Descalificar a las evaluaciones estandarizadas, como pretende hacer el actual gobierno, es muestra de ignorancia, prejuicios y una gran carga ideológica.
Existe un consenso mundial sobre la importancia que tiene la educación para el desarrollo social y económico de las naciones, ya que representa el mejor camino para reducir las brechas sociales y el medio idóneo para acercarse a las economías de los países más desarrollados. Históricamente, el sistema educativo mexicano ha mostrado un crecimiento importante; sin embargo, actualmente, presenta niveles de cobertura muy desiguales (entre los distintos niveles educativos y zonas geográficas), así como resultados de aprendizaje magros e inequitativos (a lo largo y ancho del país). Por lo anterior, una de las tareas más sentidas que se le demanda al gobierno en turno es lograr que el sistema educativo del país se convierta en un mecanismo eficaz que logre que todos los mexicanos, independientemente de su condición económica y étnica, puedan crecer intelectualmente, realizarse como seres humanos y convertirse en ciudadanos que contribuyan a mejorar la sociedad en que vivimos.
Por ello es fundamental tomar en serio la declaración de Incheon “Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de toda la vida”, formulada en el Foro Mundial de la Unesco (2015), que establece entre otras recomendaciones: 1) proporcionar educación de calidad, equitativa y gratuita durante doce años, 2) superar todas las formas de marginación y desigualdad en el acceso a y de los servicios educativos, así como en los resultados de aprendizaje y 3) fortalecer los mecanismos para evaluar los resultados de aprendizaje y medir el progreso educativo a lo largo del tiempo.
Desgraciadamente, el gobierno de la 4T ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la declaración que México firmó junto con otras 192 naciones (casi la totalidad del planeta). Por razones políticas e ideológicas, así como por prejuicios e ignorancia, el gobierno de la 4T ha desmantelado y desalentado el uso de las evaluaciones de gran escala, cuyo propósito es medir el progreso de los resultados de aprendizaje y, con base en ellos, tomar decisiones de política educativa y rendir cuentas a la sociedad. Además de eliminar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), limitar las atribuciones a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y anular en la práctica a la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP, las autoridades gubernamentales han declarado en diversas formas (por ejemplo, en los nuevos planes y programas de estudio) que la evaluación de gran escala es perjudicial para el sistema educativo debido a que es: estandarizada, descontextualizada, cuantitativa, externa a la escuela, no considera la opinión de los docentes, permite el ordenamiento de los países, ha obedecido a intereses internacionales y ha incentivado la competencia entre los docentes. En mi opinión, dichas críticas son infundadas por las siguientes razones.
Estandarizar no significa más que homologar la forma de administrar una evaluación y de calificar sus resultados. Con evaluaciones no estandarizadas es imposible comparar los resultados entre países, grupos de estudiantes y entre ellos mismos a lo largo del tiempo. En la mayoría de las disciplinas científicas, las evaluaciones se estandarizan, como es el caso de la psicología y de las ciencias médicas.
Se descalifica a las evaluaciones de gran escala, porque no toman en cuenta el contexto de los estudiantes. Se olvida que estas evaluaciones se acompañan de cuestionarios dirigidos a estudiantes, docentes y padres de familia que permiten tener un referente sobre las características escolares del alumno y su entorno sociocultural; información que hace posible interpretar los resultados de manera contextualizada. Lo mismo sucede con la medición de la química sanguínea cuyos reactivos y administración son idénticos para todas las personas, pero no su interpretación, la que depende de las características de las personas: sexo, edad, condición de salud, etc.
Se critica a las evaluaciones cuantitativas porque solo evalúan los resultados de aprendizaje, pero no los procesos cognitivos del estudiante. Por ello, se juzgan como superficiales e inadecuadas para evaluar el conocimiento de los estudiantes. Sin embargo, a pesar de esta limitación, nadie estaría en desacuerdo que con estos instrumentos se puede estimar de manera bastante exacta el dominio que una persona tiene de un idioma o de las matemáticas —basta recordar que con el examen Toefel se evalúan las competencias de inglés en casi todo el mundo, de manera muy certera—. La razón de ello es que las evaluaciones de gran escala utilizan metodologías matemáticas muy sofisticadas, que se han venido desarrollando y afinando desde hace más de un siglo, y que permiten garantizar la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados.
Por lo extenso del tema, en la 2ª parte de esta columna se analizarán otras críticas recurrentes a los exámenes de gran escala, como: son externas a las escuelas, no consideran la opinión de los docentes, permiten el ordenamiento de los países y de escuelas, han obedecido a intereses extranjeros y han incentivado la competencia entre docentes. Por ahora, basta decir que prescindir de las evaluaciones de gran escala para monitorear los resultados de aprendizaje de un país —como ha decidido el gobierno de México— muestra una gran ignorancia, muchos prejuicios y una gran carga ideológica en esta decisión. La pérdida de aprendizajes ocasionada por el cierre prolongado de las escuelas es una preocupación generalizada en todo el sector educativo; sin evaluaciones de gran escala será imposible conocer el rezago educativo que presentan los estudiantes y, en consecuencia, la manera de atender esta emergencia nacional de manera inteligente.