Ángel Rivera
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la educación en México ha mostrado una notable desconexión entre su retórica altamente hiper reivindicativa y los resultados reales en el sector educativo, especialmente en lo que respecta a la educación superior y las universidades públicas, mencionó Pedro Flores Crespo, Doctor en Política y Desarrollo por la Universidad de York, en entrevista con Tribuna de Querétaro.
La llegada de AMLO a la presidencia en 2018 trajo consigo la promesa de derogar la reforma educativa de 2013, implementada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que había generado un fuerte rechazo entre los maestros, especialmente los afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En su lugar, se aprobó una nueva reforma educativa en 2019, que eliminó la evaluación punitiva de los maestros y buscó restablecer los derechos laborales del magisterio.
Implementación y Efectos de la Reforma Educativa
La reforma de AMLO se centró en aspectos como el fortalecimiento de la educación inicial, la inclusión de la educación indígena y la promoción de la equidad de género, lo que se conocía como la Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, su implementación se ha puesto en cuestionamiento por la falta de claridad en la ejecución y por las dificultades para garantizar que los cambios propuestos realmente mejoren la calidad de la enseñanza. La eliminación de las evaluaciones de desempeño ha generado un debate sobre si esto ha afectado la profesionalización del magisterio.
El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales señala que el concepto de «calidad» fue prácticamente eliminado del discurso oficial, por lo tanto, también desapareció la evaluación de la calidad, lo cual considera grave dado que México había sido un referente en la región en términos de medición de calidad educativa. Resalta la preocupación ante la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la creación de la Comisión de Evaluación Continua de la Educación misma que también fue derogada, lo cual socava la posibilidad de evaluar de manera efectiva los logros educativos.
Además, marcó que, a pesar de los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Educación, muchos de ellos no se cumplieron. Un ejemplo claro es la meta de alcanzar un 50% de cobertura en Educación Superior, la cual no se logró, incluso con el apoyo de becas. Además, la reducción del presupuesto en términos reales destinado a las universidades ha impactado negativamente en la calidad educativa y en la formación docente, comentó.
Actualmente no se puede dar un balance de efectos empíricos, pues “no hay evaluaciones”, por lo tanto, ya no hay manera de registrar el avance y retroceso respecto a la calidad educativa en México.
Apuntó que durante su mandato se prometió tirar la reforma de Peña Nieto, pero no se mejoraron las condiciones de profesores sino de los mismos líderes sindicales, “una relación neocorporativa” ya que MORENA tiene como legislador a un líder sindical, refiriéndose a Alfonso Cepeda Salas. Todo apunta a una democratización de la educación, “una regresión al corporativismo priista como en el PRI de los setentas”.
Desafíos financieros y autonomía amenazada
Las Universidades Públicas también han sido impactadas por las políticas de AMLO. Aunque su gobierno ha promovido la creación de nuevas universidades para aumentar la cobertura educativa, las instituciones existentes han enfrentado retos financieros, y la calidad de la enseñanza en algunas áreas ha sido cuestionada. La reducción de presupuestos y la falta de recursos para investigación han generado preocupación entre académicos y estudiantes.
Respecto a esta relación, Flores Crespo describió un panorama preocupante. Destacó que este gobierno ha mostrado una aversión significativa hacia las universidades públicas, reflejada en la disminución del presupuesto y la imposición de la austeridad republicana, lo que ha llevado a condiciones precarias en instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Además, mencionó que en este sexenio se ha intentado intervenir en la autonomía de las universidades a través de la modificación de leyes orgánicas, bajo la excusa de democratizar las instituciones, pero con el objetivo de consolidar su control.
Además, recalcó que las políticas científicas impuestas por el gobierno han sido más destructivas que constructivas, pues ha tomado una posición “arbitraria, gobiernista y autoritaria”. Tal fue el caso la persecución de 31 científicos por parte del Estado, acusados de crimen organizado, aunque al final los procesos legales demostraron que no había fundamento para tales acusaciones. Esta acción fue vista como una política injustificada que refleja un uso del poder para fines políticos.
Flores Crespo concluyó que el sexenio de AMLO en el ámbito educativo ha sido un fracaso, no solo por no cumplir con sus promesas, sino también por la creación de una narrativa que busca justificar los fallos a través de un discurso político que no refleja la realidad.
Esta situación, según él, pone en grave riesgo la autonomía de las universidades y a la formación académica en el país, pues “la mentira se volvió en el elemento de gobernabilidad”. Además, subrayó la necesidad de que las universidades aprovechen la situación actual para renovar su enfoque y analizar críticamente por qué regímenes autoritarios han ganado popularidad en el mundo, incluyendo el de AMLO en México.
Destacó que ante estos fenómenos se puede generar mayor presencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través de la construcción de una ciencia política con argumentos y discusiones que se pueden llevar a congresos y seminarios. “Nos encontramos ante retos interesantes y oportunidades de pensamiento a partir de la desgracia que fue el gobierno ominoso de AMLO”, concluyó el académico.
Mientras el sexenio llega a su fin, la educación en México sigue enfrentando retos importantes. La sostenibilidad de las políticas implementadas, la capacidad de las Universidades Públicas para adaptarse a los cambios y la posibilidad de que surjan nuevas tensiones con los sindicatos serán factores determinantes en el futuro del sistema educativo mexicano, mismo que corresponderá a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.