En el campo de la educación internacional, dos noticias han generado interés en los últimos días. La primera refiere a una ley aprobada en Florida, la cual, con expresa voluntad de los padres, permite el castigo corporal en las escuelas. La segunda llegó de El Salvador, donde se ha impulsado una política a partir de la cual los centros educativos tienen la expresa tarea de mantener la disciplina y la “presentación personal” (uniforme, cabello, saludo, etcétera).
Resulta interesante cómo en ciertos sectores sociales y del profesorado en nuestro país, tales medidas han resultado bien recibidas, o cuando menos, no han sido abiertamente criticadas. Esta respuesta parece lógica si consideramos algunos componentes que están reconfigurando la percepción social de la función escolar en clave reaccionaria:
Existe en el sentido común un menor interés en la escuela, particularmente porque el estudio no representa una garantía de mejores ingresos o “posición” en la sociedad. Parece entonces no tener mucho sentido abrir en los centros educativos espacio a la creatividad, al análisis crítico de las formas sociales, políticas y jurídicas dominantes o a la imaginación respecto a otras formas de vivir.
Lo que “importa” en la escuela es esencialmente la socialización en el orden y el desarrollo de las habilidades requeridas por los mercados de trabajo; es decir, la adaptación a una forma de vida que quizás, en algún momento, premie el buen comportamiento.
Es posible también encontrar en la sociedad una percepción nostálgica de un pasado –en gran medida inexistente– en el cual las generaciones previas se conducían con respeto, disciplina y trabajo duro, en deprimente contraste con los tiempos actuales. Una lectura que proyecta hacia la juventud actual lo que es, en concreto, un producto del espíritu de la sociedad capitalista de nuestra época, marcada por un profundo nihilismo.
Aunado a lo anterior, el profesorado se siente constantemente indefenso ante una situación en la cual se encuentra en permanente tensión derivada de posibles denuncias, acoso o incluso agresiones directas por parte de los propios estudiantes o las familias. Una percepción en gran medida real, agudizada por las condiciones de seguridad en el país.
Al considerar estos elementos, dichas políticas de control, de inspiración punitiva (ya que buscan generar una consecuencia negativa a prácticas percibidas como incorrectas) parecen ser una solución al mal comportamiento, así como una puerta de entrada hacia espacios escolares que “funcionen mejor”. No obstante, el canto de sirenas reaccionario constituye una trampa que conduce hacia un orden educativo más injusto, inerte y cuyo fin es, abiertamente, la destrucción del pensamiento crítico en las y los estudiantes.
La ley en Florida se aprueba bajo el gobierno de Ron DeSantis, un político republicano que ha emprendido una guerra cultural contra perspectivas educativas críticas, particularmente contra lo que se denomina como “teoría crítica de la raza”, un abordaje que busca mostrar la importancia en la historia estadunidense de las formas de dominio blanco y sus diversas implicaciones. La reciente normativa es parte de un proceso de restructuración de la educación en Estados Unidos a la luz del trumpismo.
Por su parte, el presidente Bukele, señalado por violación de derechos humanos en la puesta en práctica de su política de seguridad, ha nombrado como ministra de Educación a una integrante de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, quien ha afirmado que cualquier “omisión” de las disposiciones oficiales por parte del personal directivo “será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a sanciones correspondientes”, ello como parte de su “combate a las pandillas”.
Ambas iniciativas coinciden en puntos importantes:
a) no son impulsadas con un enfoque que busque mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino son parte de una apuesta estratégica por profundizar prácticas de control escolar y punitivismo, ya que intervienen en la comunidad educativa en general;
b) ambas iniciativas consideran los cuerpos de las y los estudiantes como un objeto de intervención. Buscan construir “disciplina” no a partir de un consenso o la construcción colectiva de principios éticos para vivir armónicamente en comunidad, sino a través del señalamiento, el acoso e incluso el castigo corporal;
c) ambos proyectos educativos no procuran mejorar las condiciones de convivencia escolar, sino impulsar una educación punitiva, antintelectual y donde existe un veto de facto del pensamiento crítico, cuyas conclusiones lógicas son señaladas como “ideología y;
d) las políticas planteadas hacen responsables a las escuelas de lo que sucede en la sociedad. Buscan construir en ellas un filtro disciplinario que significa mayor carga laboral para el personal docente, un estrés constante en los estudiantes y un drenado de recursos materiales y simbólicos que terminan siendo necesarios para mejorar las condiciones sociales y pedagógicas de la escolarización.
En síntesis, bajo una máscara de “buenos valores”, estos lineamientos contienen desde las escuelas el malestar generado por la destrucción de un tejido social precarizado y golpeado por las políticas de austeridad. Ese es, en esencia, el discurso pedagógico de la extrema derecha en Europa (https://acortar.link/4gebaY) y América Latina (https://acortar.link/aqZUWe).
Paradójicamente, aunque podría parecer que el punitivismo escolar refuerza la educación y los valores en la sociedad, la centralidad del espacio escolar en tiempos de intensidad reaccionaria global, permite ver que dichas políticas forman parte de una amplia estrategia que busca desmantelar los espacios educativos existentes y construir ahí un nuevo orden regresivo. México requiere políticas propias, construidas desde el territorio escolar.
Evitemos caer en la trampa.