Pues sí, Claudia Sheinbaum Pardo ya dictó sentencia. La última institución de la reforma educativa de 2013 quedará sepultada. En su panegírico, tras recibir la constancia de Presidenta electa, manifestó: “Vamos a dar fin a la Usicamm (por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y [los] Maestros), se acabó la Usicamm y vamos a construir, juntos y juntas, un nuevo sistema que tome en cuenta a los maestros y a las maestras”. Y, tal vez pensando en la historia negra de herencia, compraventa y renta de plazas de trabajo entre maestros, agregó, “por supuesto, sin caer en viejas prácticas de corrupción”.
La reforma de 2013 que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que apoyó el PRD como parte del paquete de reformas del Pacto por México, se desmanteló casi por completo con la enmienda al artículo 3 de 2019. No obstante, las dos instituciones icónicas de aquella apuesta, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Servicio Profesional Docente, se “refuncionalizaron”, como expresó un dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, inconforme porque no se abrogó por completo la mudanza que ejecutó el gobierno de Peña Nieto. El INEE se transformó en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, con capacidades muy disminuidas y una autonomía casi ficticia. El SPD devino en la Usicamm.
El presidente López Obrador, desde que envió el paquete de reformas constitucionales y otras el 5 de febrero pasado, apuntó el fin de la Mejoredu; se trasladará a la Secretaría de Educación Pública, borrando las escasas facultades que alguna vez tuvo. Pero la Secretaría de Educación Pública se resistía —acaso con buenas razones— a prescindir de la Usicamm, a pesar de que la famosa “basificación” de casi un millón de trabajadores de la educación la convirtió en casi un fantasma.
Tal basificación, además, hizo polvo la sentencia del artículo tercero: “La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones…, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales”. Hubo opacidad, inequidad y favoritismo, ya que, en su mayor parte, fueron los dirigentes sindicales, de las dos facciones, quienes tomaron las decisiones. Lo de que sean públicos pudiera ser una broma de mal gusto, pero, en realidad, es una tragedia.
Desde junio, el presidente López Obrador se comprometió con la CNTE a que enviaría propuestas de modificaciones a varios artículos a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y (los) Maestros, para que los dirigentes sindicales representaran papeles relevantes en la admisión y promoción de los docentes; también con la oratoria de evitar transas como en el pasado. Pero los líderes del SNTE son animales políticos (Aristóteles dixit) con décadas de experiencia que les permitió mantener sus estructuras corporativas y clientelares, a pesar de que el régimen de partidos le puso fin a la república imperial. Resistieron y se adaptaron al estilo de los gobernantes.
Sus dueños hoy están contentos. En la CNTE ven la declaración de la futura Presidenta como un triunfo propio, pero advierten que no hay que olvidar que este gobierno les prometió lo mismo y no cumplió. En la facción que comanda Alfonso Cepeda Salas aplauden y sueltan elogios: “Las y los maestros sabremos estar a la altura de la política educativa del nuevo gobierno federal” (Comunicado 36, SNTE, 15 de agosto).
Habrá que ver lo que la Presidenta con A propone en detalle, para evitar las costumbres de corrupción que distinguen a las dirigencias de las facciones del SNTE. La Usicamm es o fue un freno —débil—, pero freno al fin. Y, si va a construir una nueva institución con el concurso de esos líderes, regresarán las viejas usanzas, aunque quizá con nuevas carátulas.
- RETAZOS
PISA, siempre sí, pero a remolque y sin la Mejoredu.
En Michoacán no iniciarán clases el próximo lunes. Los líderes de las camarillas de la Sección 18 (CNTE) están enojados porque ni el gobierno local ni el federal les conceden lo que piden: más plazas para sus fieles.