Rosalinda Morales Garza*
La interdependencia y progresividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) aportan un fundamento a las expectativas de la sociedad, desde los principios de igualdad y no discriminación, para las múltiples interrelaciones sociales que se establecen, lo que favorece la cohesión social y potencia el desarrollo y empoderamiento de todos, cuando se cumplen.
Observar las posibilidades de realización de los DESCA, lleva a evidenciar la insuficiencia de recursos de la población en pobreza y con riesgos para el ejercicio de sus derechos fundamentales[1] por la falta de empleo, de alimentación, de salud, de educación, seguridad social, vivienda digna, agua o un ambiente sano. Para su cumplimiento y con fines de desarrollo social integral, las políticas públicas han de tener un enfoque de derechos y dar seguimiento a distintas dimensiones que inciden en el desarrollo social y humano.[2] También es necesario enfocarse en problemas estructurales de desigualdad, pobreza, empleo informal y vulnerabilidad.
Respecto a las alternativas para que el Estado actúe asertivamente, la CEPAL propuso invertir en salud universal, educación de calidad y sistemas de cuidados como pilares de un nuevo Estado de bienestar, argumentando que dejar que el bienestar de las generaciones más jóvenes dependa exclusivamente de las personas adultas del hogar y de las fuerzas del mercado es socialmente ineficaz, económicamente ineficiente e inaceptable desde una perspectiva de derechos.
Con relación a las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación, después del COVID-19 los niveles proyectados de pobreza extrema tuvieron un retroceso de 25 años; el 45% de los menores de 14 años se encuentran en situación de pobreza y la tasa de pobreza en las mujeres entre 20 y 59 años es más alta[3], resultando en el incremento de las personas que viven vulnerabilidades. [4]
Katzman[5] y otros, han contribuido al conocimiento e identificación de las vulnerabilidades[6] –bucles interminables– que impiden salir de la pobreza. Esto se puede observar en:
1. Riesgos en el hogar, por las condiciones de construcción o higiene de la vivienda, cuando la hay; la falta de seguridad de niñas (y niños) por la ubicación geoespacial o la contaminación de aire, agua o alimentos; la falta de cuidados, el abuso o la violencia por familiares y otros.
2. La no asistencia a la escuela e ingreso temprano al mercado laboral pone en riesgo el derecho a vivir en condiciones de bienestar y la posibilidad de un desarrollo integral.
3. Riesgos en el transporte y en la movilidad humana, donde la violencia, el acoso y el abuso sexual demeritan sobremanera la dignidad y la seguridad de las mujeres y la de la niñez que se transporta y migra sola o acompañada en condiciones en las que, en múltiples ocasiones, funcionarios y delincuentes vulneran el derecho a la vida, a la salud, a no ser discriminados y, en general, el derecho a vivir una vida libre de violencia, entre los principales.
En cuanto a los riesgos de la población femenina, quienes históricamente, mediante posturas críticas y participación en movimientos sociales, trabajamos por alcanzar la progresividad en la consecución de los derechos de las mujeres, observamos que están en riesgo de que se vulneren sus derechos sexuales y reproductivos en todas las etapas de su vida. Ello se agrava si no participan de una educación para ejercer su sexualidad de forma responsable, libre e informada; si no se salvaguarda su derecho a tener relaciones sexuales consensuadas y libres de maltrato y violencia o la maternidad sin condicionamientos; y si no conocen y no tienen acceso a métodos anticonceptivos o a condiciones hospitalarias y de atención profesional ante decisiones sobre su embarazo. Otro riesgo del que hay evidencia son las reiteradas quejas presentadas ante los organismos defensores de derechos humanos por la violencia obstétrica que continuamente se presenta en las instituciones de salud.
Para la administración pública responsable de contribuir a garantizar las condiciones para la vida digna de todos, es fundamental un desempeño basado en el marco normativo constitucional, mismo que establece los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como hacer coincidir su quehacer con el horizonte de la paz y la prosperidad planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Metas 2030.[7]
Con relación al ODS 5 Igualdad de Género, en cuanto al empoderamiento de las mujeres y niñas, se introduce el concepto de cuidado como un derecho social, con énfasis en el acceso al cuidado de los grupos en situación de dependencia (niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad), y el precautelar en el ejercicio de los derechos sociales y laborales de hombres y mujeres con responsabilidades familiares, para contribuir a resolver las tensiones entre la vida familiar, laboral y las desigualdades de género. Destacando así el nivel de exigencia para que el Estado tome responsabilidad para hacer cumplir la igualdad, y no dejarlo como un asunto privado de las familias, como se consideraba antaño.
Para que el Estado pueda velar por el cumplimiento de los derechos humanos –entendidos éstos como paradigma para lograr la justicia– los organismos nacionales dan atención, documentan quejas y emiten recomendaciones específicas o generales, para que se reparen –y no se repitan– las violaciones a derechos humanos; realizan actividades de prevención, sensibilización, contextualización y apropiación social, con acciones formativas, de promoción y divulgación de los derechos humanos.
Desde el activismo y la academia, mujeres como Marcela Lagarde[8] proponen que las políticas públicas –en salud, seguridad, educación, cultura y otros– se impliquen para alcanzar el poderío personal y de género de las mujeres: ejercer control sobre nuestras vidas; tomar decisiones informadas, contando con educación y redes de apoyo; tener nuestros propios juicios y valores, y actuar con autonomía. Con ello, se podrían contar con más activos para el cumplimiento de los derechos de las mujeres, en todos los ciclos de su vida y en espacios públicos y privados.
Hay que considerar que, en la búsqueda por alcanzar los DESCA, confluyen factores que devienen de la desigualdad estructural, la exclusión social y la falta en la gestión de lo público. Estos factores impiden el acceso a herramientas y oportunidades a las poblaciones que necesitan incrementar sus capacidades y generar capital social que les empodere para disminuir sus vulnerabilidades, y así poder enfrentar desafíos con posibilidades más amplias sobre el ejercicio de sus derechos.
https://www.muxed.mx/blog/derechos-desca
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Rosalinda Morales Garza* Integrante de MUXED, especialista en inclusión, educación, derechos humanos, gestión pública y género. Encabezó la educación comunitaria en CONAFE y la educación indígena en la SEP. Es directora general del Programa DESCA en la CNDH; Doctora en Administración Pública; y delegada en informes periódicos PIDESC, CEDAW, CDN, CPCD.
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[1] CONEVAL (2022), Medición multidimensional de la pobreza en México, 2016 – 2020, Recuperado el día 23 de marzo del 2023, de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx
[2] CONEVAL (2016), Medición multidimensional de la pobreza en México: un enfoque de bienestar económico y de derechos sociales, Recuperado el día 23 de marzo del 2023, de https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/FolletosInstitucionales/Documents/Medicion-multidimensional-de-la-pobreza-en-Mexico.pdf
[3] CEPAL (2022), Seminario web “La transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible”, Recuperado el día 14 de diciembre del 2022, de https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-web-la-transformacion-la-educacion-como-base-desarrollo-sostenible.
[4] UNDP (United Nations Development Programme), OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative). 2022. 2022 Global Multidimensional Poverty Index (MPI): Unpacking deprivation bundles to reduce multidimensional poverty. New York.
[5] Rubén Katzman, (2000), Notas sobre la medición de la vulnerabilidad social, Universidad Católica de Uruguay, Uruguay.
[6] Rubén Katzman, (2000) señala que “Debe hacerse patente la distinción entre vulnerabilidad y desigualdad social, la desigualdad la entendemos como una relación de disimilitud entre dos o más elementos y vulnerabilidad la entendemos como una condición de riesgo o indefensión, es decir, la susceptibilidad a sufrir algún tipo de daño o perjuicio, o de padecer la incertidumbre. Por vulnerabilidad social entendemos la incapacidad de una persona o de un hogar para aprovechar las oportunidades, disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos, para mejorar su situación de bienestar o impedir su deterioro.”
[7] UN, 2022, Objetivos de Desarrollo Sostenible, recuperado el día 23 de marzo del 2023 de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
[8] Marcela Lagarde y de los Ríos (2006), El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, recuperado el 23 de marzo del 2023 de https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_MarcelaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf