Resulta fundamental que la autoridad educativa estatal trabaje poniendo mucha atención a 3 áreas clave
Gustavo Rojas y Daniel Rodríguez / Director general e investigador en Mexicanos Primero Sinaloa
Irregularidades en el manejo de plazas por parte de funcionarios hoy desvinculados de la SEPyC, revelan que la existencia de redes de corrupción sigue siendo un problema en el sistema educativo estatal. Además de ser una flagrante contradicción con la calidad ética que debiera caracterizar el desempeño de la función pública -sobre todo en la educación- estos hechos revelan la fragilidad de las instituciones.
Conociendo a las personas correctas, formando parte de los grupos de interés políticos precisos, se puede llegar a utilizar a una institución responsable de garantizar el derecho educativo de niñas, niños y jóvenes en Sinaloa sólo para “servirse”. Las personas dejan sus cargos directivos, vuelven a sus plazas previamente asignadas de por vida, y sólo si hay rigor, pagan responsabilidades.
Pero el daño en la imagen de instituciones como la SEPyC, permanece.
Revertir ese daño implica atacar la raíz del problema ¿Está el sistema educativo condenado a padecer la corrupción para siempre? La respuesta es clara: No.
Antes de 2013, la nómina magisterial, pagada a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), se caracterizó por la opacidad y captura. En dicho fondo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó muchas inconsistencias en el uso de los recursos públicos.
Posteriormente, con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013 se detectarían cientos de miles de registros irregulares dentro de la nómina (12,028 sólo en Sinaloa). Entre los principales hallazgos, se encontraron pagos a comisionados sindicales, a personas no adscritas en sus centros de trabajo (posibles aviadores) y pagos a personas que habían fallecido o se habían jubilado.
Con el objetivo de mejorar el manejo de los recursos educativos, se creó el Fondo de Aportaciones para la Nómina educativa y Gasto Operativo (FONE) que sustituyó al FAEB. Gracias al FONE, la federación podría tener mayor control de las transferencias de recursos a los estados a través de las ministraciones, y contar con una mejor oportunidad de dar seguimiento al ejercicio de los recursos.
A pesar de esos cambios, en 2019 la ASF publicó el Informe Especial Pase de Lista del FONE 2017, donde se encontró en Sinaloa 607 registros irregulares de trabajadores pagados con la nómina federal, detectando un probable daño a la hacienda pública por 203 millones de pesos. La corrupción es un problema duro de resolver.
Pero los resultados de la revisión del ejercicio de presupuesto del año 2021, realizada por la ASF, da razones para creer que sí se puede doblarle la mano a este vicio estructural. En el informe que analiza el gasto asociado a la nómina educativa federal para el estado de Sinaloa durante el último año de la administración quirinista no se encontraron registros irregulares.
Esto no equivale a decir que la gestión fue perfecta. Hubo errores como pagos a personas fallecidas, pagos duplicados, a trabajadores con licencia o que habían sido dados de baja. Estas fallas pueden ser comprensibles en el manejo de una nómina de decenas de miles de personas. Pero todas las observaciones encontradas fueron solventadas, es decir: o se dio una justificación satisfactoria de dichos pagos o se reintegraron los fondos mal utilizados.
¿Resultado? Un uso razonable de los recursos públicos.
Será hasta febrero de 2024 cuando podremos conocer la primera auditoría federal de la administración del gobernador Rubén Rocha. Para que el compromiso de luchar contra la corrupción en educación sea real y sistemático, no bastará sólo con las desvinculaciones y sanciones a los funcionarios que hacen mal uso de su cargo. También será necesario mejorar la calidad de la gestión operativa interna de la SEPyC y minimizar el riesgo de nuevas confabulaciones ilegítimas.
Para ello, resultará fundamental que la autoridad educativa estatal trabaje poniendo mucha atención a 3 áreas clave:
- El USICAMM, sistema que regula las solicitudes de nuevo ingreso y promociones por parte de los maestros y que administra y asigna las plazas que se entregan. En este punto, es importante retomar la práctica de contar con observadores ciudadanos en los procesos de asignación. Mexicanos Primero Sinaloa participó en múltiples ocasiones en dichos procesos durante los años de vigencia del sistema previos a la llegada de la nueva administración. Aunado a esto, debieran incorporarse mecanismos para transparentar y asegurar que todas las plazas sean concursadas y que el orden de prelación del ingreso y promoción docente sean de conocimiento público.
- El área de recursos humanos: en la cual se manejan entre otras cosas, todas las logísticas asociadas a los pagos de cada una de las plazas. La diferencia que puede haber entre pagar nóminas por la vía de transferencias electrónicas y mediante cheques no es menor. Mientras con transferencias el pago cae automáticamente en la cuenta asignada sin verificación de identidad, el cheque permite entregar el pago directamente en las manos de la persona beneficiada por la plaza.
- El área de informática: en donde se conforman, editan y validan las bases de datos de la nómina, en donde algunas de las variables son cargo/posición, centro de trabajo y salario. En esta área podrían estar albergadas algunas de las principales responsabilidades a la hora de construir una base de datos pública que informe a toda la sociedad de la nómina magisterial de cada centro escolar.
Por cierto, una solución sustantiva a este problema va más allá de la SEPyC. Dado que actualmente las plazas financiadas por recursos estatales no son auditadas por la ASF, también será necesario que el poder ejecutivo y legislativo realicen cambios normativos y asignen recursos para poder al fin auditar la nómina estatal, como sí ocurre con la federal. Asimismo, que toda esta información se encuentre en un portal público con todos los requerimientos que estipula el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El tiempo dirá si la voluntad moral y retórica de ganarle a la corrupción fue acompañada de un esfuerzo técnico y profesional a la altura del desafío.