En 2022, una propuesta razonable parecía amenazar el autogobierno de esta universidad ante la oposición de su comunidad. ¿Qué podemos aprender?
El 27 de junio de 2022 la diputada a Irayde del Carmen Avilez Kantún, de la fracción parlamentaria de Morena en el congreso de Campeche, ingresó una iniciativa de reforma a varios ordenamientos locales, entre ellos la Ley Orgánica de la Universidad del Carmen. La modificación propuesta a la norma universitaria era la siguiente: reformar la primera fracción del artículo 31 que establece, como requisito para ser elegible para el cargo de rector, contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento; en lugar de este requisito se proponía el de ser mexicana o mexicano, es decir se abría la opción de nacionalidad adquirida por cualquier otro procedimiento, aparte del nacimiento en territorio nacional.
El argumento que sostenía la legisladora era que, según jurisprudencia de la SCJN, “los Congresos locales carecen de competencia para establecer como requisito para acceder a cargos públicos, el contar con nacionalidad mexicana por nacimiento, debido a que, es una facultad exclusiva del legislador federal”.
No obstante que el cambio propuesto era una modificación menor, y en cierto sentido razonable, pronto saltó a la vista que transgredía la facultad de autogobierno reconocida y garantizada por la Constitución federal para las universidades autónomas por ley y contrariaba las disposiciones en materia de autonomía universitaria incorporadas a la Ley General de Educación Superior (LGES) aprobada en 2021.
Porque, en efecto, la LGES contiene mandatos específicos para evitar que los poderes locales, intervengan las leyes orgánicas de las universidades autónomas sin la consulta previa y la autorización de las instituciones afectadas. En particular, el artículo segundo de la misma dispone que “ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.”
Como el artículo 133 de la Constitución federal establece que las leyes del Congreso de la Unión emanadas de la misma, como es el caso de la LGES al tratarse de una ley general, serán parte de la Ley Suprema de toda la Unión -junto con la propia constitución y los tratados internacionales aprobados por el Senado. Por tanto, agrega el artículo, “los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de la entidades federativas”. Lo que implica que la norma general para educación superior no puede ser contrariada por actos legislativos que no se apeguen al procedimiento establecido en ella.
Casi de inmediato, el entonces rector de la UnaCar, José Antonio Ruz Hernández, el cuerpo directivo de la universidad y varios grupos académicos de la institución, se manifestaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron como un ataque contra la autonomía universitaria. La prensa local hizo eco de estas expresiones y pronto el tema trascendió del ámbito estatal.
El primero de julio, el Consejo Nacional de la Anuies difundió un comunicado en el que, tras manifestar su preocupación por la iniciativa de reforma, “hace un exhorto al poder legislativo del Estado de Campeche para que desestime dicho proyecto, pues atenta contra la autonomía de la UnaCar”.
El 26 de julio, el diputado federal Pedro Armentía López (PRI), presentó a la legislatura una propuesta de punto de acuerdo sobre el tema. En su comunicación, el legislador concluye: “esta iniciativa pretende inmiscuirse en la designación de personal en la Universidad Autónoma del Carmen y a todas luces, significaría un desacato a la autonomía universitaria”, y propone que el Congreso de la Unión exhorte al Congreso del Estado de Campeche a ser garantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como ley suprema, y a respetar el principio de autonomía universitaria de la Universidad Autónoma del Carmen”.
Posteriormente, el 23 de agosto, previo dictamen de las Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales, y de Justicia, el pleno autorizó la formulación de un punto de acuerdo en el que, luego de citar la normatividad vigente en materia de autonomía universitaria, se establece: “La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Campeche a vigilar el adecuado proceso legislativo relativo al principio de autonomía universitaria de la Universidad Autónoma del Carmen”.
Los pronunciamientos de la agrupación de rectores, así como el exhorto del Congreso de la Unión fueron, al parecer, suficientes para detener la iniciativa o al menos congelarla. Lo importante del caso es el precedente que ha sentado para evitar que las leyes orgánicas se modifiquen sin el aval de las universidades autónomas.
No sobra mencionar, sin embargo, que en la UnaCar han ocurrido, en los últimos meses, varios conflictos relevantes. En noviembre del año pasado estudiantes y profesores suspendieron la actividad de la Universidad y exigieron la renuncia del rector Ruz Hernández, entre otros motivos por la falta de pago a pensionados y jubilados así como por el mal estado de las instalaciones. A ello se sumaron señalamientos contra el titular de la institución por uso indebido de los recursos de la institución. La presión fue tal que, a finales de noviembre, el rector presentó su renuncia y fue reemplazado por Sandra Martha Laffón Leal, previamente secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático de Campeche.
El inicio del nuevo mandato se ha visto dificultado por la falta de recursos financieros, a grado tal que la rectora ha acudido a la Subsecretaría de Educación Superior en busca de auxilio para solventar sus pasivos y asegurar el pago de nómina. Las condiciones para el apoyo federal extraordinario están aún en proceso de negociación.
Publicado originalmente en: https://suplementocampus.com/reforma-de-leyes-organicas-y-autonomia-el-caso-de-la-unacar/