Adrián Acosta Silva
Una de las primeras tareas de quienes ganan elecciones es el nombramiento del funcionariado público. Luego de las campañas, giras, debates, el llamado de las urnas y demás menjurjes del proceso electoral, los gobernantes electos tienen que definir a quiénes deben invitar para formar parte de su gabinete, cuáles son los perfiles más adecuados, los que pueden garantizar eficacia técnica, prestigio público y lealtad política. Y eso nunca es tarea fácil. Aunque sea parte de las rutinas institucionales, el nombramiento de funcionarios gubernamentales es un proceso complejo, sujeto a presiones, restricciones y reconocimientos, o pagos, de lealtades probadas en el pasado remoto o reciente.
Esas decisiones forman parte de la arquitectura que puede hacer funcionar la transición de un gobierno democráticamente electo hacia un gobierno legítimo y eficiente. No es sólo un asunto administrativo, burocrático, sino también forma parte de la política real, lo que implica articular ilusiones y promesas de campaña con políticas y programas públicos. Aquí, la política nuevamente va da la mano con las políticas por venir y con los políticos realmente existentes. La lucha por puestos y posiciones de las coaliciones triunfantes se convierte en el combustible principal de las tensiones internas de esas agrupaciones y sus liderazgos, que reclaman o negocian espacios de gobierno para incrementar su poder e influencia en las decisiones gubernamentales.
La política siempre es un asunto de grupos, tribus y partidos que ganan elecciones. Pasiones, ideas e intereses habitan las aguas profundas, a veces lodosas, de la política y de sus protagonistas. En regímenes presidencialistas como el mexicano, la fuerza de la presidencia es directamente proporcional al tamaño de sus apoyos y compromisos políticos, y esa fuerza, ganada primeramente en las urnas, se traducirá en poder y capacidades de gobierno. Pero también depende de las restricciones políticas, informativas, cognitivas o presupuestarias del nuevo gobierno. Durante el período postelectoral mexicano, la presidenta electa Sheinbaum enfrenta la tarea de calmar las aguas de las pasiones políticas a la vez que enviar señales de tranquilidad a los mercados financieros, y el nombramiento de los primeros funcionarios de su gabinete constituye un acto que cierra, simbólicamente, el sexenio obradorista y anuncia el inicio de su propio período de gobierno.
Las primeras decisiones ya han ocurrido y un puñado de funcionarios públicos han sido anunciados por la propia presidenta. Se trata de una mixtura de perfiles experimentados, muchos y muchas con habilidades técnicas y lealtades probadas, que han trabajado en el pasado con la propia presidenta durante su gestión como jefa de gobierno de CdMx o con el gobierno obradorista. Esos funcionarios representan trayectorias, intereses y orientaciones que coinciden con la idea general del gobierno que promueve Sheinbaum: comprometidos con el proyecto de la 4T, convencidos de la necesidad de consolidar y ampliar los programas iniciados por el obradorismo, capacitados para introducir ajustes ahí donde se requiera para dotar de mayor fuerza y profundidad a un gobierno con un enorme respaldo popular y una oposición política debilitada por una combinación de intervencionismo presidencial, una cultura política gobernada por la dependencia de programas sociales, y sus propios errores de cálculo y operación electoral.
Los calendarios y relojes de la política determinarán como siempre los movimientos y las orientaciones prácticas del nuevo gobierno. La nueva secretaría de ciencia, humanidades, tecnología e innovación que sustituirá al Conahcyt, o el nombramiento aún pendiente de quien se hará cargo de la SEP son, para el caso de la educación superior, señales clave para entender cuál será o puede ser el rumbo de esos campos de políticas públicas, donde la polémica y el cuestionamiento de las comunidades involucradas caracterizaron permanentemente la gestión de las responsables de la conducción de las políticas federales en sus respectivos ámbitos de competencia durante el sexenio que termina.
Por supuesto, los nombres importan, pero más los diagnósticos puntuales que desde ahora se han comenzado a elaborar para la hechura de las políticas federales que se diseñarán e implementarán para el período 2024-2030. La agenda de las políticas constituye el foco que concentra la atención de los actores y espectadores de cada campo de políticas, y en las próximas semanas los nuevos responsables de las distintas áreas de gobierno tendrán que presentar sus propuestas a la presidenta para calibrar su viabilidad técnica, oportunidad política y factibilidad presupuestal.
En un contexto sembrado de las restricciones y contrahechuras ideológicas, normativas, políticas y financieras heredadas por el obradorismo, el nuevo gobierno debe aprender rápido a establecer su propio perfil y prioridades. El funcionariado público que iniciará sus gestiones formalmente a partir de octubre ya está cabildeando apoyos, integrando equipos de trabajo, y evaluando las primeras acciones en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. Es la hora de gobernar, de darle vuelta a la página del gobierno anterior, y dibujar los trazos de su propio futuro. Es un momento delicado, clave para definir el mapa gubernativo de un territorio delineado por un oficialismo de tendencias autocráticas que puede dominar sin mayores contratiempos legislativos o judiciales a una oposición confundida y debilitada.
En un contexto marcado por las amenazas del regreso trumpista, la expansión de la ola de ultraderechas europeas, o el fenómeno del mileinismo argentino, el cálculo y el azar dominan el panorama internacional del nuevo gobierno morenista. Es una situación de riesgos que recuerda las palabras de Karl Kraus refiriéndose a la Europa de 1917: “Ya no existen ni ballestas ni tiranos; sólo existen la técnica y los burócratas (….) Autocracia como término técnico: vale, podría ser. Una cosa que no gobierna ella sola, sino por sí sola, mecánicamente. Y todos son impulsados por la palabra vacua de un soberano llamado azar, que es quien gobierna la cantidad”.