Hace varias décadas, en una charla informal con varios académicos que publicamos artículos de opinión, un secretario de Educación Pública comentó que las escuelas normales rurales tenían virtudes y que era innegable su aportación a la educación nacional, en especial a la instrucción de los pobres de zonas campesinas. Pero han sido un dolor de cabeza para el gobierno, al menos desde los años 50.
Aquel secretario no abundó, hasta dio la impresión de que no quería hablar de ellas, no de la formación de docentes ni de la pertinencia del currículo para los tiempos presentes ni de su sesgo ideológico ni de su labor “social”. Insinuó que el problema era la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México —la organización de lucha de los estudiantes de las escuelas normales— que, desde su perspectiva, sus dirigentes locales gobernaban en buena parte de sus escuelas, en especial en el ingreso y la administración del internado.
Anoté que quizá desde la visión del gobierno no veían el conflicto casi perene de las escuelas normales como una oportunidad para buscar mejoría, sino como una contrariedad, una piedra en el zapato.
Hoy, conforme a la narrativa del gobierno, del presidente López Obrador en persona, eso fue en los tiempos neoliberales. Hoy —afirma ese relato— las normales rurales son pilares fuertes de la cuarta transformación.
No obstante, las manifestaciones de la semana pasada frente a la SEP y el Palacio Nacional de estudiantes de las normales de Ayotzinapa, Mactumactzá y Teteles lo contradicen. Los inconformes exigen se resuelva el pliego de las estudiantes de la Normal Rural, Carmen Serdán, de Teteles, Puebla: 1) Destitución de los directivos. 2) Reactivación del diálogo entre las estudiantes normalistas y los gobiernos federal y local. 3) No mercantilización educativa. 4) Reinstalación de tres estudiantes expulsadas. 5) Cumplimiento de acuerdos tomados con el gobierno de Miguel Barbosa desd
Pudiera pensarse que para los gobiernos “neoliberales”, tenía cierta lógica la animadversión contra los normalistas de esas escuelas, ya que la FECSM se declaraba en contra del gobierno y de la globalización. Sin embargo, las normales rurales fueron algo más que un dolor de cabeza para el régimen de la Revolución mexicana, antes del neoliberalismo. Con todo y que en el pregón el sistema político se vanagloriaba de su origen revolucionario, en 1969 el presidente Diaz Ordaz cerró 15 de 29 escuelas.
José Guadalupe Sánchez Aviña publicó un avance de su estudio sobre “¿A quién pertenecen las escuelas rurales?” (Revista Aula, 24/10/22), distingue tres modos para desaparecer a estas escuelas. La directa, que ejerció Diaz Ordaz; otra, vía el presupuesto; y la actual, donde el Estado las abandona a su suerte. Agrega: “la que hoy presenciamos, es la más nefasta de las tres modalidades, implica abandonar a estudiantes y comunidad de colaboradores, a su suerte”.
Más aún. De acuerdo con Mauro Jarquín Ramírez (La Jornada, 23/10/22): “En un gobierno de origen democrático cuyo principal elemento retórico ha sido considerar primero a los pobres continuar con el abandono del normalismo rural sería simplemente una traición a las causas populares”.
Ayer martes, el Comité Estudiantil Ernesto Che Guevara de la normal rural Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala, la CNTE y otros grupos marcharon del Ángel de la Independencia al zócalo para protestar contra la represión a las estudiantes que costó la vida a la alumna Beatriz Rojas Pérez. También exigen la renuncia del director y ahora de funcionarios del gobierno local. El conflicto va para largo.
¡Paradojas del populismo! Quién iría a pensar que este gobierno abandonaría a las escuelas normales rurales, tan cercanas al corazón y a la retórica del presidente.