Presupuesto educativo

Por encima del discurso en torno a la transformación educativa, los mensajes reiterados de que existe voluntad política y los compromisos presidenciales establecidos con el desarrollo educativo nacional, la realidad se sigue imponiendo: impera la innegable situación de rezago educativo, precariedad en la infraestructura física educativa, en el equipamiento y conectividad, prevalecen el analfabetismo, baja escolaridad y escaso logro en el aprendizaje, a la par que los trabajadores de la educación están sobrecargados de trabajo administrativo y de planificación, sin apenas recibir formación continua ni actualización, mientras que los estudiantes y sus familias están a merced de la violencia delincuencial, de la pobreza, la marginación, la migración forzada y muchos otros males más.

En el norte y en el sur de América Latina suenan los tambores de guerra contra las universidades públicas. Dos instituciones son ahora blanco de la artillería gubernamental: la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México. Las más importantes en sus países, dos de las cien mejores universidades del mundo, según la clasificación 2024 de uno de los rankings más conocidos (Quacquarelli Symonds).

Las cifras sobre gasto que se destina en México al sector educativo y a la promoción de actividades científicas y tecnológicas hacen dudar que, en efecto, estas actividades hayan sido, en lo que va del sexenio una auténtica prioridad de política pública. El año que viene no será la excepción ni está en la ruta de modificar la tendencia al estancamiento. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación (PPEF) que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados, el gasto federal en la función educativa ascenderá a 910,692.1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4.8 por ciento, en términos reales, con respecto al presupuesto aprobado el año previo.