Axel Meléndez
En semanas recientes, la ofensiva contra el pueblo cubano se ha intensificado. Este escenario se refleja principalmente en el recrudecimiento del bloqueo económico que enfrenta la isla, que ha limitado significativamente el acceso a insumos fundamentales, como el petróleo. La restricción del suministro energético afecta directamente la vida cotidiana de la población, pues dificulta el funcionamiento de servicios esenciales y compromete derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación. En este contexto, las universidades y las instituciones educativas no pueden permanecer ajenas a una situación que impacta profundamente en el desarrollo social de un país. Como espacios de reflexión crítica y de producción de conocimiento, están llamadas a contribuir al debate público y a promover una comprensión más amplia de las consecuencias humanas y sociales de estas políticas.
Frente a este contexto adverso, resulta pertinente recordar el papel histórico de Cuba en materia de cooperación y solidaridad internacionales. Reconocido como uno de los países con mayor vocación solidaria a nivel global, ha impulsado programas para ampliar el acceso a la educación y la salud en diversas regiones del mundo. Un ejemplo emblemático es la metodología de alfabetización “Yo sí puedo”, mediante la cual se ha contribuido a la alfabetización de cerca de 10 millones de personas en distintos países. En México, esta iniciativa se implementó en entidades como el Estado de México, la Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Tabasco y Veracruz, apoyando los procesos de alfabetización de miles de personas que previamente no habían tenido acceso a la educación básica.
De manera paralela, los aportes cubanos en el ámbito de la salud reflejan su estrecha vinculación con un proyecto educativo y social integral. El desarrollo de técnicas médicas, la investigación científica aplicada al sector sanitario y la creación de vacunas han sido ampliamente reconocidos a nivel internacional. Asimismo, Cuba ha enviado brigadas médicas a numerosos países para atender emergencias sanitarias, desastres naturales o crisis humanitarias, reforzando su compromiso con la cooperación internacional.
En coherencia con esta visión, el país impulsó la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), concebida para formar profesionales de la salud provenientes de comunidades con escasos recursos de distintas partes del mundo. Según cifras oficiales, más de 40,000 médicos de más de 120 países se han graduado en esta institución. Muchos regresan a sus lugares de origen para ejercer la medicina en zonas rurales o marginadas, contribuyendo a reducir las brechas en el acceso a los servicios de salud. Esta política refleja la concepción de la educación y la salud como derechos fundamentales y, al mismo tiempo, como instrumentos de cooperación entre los pueblos. De ahí la conocida consigna atribuida a Fidel Castro: “Bombas no, médicos sí”, que sintetiza la apuesta del país por la formación y el envío de profesionales de la salud en lugar de promover conflictos armados.
En consonancia con su enfoque educativo y su vocación internacionalista, Cuba también ha enviado especialistas en currículo, docentes y formadores a distintos países, apoyando la formación de maestros y asesorando en el diseño de modelos educativos integrales. Dichos modelos buscan articular educación, salud, deporte y cultura, bajo la premisa de que los procesos formativos deben responder a las problemáticas reales de las comunidades y contribuir a su desarrollo social.
En este contexto, marcado por nuevas presiones sobre el pueblo cubano, adquieren especial relevancia las expresiones de solidaridad de distintos sectores de la sociedad. En México, diversas universidades públicas han visibilizado la situación y promovido acciones de apoyo y reflexión. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha reconocido públicamente la existencia de una “crisis humanitaria derivada del bloqueo impuesto por Estados Unidos”. Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a través de su Comité Interno de Protección Civil, convocó a su comunidad a donar insumos para un centro de acopio instalado en las puertas de la rectoría.
En otras instituciones, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la comunidad universitaria organizó campañas para recolectar víveres en las explanadas principales de sus planteles. De igual manera, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) promovió, a través de diversas facultades, foros de reflexión sobre los desafíos que enfrenta el pueblo cubano y el papel de la solidaridad latinoamericana en estos escenarios.
Estas y otras iniciativas muestran que, más allá de las diferencias políticas o ideológicas, en amplios sectores de la comunidad académica mexicana existe una preocupación por las condiciones del pueblo cubano. Asimismo, ponen de manifiesto la relevancia de la solidaridad internacional como principio fundamental en momentos de crisis.
En este sentido, las universidades ocupan un lugar estratégico como instituciones capaces de incidir en el debate público y de formar una conciencia social crítica. Su función no se limita a la producción y transmisión de conocimiento, sino que también implica una responsabilidad ética frente a las injusticias que afectan a los pueblos. Cuando una sociedad enfrenta las consecuencias de un bloqueo económico prolongado y de un hostigamiento constante que impactan la vida cotidiana de millones de personas, la neutralidad institucional difícilmente puede sostenerse como una postura suficiente. Por el contrario, las universidades, en tanto espacios de reflexión crítica y compromiso con los derechos humanos, están llamadas a generar análisis rigurosos, a abrir espacios de discusión informada y a promover la solidaridad internacional. Asumir una posición frente a estas realidades no significa renunciar al rigor académico, sino reafirmar la función social de la educación superior como herramienta para la defensa de la dignidad humana y la construcción de sociedades más justas.
Más aún, la situación del pueblo cubano interpela directamente a las instituciones de educación superior. Cuando un país enfrenta durante décadas un bloqueo económico que condiciona su desarrollo y afecta la vida cotidiana de su población, la neutralidad institucional se convierte en una forma de omisión frente a la injusticia. Las universidades, como espacios de pensamiento crítico y de formación ciudadana, están llamadas no solo a estudiar estos procesos, sino también a fomentar el debate público y la solidaridad activa entre las sociedades. Reconocer esta responsabilidad implica comprender que la educación superior no puede permanecer al margen de los conflictos y desafíos del mundo contemporáneo.
De este modo, las instituciones educativas deben desempeñar un papel que trascienda el intercambio académico y la colaboración científica. Como espacios de pensamiento crítico, de formación ética y de compromiso social, las universidades tienen la responsabilidad de promover una cultura de solidaridad entre los pueblos. Esto implica no solo compartir conocimientos, investigaciones o experiencias pedagógicas, sino también asumir posicionamientos claros frente a las problemáticas que afectan a las sociedades. La educación, así, se convierte en un puente que articula conocimiento, conciencia y acción colectiva, fortaleciendo los lazos de cooperación, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un futuro más justo para los pueblos de América Latina y del mundo.