sergio martínez dunstan

La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 6 de enero de 2026 pasó casi inadvertida para el gran público, pero introduce una definición de fondo que interpela directamente una idea largamente instalada en el debate educativo: que cualquiera puede ser maestro. Al validar, por unanimidad de ocho votos, las facultades de la Secretaría de Educación Pública para definir los procesos de admisión, promoción horizontal y asignación de plazas docentes —otorgando prioridad a egresados de las instituciones públicas de formación inicial docente, particularmente escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio—, la Corte no solo resolvió un diferendo jurídico: fijó una posición sustantiva sobre el sentido del mérito profesional docente y sobre la manera en que el Estado mexicano concibe hoy el ingreso al magisterio.

Hay escenas que se repiten tanto en las escuelas que terminan por volverse normales. Ya van llegando las maestras y los maestros, el café está listo, algunos ya están en el salón, alguien abre una libreta, otro revisa el celular con esa mezcla de prisa y resignación. Empieza el Consejo Técnico Escolar. Y antes de que aparezca la primera idea pedagógica, se instalan las preguntas de rutina: ¿qué hay que entregar?, ¿qué evidencia se pide?, ¿cuándo se entrega? Cuando eso ocurre, el CTE corre el riesgo de ser lo contrario de lo que dice que es: una Comunidad de Aprendizaje.

En días recientes, la Cámara de Diputados recibió una minuta proveniente del Senado y la turnó a comisiones, donde fue analizada y dictaminada. La propuesta plantea sancionar como faltas administrativas graves diversas formas de injerencia de personas servidoras públicas en la vida interna de los sindicatos. A primera vista, el propósito parece incuestionable: impedir presiones, condicionamientos o interferencias indebidas en los procesos sindicales. Sin embargo, más allá del consenso legislativo que ha acompañado la iniciativa, conviene detenerse a examinar lo que este movimiento normativo revela —y también lo que deja sin atender— sobre la relación histórica entre Estado, sindicatos y poder público.

La Autoridad Educativa en la Ciudad de México (AEFCM) nuevamente se posicionará en el centro del debate sobre la concreción curricular. Antes de abordar este tema, es pertinente recordar que…

El artículo “La nueva modalidad del CTE” despertó interés del magisterio y la academia. Algunos de ellos se comunicaron con quien esto escribe para solicitarme que profundice más al respecto. El Consejo Técnico Escolar (CTE) ha sido, durante mucho tiempo, percibido como un espacio de trabajo administrativo más que como una plataforma para el desarrollo profesional docente. Sin embargo, en el discurso educativo actual, resuena la idea de transformarlo en auténticas comunidades de aprendizaje. Este llamado, promovido por la Secretaría de Educación Pública, no solo representa un desafío, sino también una oportunidad para reimaginar el papel del CTE en el fortalecimiento del magisterio y la mejora de la práctica docente. ¿Cómo convertir este ideal en una realidad? Este artículo explora algunas rutas posibles.

Recientemente impartí el webinar W167, titulado “Cuarta sesión del CTE: Elegir el tema idóneo para mi comunidad escolar”, por invitación de Red Magisterial, con el propósito de revisar lo relacionado con la Cuarta Sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE). Días después, con el mismo objetivo, conversé con un grupo de maestras y maestros que desempeñan funciones de dirección y supervisión en diferentes entidades federativas, con quienes hemos trabajado juntos desde hace tiempo. Me llamó la atención la diversidad de formas en que se afronta la tarea de preparar y organizar las sesiones del CTE. En ambas ocasiones, hice un esfuerzo por explicar la propuesta oficial y ahondar en los casos particulares. Principalmente, me interesaba comprender las razones por las cuales algunas autoridades educativas locales y escolares ignoran, en mayor o menor medida, las orientaciones de la autoridad educativa federal.

Leí con particular atención el texto “La política de mejora de la formación continua de maestras y maestros de educación básica y media superior” de Susana Justo Garza, quien expresa su preocupación por el futuro de Mejoredu, el organismo encargado de la mejora continua de la educación en México. En el artículo, la titular del Área de Vinculación e Integralidad del Aprendizaje de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) destaca la decisión que el Congreso de la Unión tomará en los próximos días sobre la posible extinción de este organismo descentralizado. La justificación oficial para esta medida señala una supuesta duplicidad de funciones con la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, Justo considera esta explicación imprecisa.

El primer encuentro oficial entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se llevó a cabo con motivo del Día Mundial de las y los Docentes. Durante este evento, se evidenciaron diferencias significativas en los discursos de los líderes de ambas organizaciones.

A principios del mes marzo del año en curso, compartí las propuestas en materia educativa de las dos mujeres aspirantes, en este mismo espacio, a través de una colaboración titulada “Campañas presidenciales 2024. Educación, ciencia, academia y magisterio”.