por ella. El Estado conserva la mayor: perseguir el financiamiento criminal, combatir la corrupción, proteger a las infancias y financiar alternativas reales.
A la comunidad educativa le corresponde algo más difícil que repetir la consigna: convertir esta carta en objeto de análisis y no en lección moral. Preguntar en el aula quién narra, quién obtiene beneficios, quién aparece como héroe, qué consecuencias se omiten y por qué las víctimas reciben siempre menos desarrollo narrativo que los perpetradores. Y aceptar que enseñar a elegir sin construir opciones equivale a entrenar para una libertad que no existe.
Cada persona responde por sus decisiones; una sociedad responde por los caminos que abre, los que cierra y los que deja bajo el control de la violencia. La pregunta decisiva no es qué contenidos vuelven atractivo el poder criminal, sino qué poder legítimo, qué reconocimiento y qué futuro somos capaces de ofrecer a cambio, ¿hacia dónde dirigimos nuestra mirada y escucha como agentes sociales para hacernos responsables de nuestras elecciones?
Referencias
Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193–209. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303_3
Becerra Romero, A. T. (2018). Investigación documental sobre la narcocultura como objeto de estudio en México. Culturales, 6, e349. https://doi.org/10.22234/recu.20180601.e349
Becerra Romero, A. T. (2023). El estudio de la narcocultura mexicana: trayectoria y enfoques. Aisthesis, 73, 24–48.
Becerra Romero, A. T., & Hernández Cruz, D. A. (2019). Fascinación por el poder: consumo y apropiación de la narcocultura por jóvenes en contextos de narcotráfico. Intersticios Sociales, 17, 259–285.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2026). Informe Anual 2025. OEA.
Fancourt, D., & Finn, S. (2019). What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. World Health Organization, Regional Office for Europe.
Gobierno de México. (2026). México Canta por la Paz y Contra las Adicciones: Convocatoria 2026. Secretaría de Cultura / Consejo Mexicano de la Música. https://www.mexicocanta.gob.mx/convocatoria
Maruna, S. (2001). Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives. American Psychological Association.
Nussbaum, M. C. (2011). Creating capabilities: The human development approach. Harvard University Press.
Presser, L., & Sandberg, S. (Eds.). (2015). Narrative criminology: Understanding stories of crime. New York University Press.
Red por los Derechos de la Infancia en México. (2026). Balance anual 2025. REDIM.
Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Planeta.
UNESCO. (2024). UNESCO Framework for Culture and Arts Education.
United States Department of Justice. (2026, 20 de julio). Co-founder of the Sinaloa Cartel, Ismael “El Mayo” Zambada García sentenced to life in prison and ordered to forfeit $15 billion in drug trafficking profits.