Es sabido que los políticos de sobra conocen las demandas y necesidades del pueblo; si no hubiera tal conocimiento, dudo mucho que algunos de estos “personajes” pudiera figurar en la arena política. Jugar con esas demandas y necesidades es hoy por hoy un “arte”, que indistintamente coloca a ciertos políticos en lugares en los que, de no ser por ese fino conocimiento, difícilmente hubieran llegado.
¿Por qué rumbo a la sucesión presidencial, y aún después de esta, el ex mandatario nacional en reiteradas ocasiones señaló que se revisaría la edad de jubilación para todos los trabajadores al servicio del Estado, incluidos los docentes, lo que permitiría recuperar el acceso a la jubilación de las maestras a los 28 años de servicio y de 30 años para los maestros?, ¿acaso se sabía que este tipo de declaraciones traería buenos dividendos para el momento político-electoral que se estaba viviendo en esas fechas? Digo, es lógico pensar que esta demanda, planteada desde la disidencia magisterial y compartida por cientos de docentes a lo largo y ancho de la República Mexicana sería bien recibida por éstos y, por tanto, sería respaldada con su voto popular en las urnas. Si esto no fuera así, ¿por qué pasado ese momento electoral el tema parece haberse perdido en el limbo de las iniciativas presidenciales que nada más se recuperan cada que se acercan las campañas electorales?, ¿ya no es un tema importante para la actual presidenta, aunque en su momento e independientemente de que López Obrador lo haya propuesto sí le generó buenos dividendos en su campaña política y por ello hoy despacha desde Palacio Nacional?
Es conocido que en la década de los ochenta y, particularmente, en los noventas, paulatinamente se implementó en nuestro país un modelo neoliberal que marcó una clara tendencia hacia la privatización y reducción paulatina de la protección y responsabilidad del estado para garantizar los derechos sociales y de bienestar para los trabajadores. En este sentido, habría que recordar que en 1991 se estableció el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), cuya finalidad consistía en que los fondos de las pensiones administrados por el estado se convirtieran en fondos de capitalización individuales y de administración privada, lo cual, como parece obvio, propició una serie de ajustes a la seguridad social, pero de corte neoliberal, donde el capital es lo que cuenta más no el trabajador.
Pocos años después se reformó la Ley de Seguridad Social (1997); reforma con la que dio, por así decirlo, el inicio a la privatización atrás referida, pues de tajo eliminó el sistema de pensiones que estaba bajo la responsabilidad del estado dando pauta a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE); esto aunado a una extensión del tiempo para que un trabajador pudiera acceder a una pensión por vejez en virtud de la cotización que éste debía realizar.
Sin embargo, el mayor daño a los trabajadores al servicio del estado, que incluye a los trabajadores de la educación, se dio en el sexenio panista de Felipe Calderón en 2007, cuando se reformó la Ley del ISSSTE de 1983; esto con el propósito de convertir los planes contributivos obligatorios por el estado a sistemas privados de capitalización individual, lo cual significó una modificación sustancial al sistema de jubilación y pensiones, porque profundizó el incremento en la edad para la jubilación y años de servicio por la cotización que dicho trabajador debía realizar al ISSSTE.
En aquel entonces, y a partir de esta reforma a la Ley del ISSSTE, surgió lo que en el magisterio se conoce como “cuentas individuales” y “décimo transitorio”, una especie de “clasificación” a la que el trabajador fue sometido sin que le fueran informadas las causas y consecuencias de una decisión que, como es sabido, afectaría años más tarde su seguridad social: jubilación y retiro.
Y bueno, del tema las UMA (Unidad de Medida y Actualización) implementada durante el sexenio de Peña Nieto mejor ni hablamos, la desindexación del salario mínimo para el pago de obligaciones, créditos, multas, impuestos y deducciones personales a través de dichas UMA’s, afectó y sigue afectando a los trabajadores activos, pero, principalmente a los pensionados, porque su pensión no es cuantificada en salarios mínimos sino en UMA’s y, como tales, tienen un valor menor al de dicho salario mínimo. En fin.
Regresando al tema que nos ocupa, qué bueno que el ex mandatario nacional haya pensado en las y los trabajadores de la educación previa presión, insisto, de la disidencia magisterial a través de la CNTE; qué malo que la actual presidenta no toque el tema o lo agende como una de sus prioridades.
Resulta obvio que las políticas neoliberales implementadas hace algunas décadas siguen causando serias afectaciones a los trabajadores al servicio del estado, quienes, en su mayoría se encuentran en un estado de indefensión porque su sindicato (SNTE), charro como lo es, no hace nada para exigir se atiendan las demandas y necesidades de sus agremiados.
Comenzar con recuperar la edad para que un trabajador o trabajadora pueda hacerlo a los 28 años de servicio o 30, parece ser un buen comienzo; sin embargo, pienso que este tema debe acompañarse con la exigencia de revisar y reformar el sistema de pensiones que actualmente opera.
Si el gobierno dice tener tanta preocupación por los distintos sectores sociales y laborales en nuestro país, además de estar en contra del neoliberalismo y a favor de un humanismo, por qué no priorizar este tema porque, como se ha visto, desde la década de los ochenta, las y los trabajadores al servicio del estado, incluyendo a los que se encuentran en el ámbito de la educación, han padecido los estragos de esos gobiernos tecnócratas y, cuyas políticas neoliberales, han precarizado y violentado sus derechos laborales y profesionales.
¿Tomará este tema la actual presidenta o transcurrirá su sexenio y cuando llegue el momento de hacer proselitismo lo pondrá en la mesa?
Al tiempo.