La nueva medición del Inegi indica que la pobreza en México pasó de 41.9 a 29.6 por ciento. Las remesas internacionales presentan una tendencia a la baja. En Jalisco, el desempleo continúa creciendo.
Aunque hay cifras positivas, el análisis riguroso exige ir más allá para asegurar el bienestar duradero.
Si bien, entre 2018 y 2024, el porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza pasó de 41.9 por ciento a 29.6 por ciento, de acuerdo con la nueva medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) –que asumió esa responsabilidad tras la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)–, académicos de la Escuela de Negocios ITESO (ENI) consideran necesario ampliar la perspectiva ante esta noticia.
El dato equivale a 13.4 millones de personas menos en cuanto a pobreza y confirma una mejora significativa. Sin embargo dentro del número 15 del Boletín de análisis económico de la ENI se llama a la cautela, pues las cifras esconden rezagos profundos y no reflejan un cambio estructural en el modelo de desarrollo.
“La pobreza sí disminuyó y eso es innegable”, reconoce Mireya Pasillas, académica de la ENI y responsable editorial del documento. “Pero no podemos perder de vista que la reducción está muy vinculada a factores coyunturales como los incrementos al salario mínimo para trabajadores formales y las transferencias monetarias, más que a transformaciones de fondo que garanticen un bienestar sostenido”, declara la académica, quien considera que un modelo de programas sociales como el actual es insostenible a largo plazo si no se hacen reformas estructurales.
Pasillas subraya que la medición de pobreza multidimensional integra no sólo el ingreso, sino también seis carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. “Es un enfoque pionero que México adoptó en 2008 y que, bien utilizado, permite ver con mayor claridad los rezagos”, apunta.
Los datos más recientes muestran que, aunque hay menos personas bajo la línea de pobreza, aumentaron algunas carencias. La falta de acceso a servicios de salud pasó de afectar al 16.2 por ciento de la población en 2018 (20.1 millones de personas) a 34.2 por ciento en 2024 (44.5 millones). En seguridad social, aunque la carencia bajó de 66.2 a 62.7 millones, todavía afecta a casi la mitad del país (48.2 por ciento).
“En el caso de la salud, el indicador mide afiliación, no acceso efectivo a ella. Una persona puede estar registrada en una institución, pero no tener atención oportuna ni medicamentos”, explicó la académica. “En seguridad social sucede algo similar: se considera como cobertura la pensión para adultos mayores, aunque este programa no es seguridad social en sentido estricto”.
De acuerdo con el boletín, tres factores explican gran parte de la disminución de la pobreza: los incrementos reales al salario mínimo (que por ley benefician a trabajadores formales), la prohibición de la subcontratación (outsourcing) y el aumento en transferencias de programas sociales.
David Foust Rodríguez, académico de la ENI, considera que la estrategia actual contra la pobreza está más enfocada en inyecciones de recursos que en fortalecer capacidades productivas y derechos laborales. Para él, un cambio estructural requeriría reformas profundas en seguridad social, en temas fiscales y una auténtica política industrial que diversifique la economía y genere empleos de calidad.
“No hay, en el fondo, un cambio estructural, incluso de modelo (…). El gobierno anterior y este han criticado mucho el modelo neoliberal, pero estructuralmente estamos creciendo poco y seguimos con un modelo básicamente orientado hacia la exportación, pero además a una exportación centrada en la mano de obra barata. Es un estilo de combatir la pobreza que no está fincado en generar mayor capacidad en las personas y en los colectivos. Los cambios en lo laboral vienen desde arriba, pero la libertad de asociación y de negociación colectiva sigue pausada”, destaca.
El académico considera que si las reformas necesarias no se implementan es por falta de voluntad, ya que esta administración tiene todas las cartas a su favor para hacerlas –el Poder Ejecutivo, la mayoría de ambas cámaras, la mayoría en los congresos locales y el control del Poder Judicial–. Esta situación representa una oportunidad única para reformas de calado pues difícilmente habrá condiciones similares en el futuro.
Pasillas añade que cualquier estrategia debe incluir mecanismos de evaluación y mejora continua de los programas sociales, como los que antes realizaba el Coneval.
“La evaluación permitía detectar áreas de mejora y ajustar el diseño y ejecución de los programas. Hoy esa función está debilitada y eso puede comprometer la efectividad de la política social”, menciona.
Empleo: récord por filiación en plataformas digitales
En julio de 2025, México registró un aumento histórico de 1.27 millones de afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo el salto no se debió a una recuperación productiva, sino a la entrada en vigor de la reforma que obliga a las plataformas digitales a inscribir a sus trabajadores, aplicada como piloto en la Ciudad de México y en el Estado de México.
“Es un cambio importante porque amplía la cobertura de salud, pensiones e incapacidades, pero no significa que se hayan creado todos esos empleos de la nada: en muchos casos es un cambio de estatus de informal a formal”, aclara Pasillas. El resto del país, en conjunto, perdió 36 mil 223 empleos formales en el mismo mes, lo que refleja la debilidad económica fuera de ese cambio normativo.
En Jalisco, el panorama es preocupante: el empleo formal acumula cuatro meses de caídas y el saldo anual es 52.8 por ciento menor al registrado en 2024.
Remesas a la baja
Otro dato relevante del boletín es la fuerte caída de las remesas: en junio de 2025 ingresaron 5 mil 201 millones de dólares, 16.2 por ciento menos que un año antes, la mayor baja desde 2012. En Jalisco, el segundo trimestre cerró con mil 260.5 millones de dólares (-12.5 por ciento anual).
Las causas incluyen un menor dinamismo en sectores de empleo para migrantes en Estados Unidos, como la construcción y los servicios, así como un ambiente de mayor fiscalización migratoria. “La disminución de remesas afecta de forma directa a las economías locales de estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán, donde estos ingresos representan un amortiguador clave”, señala.
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