Lev M. Velázquez Barriga
Pasadas las elecciones presidenciales, donde la arrasadora mayoría se opuso al proyecto de la derecha, el periodista Luis Hernández Navarro (Hernández, 2024) relata una metáfora, en la cual, las minorías económicamente poderosas hacen sonar sus joyas para revolotear las especulaciones financieras en los tiempos poselectorales, recordando a la nueva presidenta desde los palcos de honor que, desde ahí y no en las urnas populares, su voto tiene un peso especial y no están dispuestos a poner en riesgo ni una sola de las muchas vetas, por donde corren sus inmensos flujos de ganancia que se han incrementado en el primer sexenio de la cuarta transformación.
El periodista no se equivocó. En el nuevo gabinete federal, Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía da certeza a los intereses norteamericanos que se plasmaron en el acuerdo de libre comercio T-MEC; Rogelio Ramírez de la O en
Hacienda, ratifica el pacto que se hizo en la Convención Nacional Bancaria para respetar las reglas de acumulación de capital y seguir la austeridad republicana con los excedentes del Estado, sin incrementar los famélicos impuestos que pagan los sectores empresariales; García Harfuch en Seguridad, coquetea con los grupos más conservadores afines a la mano dura para controlar los brotes de inestabilidad provocados por la delincuencia o los movimientos insurreccionales.
Los anteriores perfiles tienen en común, experiencia en la materia y resultados eficaces en las funciones de Estado; sin embargo, el nombramiento de Mario Delgado como titular de la Secretaría de
Educación responde a situaciones de operatividad política para la partidocracia hegemónica de turno, no importa la filiación ideológica. Su formación tecnocrática en el ITAM, cuna de la derecha mexicana, ha sido útil a la instrumentación técnica de reformas que mantienen las directrices legislativas del neoliberalismo global.
Promotor del Pacto por México, signado con el propósito de llevar a cabo el conjunto de reformas estructurales para el desmantelamiento de las bases económicas, materiales y culturales de la nación; el entonces senador Mario Delgado, presentó la reforma educativa del 2012, instaurando así, el modelo de privatización escolar de autonomía de gestión, la calidad vinculada a la medición estandarizada de los aprendizajes domésticos al capitalismo y un sistema de desprofesionalización, despedagogización y despojo laboral de los maestros, basado en la evaluación punitiva.
Un sexenio después; ahora, afiliado en la oposición, siendo coordinador de morena en la bancada mayoritaria de la cámara baja, sube a tribuna para anunciar la aprobación de una nueva reforma educativa que echaría atrás la presentada por el mismo como senador en el bloque conservador. En su discurso de presentación, agradeció el involucramiento directo y personal de coordinadores parlamentarios de la derecha. René Juárez Cisneros del PRI, celebró diciendo “ganó México” “se mantuvo el objetivo fundamental de titular el derecho de los niños y niñas a un sistema educativo de excelencia” (Universal, 2019), resaltando que no se perdió la visión gerencial de la escuela.
Especial mención, le mereció el coordinador del PAN, ex presidente de la Comisión de Educación en el senado y uno de los académicos de la élite neoliberal que, había dado sustento teórico a la reforma educativa empresarial del Pacto por México: “Quiero expresar mi reconocimiento a Juan Carlos Romero Hicks (…) tú sabes que también lleva tu huella”. (Delgado, 2019). Tiempo después, Romero Hicks declaró que esa reforma no había abrogado la de Enrique Peña Nieto, sino que, “la perfeccionó” (Excelsior, 2019).
Tenía razón. El régimen de excepción laboral dejó de ser sólo una ley secundaria que podría haberse revertido con una mayoría simple en el poder legislativo y se elevó a rango constitucional, es decir, una norma instrumentalista de precarización del magisterio se introdujo entre los fundamentos históricos, filosóficos y pedagógicos de la educación; se eliminó la evaluación vinculada a la estabilidad en el empleo, pero afianzaron de facto los mecanismos meritocráticos de competitividad individual, en detrimento del magisterio como agente histórico y de organización colectiva.
A pesar de que, en la nueva Constitución se exaltó la noción gerencial de excelencia, en los confines del sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se fue construyendo, con tropiezos y dificultades,
un proyecto educativo con otras directrices que recuperaron, a través de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), algunas orientaciones de las educaciones alternativas: autonomía profesional, la comunidad como sujeto colectivo cognoscente y el aprendizaje situado, dinámico, transdisciplinario y problematizador. Conceptualizaciones que tensaron la genética empresarial de lo estandarizado, medible y rentable.
Sin embargo, Mario delgado no se involucró en el proceso de construcción de la NEM, ni tiene conocimiento del territorio educativo y tampoco cuenta con credenciales académicas en las áreas pedagógicas; pero, se le presenta como un político de resultados electorales y habilidades negociadoras favorables al oficialismo. En el supuesto caso de que estas cualidades fueran trasferibles al ámbito complejo de los actores que componen el sistema educativo nacional, estamos frente a un escenario poco prometedor.
Como presidente de morena, fue clave en la permisividad de prácticas y comportamientos antidemocráticos: imposición de decisiones cupulares; constitución de alianzas que rebasaron los límites éticos del pragmatismo; incorporación de sujetos impresentables, violando principios fundamentales de la izquierda electoral; aprobación de candidaturas que suplantaron identidades indígenas y de la diversidad de género; censura a la autocrítica; y, contención de posiciones progresistas.
Con estos antecedentes, no tiene ciencia anticipar lo que el mismo Mario Delgado dejó ver en reunión con el charrismo magisterial, desde el primer día de su designación como titular de la SEP. Estará ahí para consolidar un sindicalismo neocorporativo que legitime la continuidad de la vertiente neoliberal de la reforma educativa, a cambio de prebendas a las cúpulas del SNTE. Con las resistencias magisteriales que aglutina la CNTE, se ven pocas posibilidades de continuidad de diálogo, porque se trata de ponerlos frente a quien fue el artífice de la reforma administrativa y laboral que: encarceló, persiguió, criminalizó, humilló y cesó de su trabajo, a miles de maestros mexicanos.
Más que una designación equívoca, parece una decisión premeditada. Mario Delgado es el tipo de político dispuesto a matizar y revertir los compromisos que se hicieron con la CNTE al calor de la movilización; después de todo, no será la primera vez que mienta sin escrúpulos para avanzar en la profundización del neoliberalismo educativo, intentando contener con engaños los descontentos magisteriales. Para ejemplo de lo anterior, recordamos dos momentos.
En 2019 un grupo de profesores de diferentes entidades, entre ellos cesados, lo cuestionaron sobre la propuesta de dictamen legislativo: “nosotros derrotamos a la reforma y el congreso está decidiendo por sí mismo” “la reforma queda igual” “se queda el marco laboral en el Artículo 3°”. Mario Delgado, respondió sin reparo “no es cierto, alguien los está engañando” “se va a aclarar que los profesores están en el apartado B del 123|°” “el Artículo 3° para la promoción, nada más” “la reforma que se está trabajando, abroga completa la anterior” (Video, 2019). El otro momento, ya no fue una plática privada, sino de cara a la nación y desde la tribuna legislativa “No hay un régimen de excepción para las y los maestros, lo que hay, es una reforma excepcional” (Delgado, 2019).
En efecto, alguien estaba engañando a los maestros del país. Se vació, casi por completo, el régimen de excepción al articulado constitucional, donde históricamente se había definido la educación nacional y ésta como un derecho social. Quedó establecido, fuera del Articulo 123°, un nuevo sistema de profesionalización, para regular de forma unilateral y sin la mediación de la representación de los maestros, no sólo la promoción, también el ingreso y el reconocimiento. Con esta medida, todos los trabajadores del país protegidos por las leyes laborales tienen derecho a negociar sus condiciones de trabajo, a excepción de los profesores.
Sin intencionalidad propositiva desde el gobierno de la república, para revertir los daños causados por el neoliberalismo, el Plan C, de mayoría calificada en las cámaras legislativas, no tendrá los alcances deseables para hacer efectivo el derecho humano a la educación ni para hacer justicia laboral a los maestros. Los límites del progresismo para abrogar el conjunto de medidas estructurales, son sus propios actores políticos.
Los otros poderes, tampoco prometen mucho al magisterio. Apenas la CNTE daba a conocer que el presidente de la república presentaría una iniciativa para modificar las disposiciones de la Ley del ISSSTE de 2007 con respecto a la jubilación; cuando, un día después de anunciado el compromiso, sonó el mallete de los jueces de la SCJN anticipándose a decir que no hay afectaciones al “restringir a los trabajadores la posibilidad de modificar el régimen de pensión que, en su momento, hayan elegido o se les haya impuesto por no haber manifestado su elección en el plazo previsto” (SCJN, 2024).
En este contexto, en el que los grandes capitales suenan las alhajas para hacer valer su poder económico, donde la SEP es otra vez el botín político de la partidocracia y los ministros de la Corte azotan el mazo del supremo poder conservador para impedir cualquier maniobra legislativa progresista cabe preguntarnos, ¿qué harán los maestros para recuperar las conquistas sociales, ante los límites del progresismo y la presencia regresiva de poderes de la derecha, en el segundo piso de la cuarta trasformación?