Manuel Gil Antón

Para tener rumbo, es preciso saber dónde estamos. Esta administración, luego de un periodo dedicado a las modificaciones legales con el fin de lograr una nueva reforma educativa —pragmática, no programática—, y otro lapso a lidiar con un fenómeno totalmente inesperado como fue la pandemia (a través de una estrategia de escolarización remota de emergencia con resultados pobres, sin duda, y muy desiguales también), intentó, al amainar le contingencia, dar continuidad inmediata a los procesos pedagógicos con el fin de regresar, cuanto antes, a la “normalidad”, sin realizar un balance serio de sus diversas consecuencias, ni llevar a cabo algún programa específico que subsanara, en lo posible, los severos daños ocurridos en el aprendizaje y la socialización que la experiencia escolar implican.

Fue un martes. Para más señas, 26 de abril del 2022. Habrá que recordar esta fecha por el impacto que causó la intervención del Dr. Marx Arriaga —Director de Materiales Educativos de la SEP— en la conferencia matutina del presidente López Obrador.

Si en la primera parte del sexenio la atención se centró en quitar los elementos de empalme entre la evaluación y lo laboral, sin tocar la estructura de la reforma educativa (sic) de Peña Nieto, es decir: la nueva reforma fue pragmática, no programática; y la segunda estuvo signada por la pandemia y la solución centralista de realizar en la educación básica, a lo la

La administración del presidente López Obrador inicia formalmente el 1 de diciembre de 2018, pero a partir del día que estrena a julio de ese año, cuando arrasa en las elecciones, y sobre todo al ser nombrado presidente electo el 8 de agosto, se abrió un amplio lapso para la preparación de las primeras acciones de su gobierno: cinco meses después de la elección no son morralla.

Si en la primera parte del sexenio la atención se centró en quitar los elementos de empalme entre la evaluación y lo laboral, sin tocar la estructura de la reforma educativa (sic) de Peña Nieto, es decir: la nueva reforma fue pragmática, no programática; y la segunda estuvo signada por la pandemia y la solución centralista de realizar en la educación básica, a lo largo y ancho del país, el Aprende en Casa como forma de Escolarización Remota de Emergencia, pactada no con las y los maestros, sino con las televisoras que hicieron, generosas siempre, ofertas con descuento para operar la intromisión de la estructura escolar en los hogares —estrategia que un sector del magisterio rebasó con creatividad extraordinaria, otro la siguió o intentó hacerlo, y un tercer conglomerado simplemente no hizo trabajo alguno, o, en su caso, realizó acciones con el límite impresentable del mínimo esfuerzo (no sabemos la magnitud de estos subconjuntos)— en la tercera ocurre algo, creo, inusitado.

La administración del presidente López Obrador inicia formalmente el 1 de diciembre de 2018, pero a partir del día que estrena a julio de ese año, cuando arrasa en las elecciones, y sobre todo al ser nombrado presidente electo el 8 de agosto, se abrió un amplio lapso para la preparación de las primeras acciones de su gobierno: cinco meses después de la elección no son morralla.

A partir de este sábado, faltarán 19 semanas para las elecciones del 2 de junio, y casi 37 para llegar al término del sexenio actual. Antes del proceso electoral habrá una intensa discusión sobre las prioridades, dilemas y retos que enfrentará la siguiente administración, y se abrirán espacios de diálogo y debate (más allá de la propaganda) sobre lo que es necesario hacer en todas las dimensiones de la vida social del país. Por supuesto, una de ellas es la esfera educativa.

Uno de los cimientos en que se finca la propuesta de reforma educativa que encabeza el Dr. Marx Arriaga, es que el magisterio nacional está indignado con el trato que ha recibido, por parte del Estado, desde hace décadas: ser (simples) operadores de los planes y programas de estudio, estrategias pedagógicas e instrumentos didácticos decididos por la autoridad federal y que traducen quienes mandan en materia educativa en los estados. Son “bajados” a nivel del aula por supervisores y otros directivos que conforman una intrincada red burocrática.

Cada que se dan a conocer los resultados de la evaluación que realiza la OCDE en torno a la educación en varios países, pasa lo mismo: ¿en qué lugar quedó México? Como si fuera la tabla de posiciones de una liga de futbol, una actitud dominante, pero estéril, se complace en reiterar que estamos en los últimos lugares, que es un desastre lo que ocurre en el país en esa materia.