Adrián Acosta Silva
Como ocurre inexorablemente cada fin de sexenio, la educación superior mexicana enfrenta nuevamente un período de incertidumbres, desafíos y oportunidades. Los cambios experimentados durante el sexenio obradorista marcaron, para mal o para bien, las brechas, encrucijadas y rutas del futuro de la educación terciaria y, en especial, de las universidades y los centros públicos de investigación. Los cambios normativos (reforma al artículo tercero constitucional, LGES, SNII, Conahcyt), los programas sectoriales (Prones), el estancamiento del financiamiento público al sector, la ralentización del crecimiento de la matrícula y de la cobertura, del profesorado y del número de instituciones públicas y privadas, son algunos de los factores que hay que considerar para establecer un balance y una perspectiva sobre el presente y los posibles escenarios futuros del sector.
Ya se sabe que en México el tiempo político y de políticas está marcado por los calendarios y relojes sexenales del gobierno en turno. Sin embargo, el tiempo educativo siempre es transexenal, un período largo donde se acumulan los rezagos e insuficiencias del pasado, y se agregan de manera constante nuevos factores de contexto que inciden en las decisiones de políticas del sector. Todo ello influye para determinar o condicionar los diagnósticos y perspectivas de acción de las nuevas coaliciones gobernantes surgidas de procesos electorales más o menos competidos, que reconfiguran los oficialismos políticos y sus respectivas oposiciones.
El triunfo contundente de la coalición Sigamos Haciendo Historia en las elecciones federales del domingo pasado significa un claro mensaje de continuidad con lo ocurrido en el sexenio que agoniza. El paisaje después de la batalla electoral es el del fortalecimiento político del morenismo y un debilitamiento relativo de sus oposiciones. En los próximos meses observaremos el grado de continuidad o de distanciamiento del nuevo gobierno morenista en los distintos campos de las políticas públicas. En el de la educación terciaria importarán sin duda los nombres y rostros del nuevo funcionariado, pero más el tipo de diagnósticos específicovs que fundamentarán el diseño de los programas públicos dirigidos a resolver los principales problemas del sector, y las reacciones de los distintos actores que participan en las diferentes arenas de políticas a nivel nacional, subnacional y local.
En esas circunstancias, la construcción de una nueva agenda para la educación superior trae consigo la definición de los principales problemas que deberán ser atendidos en el futuro inmediato y del largo plazo mexicano (2024-2030). La definición de la agenda es una tarea política y técnica que implica considerar la maldición de las piedras que una y otra vez las instituciones de educación superior han tenido que cargar hasta la cima del sexenio para luego volver a caer al fondo de la montaña sexenal. Financiamiento, evaluación, cobertura, acceso, equidad, calidad, eficiencia, eficacia, son algunas de las rocas que desde hace varios sexenios son cargadas por los múltiples Sísifos mexicanos de la educación superior con la esperanza de que, ahora sí, las piedras queden en su lugar para no volver a arrastrarlas una y otra vez desde el fondo del abismo.
El problema central, estratégico, de toda agenda es el de asumir o modificar las restricciones legales, presupuestales, políticas y organizativas que implica todo tipo de regulación pública sobre la educación superior.
Además, es necesario considerar el tamaño, naturaleza y complejidad de los déficits de la acción pública del pasado remoto o reciente, y la magnitud de los esfuerzos gubernamentales para resolverlos.
La experiencia mexicana de regulación ha descansado en las últimas administraciones sexenales en dos grandes modelos de políticas regulatorias. Por un lado, un modelo de incentivos dirigidos a estimular cambios institucionales en la educación superior. Por el otro, un modelo burocrático centrado en la aplicación más o menos rígida de normas, decisiones y reglamentaciones gubernamentales. En ambos casos, las fallas de diseño e implementación de los programas y políticas constituyen el núcleo explicativo de los logros, insuficiencias, o efectos no deseados y perversos de las acciones públicas.
Evitar el síndrome de Sísifo es el principal desafío del nuevo gobierno nacional en educación superior. Eso significa establecer un marco regulatorio de carácter inteligente, que aprenda de los efectos no deseados de las políticas basadas en incentivos ciegos, pero también de la ineficacia o ineficiencia de las políticas burocráticas centralizadas. Un entorno de políticas que favorezca la coordinación y cooperación de las acciones públicas -es decir, una gobernanza sistémica-, pero que también permita construir los consensos normativos básicos sobre las prioridades nacionales que deberán atenderse en los próximos años.
Todo ello supone no sólo voluntad política para encarar los ajustes, cambios y continuidades sexenales, sino también la definición del orden de prioridades y los tiempos políticos de las políticas de educación superior. ¿Cómo superar los efectos de la austeridad impuesta a las universidades públicas desde hace más de una década? ¿De que manera se atenderán los problemas derivados de la sub-regulación de la educación superior privada? ¿Qué pasará con el Tecnológico Nacional de México, las escuelas normales, las Universidades para el Bienestar y los nuevos proyectos públicos de educación superior? ¿Qué ocurrirá con el financiamiento público a la ciencia y la tecnología, con las condiciones laborales de profesores e investigadores?
Estas cuestiones son parte de la definición de los asuntos de interés público que el nuevo gobierno debe atender en el (muy) corto plazo. De otro modo, la mitológica figura de Sísifo seguirá acompañando el ánimo y los esfuerzos que han caracterizado el comportamiento institucional de la educación terciaria mexicana. Quizá es el tiempo de que Sísifo obtenga un descanso, y vuelva a lo que siempre ha sido: sólo una fascinante metáfora de la mitología griega que representa el castigo eterno que impuso Zeus a un rey corrupto y sin escrúpulos, y no una representación de los esfuerzos constantes pero insuficientes que los diversos actores de la educación superior han realizado para cumplir los objetivos de equidad, calidado cobertura que posibiliten que la educación superior sea un mecanismo de movilidad social ascendente para millones de mexicanos..